El servicio de parquímetros porteños quedó desierto este lunes a partir de que el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 8, Osvaldo Otheguy, anulara las prórrogas al contrato que el Gobierno de la Ciudad tiene con las empresas SEC y STO. Además, exigió que en 60 días se concrete una nueva licitación pública para concesionar los parquímetros, aunque no anunció penalidades para el caso en que esto no se cumpla.
La decisión judicial implica que por el momento, hasta tanto el recurso sea apelado, las grúas de estas empresas no podrán acarrear a los autos en infracción y los automovilistas que debieron pagarle a SEC y STO desde 2001 podrán exigir lo abonado. Tampoco funcionarán los parquímetros.
Sin embargo, en el programa "Hoy por hoy", que se emite por Radio Mitre, el subsecretario de Seguridad Urbana, Enrique Carelli, anunció: "Vamos a apelar a la Cámara". Además, explicó que "el fallo no va a quedar vigente hasta tanto se produzca la resolución de la Cámara. Por lo tanto, en este sentido, los servicios siguen funcionando, no se puede estacionar donde no se puede, y si alguien es acarreado deberá pagar la multa y el acarreo".
El funcionario sostuvo que aún no fue notificado de la resolución judicial y que ésta lo "sorprende desde el punto de vista jurídico. Porque la considero insostenible, (…) me parece que va contra toda lógica", manifestó.
El autor de la presentación judicial, el ex ombusdman Antonio Cartañá, dijo: "En realidad estas dos empresas están cobrando sin causa legal. O sea, están cometiendo exacciones ilegales respecto de los ciudadanos, y se están llevando los autos y cobrando estacionamiento sin que ninguna norma legal los ampare. Es un hecho escandaloso, realmente la sospecha de connivencia y corrupción entre funcionarios y los dueños de las empresas es aquí evidente. Pero eso es objeto de otra investigación, que seguramente tendrá que hacer la justicia penal".
El 1º de marzo de 2001, el contrato se terminó. Entonces el Gobierno porteño le pidió a la Procuración General que emitiera dictamen sobre la posibilidad de extenderlo por medio de una Resolución, pero ésta, por medio del dictamen Nº 5.026, del 17 de diciembre de 2001, sostuvo que, con relación a la continuidad de hecho de la concesión, "ese proceder altera la trasparencia que debe tener la Ciudad con sus proveedores y contraría la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado".
Cuando recién comenzaban sus contratos, en los primeros meses de 1991, las empresas ganaban alrededor de 19 mil pesos por día. Todo como producto del accionar de las grúas, que cada día se llevaban 80 autos y de los 200 cepos con que aprisionaban a los incautos en el mismo lapso.
En 1996, Fernando de la Rúa asumió la Jefatura de Gobierno y se encontró con el contrato entre la Ciudad y las empresas en plena vigencia, amenazó con rescindirlo, pero SEC y STO pidieron 200 mil pesos de indemnización y entonces nadie volvió a hablar del tema. En aquel entonces, había 5.750 parquímetros instalados en el radio delimitado por las avenidas Belgrano, Huergo, Madero, Libertador, Pueyrredón y Jujuy.
Posteriormente, De la Rúa fue electo presidente y -tras el breve "intermezzo" de Enrique Olivera, que completó su mandato- llegó Aníbal Ibarra para presidir la Ciudad. Lo primero que hizo fue desactivar los cepos y prometer que no iba a haber más parquímetros.
Pero, poco tiempo después, daba marcha atrás. El propio Abel Fatala, que ocupaba la Secretaría de Obras y Servicios Públicos desde la gestión Olivera, anunciaba el 16 de septiembre de 2000 que en octubre de ese año se llamaría a licitación para reemplazar a SEC y STO. Al mismo tiempo, Fatala anunciaba: "en octubre empezará una campaña para que los automovilistas vayan tomando conciencia de que no se podrá estacionar en toda la zona céntrica".
Finalmente, el Gobierno tomaba la decisión, según lo reflejaba el matutino porteño Página 12 el 19 de octubre, de no renovar las licencias de explotación del servicio en poder de las empresas, pero sin anunciar, aún entonces, la licitación prometida. De todos modos, nuevamente habría una marcha atrás. No hubo licitación y las empresas simplemente siguieron trabajando normalmente, sin que nadie se sintiera aludido por cuestionamientos ni por denuncias.
Un tiempo antes, en abril de 1999, un incidente daba cuenta -literalmente- de la temperatura que tomaba el descontento de los porteños para con el sistema. Una grúa de STO se llevó un Ford Sierra, a pesar de que un cartel avisaba que se había quedado sin nafta. Cuando Hernán Irigoyen volvió con el bidón se enteró de lo que había pasado y partió en busca de su auto.
"Dame el auto o te quemo", le dijo al empleado de STO que lo atendió. El policía no tuvo tiempo de nada. Irigoyen, poseído por la furia, roció de nafta la casilla y le prendió fuego. En junio del 2000 un tribunal lo condenó a dos años de prisión en suspenso, con la condición de que se pusiera bajo tratamiento psicológico. De todos modos, tanto como la casilla de STO, quedó en cenizas la confianza de los porteños en el sistema de tránsito y en las autoridades del área.
Luego, el Gobierno de la Ciudad anunció que Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA) se haría cargo del servicio de parquímetros, pero luego el proyecto le fue quitado a la empresa de capitales estatales y surgió nuevamente la idea de licitar el contrato, iniciativa que no prosperó aún.
