Casi nadie se quiso quedar afuera del debate desatado por la futura reglamentación de sexo callejero que se discutirá en la Legislatura.
Así, la diputada kirchnerista Ana María Suppa hizo pública su oposición a que sea penalizada la oferta de sexo, tal como lo contemplan los proyectos de reforma al Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires que serán debatidos en la sesión el próximo 20 de mayo. Pero también se mostró en contra de la creación de nuevas zonas rojas, que surgirían a partir de la propuesta del ibarrismo -que contaría con el aval de un sector del macrismo- de permitir la oferta de sexo callejero sólo en zonas alejadas de viviendas, escuelas y templos.
"No estoy de acuerdo con la penalización de la oferta de sexo en la vía pública ni con la creación de nuevas zonas rojas, porque implica empujar la actividad a un circuito clandestino que favorece el rufianismo, la explotación sexual de los más débiles y la proliferación del delito regenteado por organizaciones mafiosas".
La diputada agregó que "lo que se debe penar no es la oferta o la demanda de sexo en sí mismas sino la ostentación en ocasión de dicha oferta o demanda, es decir, el hecho de provocar molestias o perjuicios a terceros mediante la exhibición, las actitudes o prácticas ofensivas o manifiestamente obscenas".
En este sentido, Suppa subrayó que el artículo del Código Contravencional que regule este tema "debe ser muy específico y estipular con claridad cuáles son las conductas penadas, para evitar toda discrecionalidad en su aplicación".