“Al igual que lo hizo el gobierno de Eduardo Duhalde, la vicepresidenta Cristina Fernández y La Cámpora han montado una ofensiva aduciendo que las organizaciones se quedan con plata de la gente. Se refieren a los aportes voluntarios que cada familia da al interior de la organización para sostener lo que el Estado no sostiene, como son los fletes, alquileres de locales, mantenimiento de las cooperativas, verduras para los comedores, ropa de trabajo y herramientas, entre otros elementos. ¿Cómo pretende Cristina que lleguen los alimentos a los barrios si no es con el pago de un flete? ¿Si el Estado solo manda polenta y salsa de tomate, como se piensa que debe garantizarse el servicio de los comedores populares? El mismo Estado que deja a la deriva a las personas, les cuestiona que se organicen para resolver sus problemas. A su vez, existe en este planteo una connotación clasista, ya que dicha objeción no corre la misma suerte para con los militantes de La Cámpora que aportan un porcentaje de su salario por trabajar en el Estado o no pone en cuestión el diezmo de las iglesias. Cualquier organización de la sociedad civil que pretenda tener autonomía en sus decisiones debe tener autonomía financiera. Negar eso es ir contra la historia organizativa de la clase obrera”.
Nicolás Salas
“Ocho mitos sobre los movimientos sociales”, en portal ANRed
Como va quedando de manifiesto, un gobierno que solo atina a producir cambios cosméticos en el marco de un acuerdo intocable con los acreedores externos, en su indisposición de tocar el bolsillo de los poderosos para paliar una hambruna – que en términos globales recién comienza -, no consigue recomponer su frente interno, empieza a dar por perdida la elección de 2023, y en ese desmoronamiento apela al recurso terminal de una represión cada vez más desembozada contra el derecho del pobrerío a organizarse y comer. Desde el amplio y variopinto arco popular, una central obrera burocratizada, que apoyó al Presidente hasta que la Vice pateó el tablero, se aviene a movilizar contra los formadores de precios pero no a arriesgar su representatividad compartiendo el espacio público con el poderoso y vapuleado movimiento piquetero. Y ese último espacio – insoslayable actor social de enorme gravitación en la vida pública del país -, en el marco de la significativa fragmentación y dispersión que padece el campo popular desde el fin de los grandes liderazgos carismáticos y la derrota del proyecto revolucionario, aún no logra golpear con todos sus martillos en el mismo clavo (atinada expresión recogida en la última asamblea de la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda)
Indicadores difíciles de ocultar ante la economía hogareña
La decidida alineación de El Palacio con el FMI no impide suponer que el sector financiero ejercerá más presión devaluatoria, o que seremos testigos de nuevas corridas contra los bonos en pesos, y de la continuidad de las importaciones sobrevaluadas y los giros de divisas al exterior.
No está claro hasta cuándo llegará la frágil tregua del kirchnerismo en estas horas.
La Calle no da carta blanca al ajuste, tal como se está viendo a partir de la coordinación entre amplios sectores gremiales y de organizaciones políticas combativas contra el Fondo, con la movilización de movimientos sociales contra la persecución a las organizaciones (oficialistas y opositoras) y con las repercusiones entre trabajadores estatales ante el ajuste.
En la combinación de estos tres factores durante los próximos meses se definirá si el FMI logra imponer sus planes de ajuste o si las resistencias populares logran ponerle algún coto.
En tal contexto, la consultora EcoGo adelantó una estimación de su relevamiento de precios semanal, aunque aclararó que debe ser tomada con cautela y con riesgo al alza. De acuerdo a su proyección, la inflación para el mes de julio sería del 6,2%, lo que implica la confirmación de la aceleración de precios que se produjo en la última semana de junio. Se destacan aumentos en categorías como electrodomésticos, productos de tocador y descartables, y tecnología.
En cuanto a los alimentos, la inflación de la primera semana del mes fue del 2% y alcanzaría, con una proyección del 2% para la siguiente y del 1,2% para las restantes, una suba del 5,8% en el mes. El aumento fue generalizado y el 34,8% de los productos relevados mostró variaciones (la semana previa había sido del 9,7%).
No obstante, se trata de una estimación parcial, en un contexto volátil, pudiendo no ser el número definitivo. Por eso, desde la consultora hicieron varias aclaraciones. Explicaron que existen mercados que aún no tienen precios y que las estrategias fueron dispares entre las pequeñas y grandes empresas. Mientras que las primeras aplicaron fuertes aumentos (en torno al 20%) sobre productos particulares, las segundas tendieron a mostrar menores subas aunque sobre una mayor variedad de productos.
Por otra parte, algunas empresas optaron por estrategias temporales alternativas a la suba de precios, como la reducción del financiamiento en cuotas; y las categorías que mostraron las mayores subas tienen poco peso dentro de la canasta. Además, a diferencia de los meses previos, en julio hay pocos aumentos en precios regulados. Si bien la suba de las tarifas de agua es del 20%, tiene poco peso sobre el indicador general.
Para completar este panorama, cabe agregar que, según datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, el 22,3% de la población vive en hogares que reciben transferencias del Estado dirigidas a sectores de bajos ingresos. Pero, si bien los programas sociales vigentes constituyen un instrumento fundamental para complementar ingresos en los sectores más postergados, lejos están de asegurar que una familia no pase hambre y, menos aún, que supere la situación de pobreza.
El hoy tironeado Potenciar Trabajo – que alcanza a poco más de 1.300.000 personas y es la tercera prestación social con mayor cantidad de beneficiarios, luego de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar – será en julio (correspondiente a los haberes de junio) de $22.770, gracias al aumento del 17%. En junio el ingreso fue de $19.470. Por su parte, la AUH asciende a $ 7.332 y la Tarjeta Alimentar a $9.000 para una familia con un hijo, $13.500 para las de dos, y $18.000 a partir de tres hijos. En tanto, la Canasta Básica Total, que establece el límite de la pobreza, ascendía en mayo (último dato disponible) a $99.677 para una familia tipo y la Canasta Básica Alimentaria, que marca el umbral de la indigencia, era de $44.499.
Los hogares que perciben estos subsidios en promedio sólo representan el 17,6% del ingreso total familiar, mientras que los ingresos laborales explican el 69,6% del ingreso total.
Para llegar a fin de mes, un 11,6% de la población total también apela a mercaderías, ropa o alimentos provistos por instituciones (Gobierno, Iglesias, etc.), y 1 de cada 3 personas (34,1%) debió utilizar sus ahorros familiares afectando su patrimonio.
A su vez, los hogares también recurren a endeudarse, trasladando sus erogaciones a futuro: un 18,1% pidió préstamos a familiares o amigos y cerca del 13% utilizó créditos de bancos o financieras, mientras que las compras en cuotas con tarjeta fueron utilizadas por más de la mitad de la población (52,6%), según el citado informe.
Otro de los tópicos del debate que suscitaron los dichos de la Vicepresidenta tiene que ver con la creación de empleo formal. Sobre ese punto, el informe también abunda.
Actualmente, si bien la desocupación cayó al 7% de la población económicamente activa, si sumamos la subutilización de la fuerza laboral (desempleo más subempleo) ésta asciende al 19,1%. Si se agregara a quienes, si bien no buscan activamente otra ocupación, desean trabajar más (ocupadas/os disponibles no demandantes) la disponibilidad de la fuerza de trabajo alcanzaría al 30,4%.
Sobre el empleo, resalta los crecientes niveles de informalidad y autoempleo de subsistencia: casi una cuarta parte de las/os trabajadores son cuentapropistas, de los cuales casi el 77% corresponde a ocupaciones de baja calificación (versus el 69% del promedio), ya sea operativa o no calificada. Por su parte, dentro del 73% de la población asalariada, un tercio son informales, indicador que asciende al 61,8% para la población juvenil. Así, casi 4 de cada 10 trabajadores obtiene ingresos mensuales inferiores al Salario Mínimo, actualmente en $38.940. En los cuentapropistas, es porcentaje asciende al 41,9%, y al 48,2% en la población asalariada informal.
Ante estos niveles de pobreza, además de apuntalar la política salarial resultaría imprescindible generar una política de ingresos que superara el esquema fragmentado y focalizado de la política social vigente, capaz de fijar un umbral de dignidad para el conjunto de la sociedad y garantizar un piso salarial efectivo que favorezca la capacidad de discusión del conjunto de trabajadores/as.
Resumiendo, una coalición que alcanzó para ganar una elección pero no da pie con bola a la hora de gobernar el país, en sintonía con la mayor parte del arco político local, continúa alimentando el sentido común hegemónico que sostiene la idea de que el campo es nuestra principal fuente de divisas, sin cuyos aportes carecemos de destino como país. Sin embargo, en sus mejores momentos su aporte al PBI nunca ha superado el 30 %, mientras que normalmente sus índices de recaudación oscilan entre el 18 y el 28%. El resto lo produce nuestro mercado interno por medio del consumo y el IVA, y sin sustitución de importaciones.
Nunca está de más recordar a las nuevas generaciones que el rediseño a sangre y fuego de la Argentina se edificó durante la gestión del Ministro de facto José Alfredo Martínez de Hoz, gran parte de cuyas leyes permanece aún vigente rondando el número de 400, aunque en lo que va de esta democracia de la derrota hubiera alcanzado con modificar las 4 o 5 principales.
En consecuencia, una Nación que ensayó ser soberana desde mediados de los años 40 a mediados de los 50, ha quedado a merced de la ley de la oferta y la demanda, exclusivamente sujeta a ventajas comparativas, pero privada de ventajas competitivas.
Eso nos recuerda que el único debate que promueve el poder y tolera la partidocracia venal y rentista que nos gobierna se limita a la matriz financiera del país, lo cual no representa al total de nuestra economía.
Cuando el asistencialismo no alcanza para frenar el descontento social
En las últimas horas ha comenzado a producirse un realineamiento en las organizaciones sociales oficialistas, no exento de contradicciones, mientras que el espacio opositor ha puesto las cartas sobre la mesa.
En efecto, la Unidad Piquetera no duda en denunciar desde hace meses la ofensiva oficialista contra las organizaciones, y promete resistir en las calles.
Más allá de las diferencias estratégicas y coyunturales, no sería descartable la posibilidad de una unidad de acción ante la arremetida estatal. El ataque a referentes oficialistas y opositores está logrando lo que rara vez ocurrió en la historia de las organizaciones sociales: unir al sector díscolo con el que continúa intentando abrirse paso desde el Estado.
Parte de las diferencias señaladas se ven reflejadas en aquellos reagrupamientos como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) que acompañan, de una u otra forma, al gobierno, y las que, como la Unidad Piquetera, se mantienen en la calle movilizándose de manera constante. En las últimas horas se ha vuelto más frecuente el diálogo y las llamadas telefónicas entre referentes de distintos espacios en procura de una coordinación que permita hacer frente a la avanzada de intendentes y gobernadores.
Tal entendimiento no es menor. Desde la época de Eduardo Duhalde el Estado no montaba una ofensiva de tal magnitud contra las organizaciones. Más allá del alcance de la unidad que se construya, una parte importante del conflicto dependerá de hasta dónde quieran avanzar Cristina, los gobernadores y el PRO para saber el carácter que asumirá un conflicto que se cierne sobre una situación extremadamente delicada, donde la mitad de la población es pobre y los salarios son pulverizados mes a mes por la inflación.
De este modo, mientras en la capital – puerto del país se puja por llegar a fin de mes, en la Argentina Profunda se profundiza el saqueo de nuestros bienes comunes, asordinado por los grandes medios de consumo masivo (eso: que sin blindaje mediático no es tan sencillo desmantelar la Nación)
Solo por tomar uno de tantos ejemplos, digamos que culminando el mes de Junio, Rubén Lassaga, cura de la Opción por los Pobres del Departamento Pellegrini en Santiago del Estero, fue amenazado de muerte mediante un mensaje de whatsapp enviado a la secretaría parroquial: “Le queremos hacer llegar un mensaje al señor cura: los caminos del monte de Pellegrini son largos y solitarios, y él siempre anda solo. Los caminos tienen sus trampas, y que por favor, no se siga metiendo en lo que no le corresponde, y que la próxima no va a haber un mensaje de advertencia”. El mensaje fue enviado desde un teléfono con característica de Tucumán.
Esta semana el gobierno de Gerardo Zamora ha deportado a un dirigente del Partido Obrero a la Provincia de Tucumán, en una maniobra que – salvando los contextos – recuerda al recurso del genocida Bussi cuando desde el “Jardín de la República”, durante el gobierno de facto arrojó a la frontera de Salta a “los impresentables”, para demostrar paz y orden ante la Comisión Interamericana de DDHH de la OEA (episodio de la historia reciente recogido en el filme nacional de 1991 “La Redada”, dirigido por Rolando Pardo)
Lamentablemente, muchxs argentinxs continúan leyendo el país a partir del espejismo que ofrecen los medios masivos, mientras nubes negras se ciernen sobre el cielo de la Nación.
Hablaría de la buena salud de nuestra sociedad que, cuando se agote el pan y el circo y solo impere el garrote, nadie vuelva a argumentar que no la vio venir.-
