La Nación, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires presentaron este jueves ante la Corte Suprema de Justicia un plan para el saneamiento de la contaminada cuenca Matanza Riachuelo, tal como estaba previsto luego de la intimación que hiciera la Justicia frente a una demanda presentada por una particular por daños y perjuicios.
La voluntad política del Gobierno Nacional para poner manos a la obra y resolver esta problemática que data de muchísimo tiempo se vio reflejada en el trabajo llevado a cabo por la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, quien coordinó los detalles de la presentación conjunta suscripta por la funcionaria en representación del Estado Nacional, el gobernador Felipe Solá y la titular del área ecológica, Silvia Suárez Arosena, por provincia de Buenos Aires, en tanto que por el Gobierno porteño firmaron Jorge Telerman, y los funcionarios Marcelo Vensentini y Miguel Ángel Aguerre.
El informe -de unas 120 páginas- fue ingresado al Palacio de Tribunales a las 7:30 de la mañana, y con él muchísimas cajas y carpetas con documentación; e ingresó a la Secretaría de Juicios Originarios, a cargo de José María Irigaray.
La presentación, entre otros puntos, es una serie de programas, entre ellos los de control y fiscalización ambiental, monitoreo de la calidad del aire y un programa sobre suelos. Además, puntualiza la reconversión y ordenamiento industrial y el saneamiento ambiental, además de la regulación hidráulica y drenaje y la regulación de los vertidos de efluentes.
Paralelamente, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Fundación Metropolitana, Fundación Greenpeace Argentina, Fundación Ciudad, Poder Ciudadano, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Asociación de Vecinos de la Boca se presentaron como terceros en la demanda por daño ambiental colectivo.
En la demanda presentada, las ONGs realizan una serie de propuestas que deben ser llevadas a adelante, como por ejemplo, la conformación de un Comité Pericial de Expertos, integrado por investigadores provenientes del ámbito académico, que deberá intervenir en la aprobación de un plan de Cese de las Actividades Contaminantes, Saneamiento, Recomposición y Ordenamiento Ambiental del Territorio de la Cuenca y la creación de un organismo interjurisdiccional para la cuenca y un sistema de acceso a la información para la gestión y sistematización adecuada de la información ambiental así como la necesidad de contar con el informe anual previsto por la Ley General del Ambiente al menos en lo atinente al Riachuelo.
Además, se solicita la urgente adopción de aquellas medidas que deben ser realizadas de forma impostergable para proteger a la población de riesgos sanitarios por la situación ambiental. En este contexto se incluye la provisión agua potable, la atención sanitaria urgente a los menores y la prestación de servicios sanitarios acordes con las necesidades planteadas.
Por lo pronto, el presidente Néstor Kirchner firmaría este lunes el proyecto de ley que el Ejecutivo enviará al Congreso declarando la "emergencia ambiental" de ese curso de agua, que atraviesa 14 municipios del conurbano, además de la Capital Federal. De esta manera, se seguiría el camino emprendido por la Legislatura porteña el jueves pasado al sancionar una norma en el mismo sentido.
