El 70% de las mujeres y disidencias sufrió o sufre violencia política por motivos de género, según una reciente encuesta federal de Proyecto Generar. La política, en general, no es un espacio seguro para ellxs; la esfera sindical, aún menos.
Esto lo ha denunciado públicamente Ana Clara Moncada, ex militante de la Asociación de Empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (AEJBA), que abandonó su militancia tras acusar al secretario general de la Federación Judicial Argentina, Matías Fachal, por hostigamiento, abuso de poder y acoso sexual durante años. Su vida privada y pública se han visto deterioradas por la falta de herramientas y de contención por parte de su sindicato que, a pesar de tener un área de género, continúa hoy haber intervenido en el caso.
“Los hechos que me privaron de la militancia gremial se hicieron públicos hace ya 10 meses. Realicé presentaciones formales, incluso por carta documento, a mi ex sindicato AEJBA y a la Federación Judicial Argentina. No obtuve ningún tipo de respuesta”, contó a Noticias Urbanas Ana Clara.
Moncada no está interesada en realizar una denuncia penal ante el sistema judicial formal, sino en contar su historia, en plan de visibilizar la falta de preparación del mundo sindical para dar respuesta a casos de violencia de género y, mucho menos, para prevenirlos.
Por esa razón, la exsindicalista busca que se cree un protocolo de actuación para casos de violencia de género, a sabiendas de que las mujeres sindicalistas aun no cuentan con herramientas suficientes para alcanzar la plena igualdad y quedar libres de agresiones sexuales.
La entrevistada y la Sindical Feminista hasta han propuesto y reunido firmas para que se implemente la impugnación de las candidaturas de aquellos dirigentes que cuenten con antecedentes de violencia, tal como es el caso de su acusado. Para esto se comunicaron con la Junta Electoral de la CTA Autónoma, pero las puertas se cerraron nuevamente, sin ninguna contrapropuesta para la víctima.
Incluso, Moncada pidió ayuda llevando su caso al Consejo de la Magistratura de la Ciudad y al INADI, pero “hasta ahora, no se ha habilitado canal de comunicación alguno, ignorando el reclamo, generando una nueva forma de daño psicológico”.
Con todas las puertas cerradas, hoy Moncada sólo busca que su caso se convierta en impulso de un cambio: que no le pase a ninguna mujer más. Por eso, de la mano de su abogada, Melisa García, presidenta de Abogadas Feministas (Abofem), elaboró un protocolo de prevención y abordaje de situaciones de violencia.
“Lo diseñé porque la inexistencia de un protocolo resultó ser una excusa para no tratar mi caso. Para mí es un acto militante, un acto de reparación que me invento”, relató Moncada a NU. Y completó: “Soy una menos en el sindicato: logro hacer públicos los motivos y quienes deben tomar cartas en el asunto, solo me revictimizan. Mi caso es un antecedente sobre lo que no se debe hacer. Y el protocolo es un aporte para que a otras y otres no les suceda lo mismo. Pasaron 6 años desde mi desafiliación. Es un largo plazo de inacción de quienes siempre supieron lo que había pasado y decidieron continuar sin generar herramientas de abordaje”.
En el sector sindical, en los puestos de más alta jerarquía, la presencia de mujeres es solo del 3,22%, cifra en retroceso respecto al relevamiento de 2010. Esto forma una estructura de asimetría de poder, que se vuelve caldo de cultivo para las violencias, que deben con urgencia ser prevenidas.
-¿Cómo fue armado este protocolo? ¿Recibiste asesoramiento?
-Armé este texto luego de consultar varios protocolos gremiales y laborales del ámbito judicial, así como del ámbito privado, de Argentina y otros países. La inspiración principal es el Protocolo de la AJB (Asociación Judicial Bonaerense), que fue aplicado en casos donde se apartaron dirigentes por razones éticas y morales, sin necesidad de sentencias.
Cuenta con aportes de infinitas charlas e intercambios con militantes y referentes de la defensa de los Derechos Humanos: compañeres antirracistas, trans-feministas (trans por transversalidad), profesionales de la abogacía y la psicología e investigaciones propias, así como de fuentes periodísticas.
-Lea el protocolo completo aquí-.
– ¿Este protocolo es incorporable a cualquier sindicato?
-Sí. Es fácilmente adaptable a cualquier organización sindical. La responsabilidad de contar con esta herramienta no es exclusiva de un Área/Comisión/Secretaría de Géneros, es una tarea colectiva. Sin embargo, sabemos que suele quedar a cargo de las compañeras impulsar su creación. El texto contempla que ya exista un espacio dedicado a la temática, así como también que aún no esté en funcionamiento. De igual forma, se adapta a las normas estatutarias que rigen a cada organización.
– ¿Cómo cambiará este protocolo al proceso de denuncia de una víctima de violencia de género en el ámbito gremial?
-En primer lugar, aplica la perspectiva de género y la traduce en un procedimiento concreto. Se establece una guía de acciones específica. Los viejos estatutos no tienen prevista esta problemática y adaptarlos es complejo y engorroso. Esta herramienta es complementaria y si existe voluntad política, es de fácil y rápida aplicación.
En segundo lugar, considera la multiplicidad de factores que afectan a una víctima. Se la considera desde su integridad: además de la desigualdad de géneros, se destacan otros factores como el racismo, por ejemplo.
En tercer lugar, prevé la interdisciplina para el abordaje. Además de abogades, se requiere la intervención de psicólogues y trabajadores/as sociales, para comprender cabalmente la cuestión.
– ¿Cuál es el camino que este protocolo debe recorrer ahora para su implementación?
– Este protocolo debería ser analizado junto al que elabore la Secretaría de Género. Se aprueba en las instancias orgánicas, requiere el aval de la Mesa Directiva. Es muy posible que mi texto sea desconocido. Pero como decía, si en 6 años nada pudieron generar, mi texto colaborará para que se aceleren los plazos: ya está hecho el trabajo que tanto les cuesta hacer. Además, tienen una nueva oportunidad de promover un gesto de reparación. Veremos si existe la decisión moral de reconocer mi militancia, presente y pasada.
– ¿Podrías explicar el marco normativo de tu proyecto? ¿Cómo se implementa un protocolo en este aspecto?
– Las distintas leyes dictadas en la materia, junto a tratados internacionales y recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), requieren instrumentos concretos para su aplicación. Una de las vías es que las propias organizaciones tengan sus espacios para poder escuchar y dar cauce a las posibles situaciones de violencia. Ello, con principios rectores de confidencialidad y respeto, no revictimización, contención y orientación y prevención. El protocolo reúne las máximas de las normas vigentes y las convierte en un proceso concreto.
– ¿Hay algún tipo de sanción o penalización al acusado con fuerza penal?
– No. Para los responsables de estos hechos se buscan ámbitos de reflexión, instancias de abordaje psicológico para que se pueda comprender la temática de la violencia y modificar las conductas de maltrato a partir del reconocimiento de mitos, creencias y costumbres que se repiten a través de los estereotipos.
El objetivo es que puedan adquirir la capacidad de comprensión de aquellas conductas que se ejercen por un abuso de poder.
– ¿Qué significa que “para acreditar los hechos denunciados regirá el principio de amplia libertad probatoria”?
– En situaciones previstas en la Ley Nº 26.485, el testimonio de la víctima tiene en sí mismo valor de prueba. Por las complicaciones probatorias, se debe ir más allá de toda duda razonable, extremando las medidas para realizar una investigación completa y profunda de cada caso. Se debe realizar una valoración integral de todos los elementos: pueden ser capturas de pantalla, informes de telefonía celular, pericias y/o informes psicológicos y psiquiátricos, por ejemplo.
– ¿En qué instancias el/los acusado/s gozarán de su derecho a la defensa?
– Recibida la denuncia, la Secretaría de Géneros e Igualdad de Oportunidades inicia un expediente interno, donde interviene un Comité Especial. Se da vista al acusado y en esa oportunidad podrá defenderse y ofrecer prueba. Recabada la misma, el análisis de los hechos denunciados corresponde a un Equipo Interdisciplinario Externo.
– Respecto a este párrafo del protocolo: “Cuando se investiguen hechos de violencia sexual, el consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la persona denunciante cuando la fuerza, la desigualdad de poder, la amenaza, la coacción o el aprovechamiento coercitivo del entorno haya impedido brindar un genuino consentimiento”. ¿Por qué el consentimiento no podrá ser parte de la defensa del acusado?
– Refiere a que el consentimiento debe ser expresado en absoluta libertad, con toda claridad y sin ningún tipo de presión. Es específico y reversible. Se destaca aquí la desigualdad en las relaciones, por ejemplo jefe/empleada o dirigente/militante. El consentimiento en estos casos con mayor énfasis, no puede presumirse, ni darse por sentado, por ejemplo, por el hecho de haber mantenido relaciones sexuales anteriormente.
Asimismo, el silencio queda excluido: no es consentimiento. Por lo tanto, no podrá inferirse del silencio o de la falta de resistencia de la víctima.
– ¿De qué se tratan las Normas Disciplinarias a aplicarse en caso de falsedad de la denuncia?
– En el caso de Federación Judicial, refiere al Capítulo XI del Estatuto. Allí se prevé apercibimiento, separación, suspensión y expulsión, según la gravedad que se determine respecto de la denuncia falsa, en el primer Congreso que tenga lugar.
– ¿Querés agregar algo que no haya consultado?
– Quiero destacar que gracias a poder hablar, gracias a contar públicamente mi historia, me recuperé como militante. Volví a participar en la política, volví a ser integrante de organizaciones que promueven el pleno ejercicio de los derechos humanos, desde el antirracismo y el trans-feminismo. Soy una orgullosa mujer racializada que logró autovalorarse. Pude reescribir mi pasado y mi presente. Ahora se saben los motivos por los que abandoné el ámbito gremial y me tocó enfrentar a los retrógrados de siempre: hubo dudas, cuestionamientos, reproches, incredulidad y el famoso “¿por qué no lo contaste antes?”.
Aunque parezca desalentador, aunque parezca que las acciones y omisiones del responsable y sus cómplices no tienen consecuencias, se generaron miles de discusiones y debates.
Así se forjan las enseñanzas políticas: cuando las víctimas hablan, no están solas. Las estructuras tiemblan y las viejas costumbres aún prevalecen. Pero a quienes lo necesiten, a quienes tengan el peso de estas situaciones, sepan que el proceso es largo y lleva un trabajo psicológico muy profundo. Hay que vencer miedos, resistencias y negaciones, darse cuenta de que la responsabilidad es únicamente del acosador. Y hablar. Porque somos muchas/es quienes vivimos estas situaciones, demasiades. El miedo a la exposición pública, la vergüenza y la renuncia deben cambiar de lado.
Podemos generar otra narrativa, podemos generar otras prácticas. El patriarcado, el racismo, las desigualdades, tienen un origen histórico. Urge cambiar esta historia.
Cada testimonio suma un antecedente, cada testimonio es parte de una construcción que nos trasciende y alienta a generar nuevas redes de contención. Hablar sana.