Gustavo Torres era Director General de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuando se produjo la tragedia de República Cromañón. A raíz de este episodio, Torres renunció a su cargo pero siguió dando las pruebas que le faltaban para poder integrar la Unidad Administrativa de Control de Faltas, creada por el jefe de Gobierno de la Ciudad, Aníbal Ibarra y que actúa como instancia administrativa única y previa al juzgamiento de faltas.
Esta unidad fue constituida por la Ley 591 (aprobada en marzo de 2001) y su estructura fue modificada en varias oportunidades. Fue así que se creó con 50 controladores, después pasó a 30 y finalmente, el 1 de julio de este año, volvió a estar compuesta por 50.
En los próximos días, Ibarra publicará en el Boletín Oficial la nómina de los miembros de la Unidad, que fueron designados por un concurso abierto que se inició en agosto de 2004. Consultado por los diputados macristas Rodrigo Herrera Bravo y Martín Borrelli (Compromiso para el Cambio) sobre la posibilidad de que Torres esté incluido en esa nómina durante la interpelación de la que fue protagonista en la Legislatura porteña, el subsecretario de Justicia y Trabajo porteño, Javier Fernández Moores, aseguró que "Torres no va a ser incorporado" por decisión política del jefe de Gobierno.
Fernández Moores explicó: "Torres no tiene procesamiento en firme de la Justicia por lo que no hay impedimentos para que integre la Unidad Controladora. De todas maneras, el jefe de Gobierno dejará su nombramiento supeditado a la resolución que se tome en la causa de Cromañón".
Asesores del funcionario porteño aseguraron que "Torres dio todos los exámenes que estaban previstos y quedó entre los profesionales considerados idóneos para ser nombrados controladores. Su designación quedará en stand by hasta que se expida la Justicia".
