Luego de conocerse el jueves que la inflación del mes de julio fue del 7,4%, la más alta en 20 años, el Gobierno decidió demorar la negociaciones por un eventual acuerdo de precios y salarios.
El principal motivo de la dilación es la marcha que viene vociferando la CGT, cuyo foco central es la molestia con la pérdida del poder adquisitivo en el contexto inflacionario. Desde el Gobierno deslizan que no tiene sentido sentarse a negociar con los gremios con una manifestación de por medio.
Hasta ahora hubo algunos diálogos incipientes con los sindicalistas, que ya deslizaron al Gobierno que entre sus condiciones incorporarían el pedido para que el Estado se haga cargo de los gastos de sus obras sociales en tratamientos oncológicos; la exigencia de un impulso más vehemente a la reapertura de paritarias y la entrega de una suma fija o de un bono.
Por otro lado, algunos de los empresarios mostraron predisposición para sentarse a hablar. Pero ya advirtieron que están complicados para fijar precios, en especial por la incertidumbre en torno a los costos en el contexto inflacionario, no sólo a nivel local, sino internacional, por la guerra en Ucrania que afecta el comercio de combustibles y, por extensión, los valores de las materias primas importadas.
El escenario se complejiza, además, por la falta de dólares que, a pesar de las gestiones del Gobierno para poner parches por área, están afectando la producción.
En este contexto, el encuentro con la CGT y el empresariado se postergaría hasta la semana del lunes 22. Pero nadie se atreve aún a dar fechas, ni nombrar a los actores invitados, ni las propuestas.