La Justicia argentina finalmente aceptó incautar el avión venezolano retenido en Ezeiza desde hace más de dos meses tras el pedido de los Estados Unidos.
La decisión la tomó el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, en el marco del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales con Estados Unidos aprobado por la ley 24.034.
El avión, que permanece en el aeropuerto internacional de Ezeiza, quedará en la Argentina a disposición de la justicia local y, ahora también, de la de Columbia, que había reclamado su incautación.
La orden de incautación de la Justicia de Columbia especifica que el avión de fabricación estadounidense “está sujeto a decomiso en base a violaciones de las leyes de control de exportaciones” de aquel país, por lo cual la violación estaría asociada “con la transferencia no autorizada del avión de Mahan Air, una aerolínea iraní” a la firma venezolana.
El pedido formal de incautación de la Justicia norteamericana se efectuó tras constatar evidencias de que ll compañía venezolana había comprado el avión a los iraníes, transacción que “violaba” de las leyes norteamericanas y que involucraba, en una triangulación secreta, a los Emiratos Árabes, de acuerdo con los documentos que el FBI puso a disposición de la Corte federal en Washington.
La resolución de Federico Villena se conoció momentos después de que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela criticara duramente a la fiscal Incardona.
A raíz de la tensión en aumento con Venezuela, la Procuración General de la Nación (PGN), interinamente a cargo de Eduardo Casal, envió una nota a la cancillería argentina, donde deja asentada su “profunda preocupación institucional” por las críticas recibidas.
El texto fue firmado por el titular de la secretaría de Coordinación Institucional de la PGN, Juan Manuel Olima Espel, y fue dirigido al secretario de Relaciones Exteriores de la Cancillería, Pablo Tettamanti.
