Una denuncia pública efectuada por el Defensor Adjunto del Pueblo de la Ciudad, Antonio Elio Brailovsky, manifiesta la existencia de filtraciones de combustible en una estación de servicio ubicada en pleno centro de la Ciudad, tuvo su correlato en un pedido de informes que espera ser aprobado por la Legislatura.
El vicepresidente primero de este cuerpo, Jorge Enríquez (Alianza), en un proyecto de resolución le pide al gobierno porteño que responda si tiene conocimiento de la situación que atraviesa la estación de servicio de la empresa Shell, situada en Lima 835. La propuesta también plantea que el gobierno se exprese acerca de las medidas que tomará al respecto. Según el informe de Brailovsky, hace 22 años que esta estación de servicio provoca derrames de hidrocarburos, que provienen de sus deteriorados tanques de almacenamiento.
"Este problema es por demás importante, no solamente por la posible afectación a los seres humanos, sino también, por la especial y estratégica ubicación de la estación de servicio, ya que, aparentemente, los tanques pinchados podrían llegar a afectar ambas márgenes de la Avenida 9 de julio, precisamente, en dónde se encuentran situadas las dos estaciones "Independencia" de las líneas de subtes "C" y "E"", afirmó Enríquez.
VEINTIDÓS AÑOS NO ES NADA
El informe presentado por el Defensor Adjunto asegura que las filtraciones fueron detectadas en 1979, luego de que llegaran hasta la estación "Independencia" de la línea "E" y causaran en ella una explosión que hirió a los operarios presentes. Ni las autoridades gubernamentales ni la empresa hicieron algo para solucionar la situación. Actualmente hay un sector de esa estación que permanece cerrado por la contaminación existente.
A raíz de una demanda que, en 1991, Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) presentó contra Shell, la compañía petrolera fue condenada a realizar trabajos de remediación del suelo contaminado. Esto significa que deberá reemplazar la tierra afectada por otra limpia.
Según Brailovsky, el volumen contaminado es de una hectárea de superficie, por una profundidad de 15 a 20 metros y se estima que alcanza para llenar 100 mil camiones de carga. El defensor sostuvo que para realizar la obra de remediación habría que cerrar por años la avenida 9 de Julio y cambiar de lugar los caños de agua, de cloacas y de gas, y los cables de electricidad, de teléfonos y de televisión que pasen por la zona afectada. También afirmó que "habrá que evaluar la necesidad de cerrar las líneas de subterráneos C y E para evitar que una chispa eléctrica haga volar todo".
La sentencia que obliga a Shell a reparar el suelo contaminado fue dictada en 1999. Pasaron dos años y no hay señales de su cumplimiento. Y las filtraciones continúan como hace veintidós años.
