Las concesiones en general, y la de grúas en particular, vienen teniendo serias observaciones en los informes de Auditoría General de la Ciudad sin conseguir que el Ejecutivo porteño modifique sus políticas, hasta ahora. Luego de la repercusión en los medios de la denuncia pública de varios legisladores del Frente de Todos y del oficialismo porteño, sumado a la difusión del informe de auditoría de parte del auditor general de la Ciudad, Lisandro Teszkiewicz, se logró instalar en agenda la irregular concesión del acarreo en la Ciudad. Sin embargo, ya en abril del año pasado, la presidenta de la Auditoría General de la Ciudad, Mariana Gagliardi, había sacado a la luz que las empresas Dakota S.R.L. y BRD S.A., cuyo contrato fue firmado en 1991 y debía expirar en el año 2001, seguían operando con un contrato vencido durante más de dos décadas y hasta hace unos días.
Un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires reveló que en el año 2016, Dakota S.R.L. y BRD S.A. cubrieron el canon anual que tienen que abonar al Gobierno de la Ciudad por la concesión con poco más del 1% de sus ingresos. En el mismo se detalla que BRD tuvo un ingreso total ese año por $57.477.750 como consecuencia de los 76.637 acarreos que realizó y tuvo que abonar un canon anual de $660.000, es decir que con el 1,15% de su facturación cubrió el canon anual. Dakota, ese mismo año realizó 84.919 acarreos lo que le representó un ingreso de $63.689.250 de los cuales tuvo que pagar $660.000 de canon anual, el 1,04% del total. El mencionado informe analizó también los dos años anteriores (2014 y 2015) con resultados muy similares.
Pero no sólo con el acarreo ocurre eso, en 2007 el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires rubricó un acuerdo por el que se comprometió a hacerse cargo del 20% del extra en los sueldos de los empleados de ambas empresas. Por este mecanismo entre 2014 y 2016 BDR recibió $170.820.033 mientras que Dakota recibió $164.590.661.
Cuando se emitió el informe sobre la situación de la concesión hasta 2016, desde el bloque del Frente de Todos en la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires solicitamos su remisión a la Procuración General de la Ciudad para que investigue la posible comisión de delitos, sin embargo el oficialismo lo impidió a través de la mayoría que tiene en el Colegio de Auditores con los votos del Pro y la UCR. A pesar de eso, al momento de aprobar el informe las y los auditores sostuvieron lo siguiente en sus conclusiones, “Como puede apreciarse en los cuadros anteriores, los pagos efectuados por el GCBA a las concesionarias en los últimos años muestra un comportamiento creciente en relación a los ingresos que el GCBA obtiene en concepto de multas por mal estacionamiento, llegando los mismos en el año 2016 al 59% en el caso de BRD S.A. y al 50% en el caso de DAKOTA S.A.”. Es decir, el gobierno porteño orientaba cada vez más presupuesto hacia las empresas mencionadas. (Los cuadros y la conclusión se encuentran en la página 55 del informe final).
Luego de la presión del “Frente Anti-Grúas”, el Gobierno porteño anunció que deja sin efecto los contratos irregulares con las dos empresas de acarreo de automóviles. Desde el bloque del Frente de Todos de la Auditoría, Mariana Gagliardi y Lisandro Teszkiewicz reafirmaron: “Creemos que corresponde hacer una auditoría del final de la concesión para establecer en qué condiciones se hace cargo el estado del servicio, y deslindar responsabilidad sobre las irregularidades que pudieran existir”.