El Poder Ejecutivo Nacional envió en tiempo y forma a la Cámara de Diputados de la Nación el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal de 2023.
El documento ingresó justo a tiempo, a las 23:30 del jueves 15 de septiembre, media hora antes de que expirara el plazo legal para presentarlo.
En el Artículo Primero quedó estipulado que “fíjase en la suma de Pesos veintiocho billones novecientos cincuenta y cuatro mil treinta y un millones trescientos quince mil treinta y uno ($ 28.954.031.315.031) el total de los gastos corrientes y de capital del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023”.
También las proyecciones del Gobierno suponen un crecimiento del dos por ciento, a la vez que la inflación estimada será del 60 por ciento. El déficit fiscal caerá del 2,5 al 1,9 por ciento, una cifra muy importante, que traerá dolores y pobreza para un amplio sector de la población. Como siempre, golpeará a los más pobres.
El proyecto –que el Gobierno espera que la oposición vote este año, al contrario de lo que hizo el año pasado- está firmado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández; por el jefe del Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Manzur y por el ministro de Economía, Sergio Massa.
Con un lenguaje a la medida del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en sus fundamentos se puede leer que el “presupuesto que se presenta propende a la estabilidad macroeconómica, a la recomposición del poder adquisitivo de los ingresos y al fortalecimiento del mercado interno”.
En este sentido, los redactores esperan que “avanzar en el ordenamiento fiscal permitirá reducir el financiamiento monetario del déficit y conducirá hacia una situación de solvencia fiscal”.
Por esta razón, señala, que “en paralelo, la política pública debe profundizar la política industrial y científico-tecnológica para estimular la inversión privada, generar más y mejor empleo y fortalecer el sector externo, por la vía del aumento de las exportaciones de bienes y servicios”.
Luego, se destacó que “sobre la base del orden fiscal, el aumento de las exportaciones y su valor agregado y el incremento de la tasa de inversión, podremos reducir el flagelo inflacionario que sufre nuestra economía y nuestra población”.
El dólar será patrón nuevamente, ya que en el proyecto se estipula “mantener actualizado el tipo de cambio”, lo que significaría que, si no hay temblores previos, el dólar llegaría en diciembre de 2022 a los $166,50 y a fines de 2023, a $269.
El déficit previsto, que equivaldrá al 1,9 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), también se ubica en la línea de satisfacción para los muchachos de Kristalina Goergieva. Esta baja sólo será posible reduciendo subsidios y eliminando excepciones impositivas favorables a algunas empresas nacionales.
En este contexto, mientras que desde algunos sectores se estigmatiza a los trabajadores y trabajadoras que deben apelar a Potenciar Trabajo, la Asignación Universal por Hijo o al plan de la Garrafa Social, nada se dice de los enormes subsidios que se les otorgan a las industrias o a las actividades rentables, que reciben beneficios impositivos millonarios,
En 1970, sólo el cuatro por ciento de la población se encontraba en situación de pobreza. Esto, a pesar de que hacía 15 años que había sido derrocado el Gobierno del General Juan Domingo Perón, que la había erradicado casi totalmente.
Hoy, la pobreza afecta al 40 por ciento de los argentinos. El huracán neoliberal que encabezó José Alfredo Martínez de Hoz y luego encontró su sucesor en el tándem que conformaron Carlos Saúl Menem y Domingo Felipe Cavallo, para llegar al cénit con la dupla Mauricio Macri y Nicolás Dujovne, arrasó con las conquistas sociales, con los derechos adquiridos, profundizando hasta llegar al fondo –paradójicamente- llevando al fin de los derechos laborales y a la precarización del empleo y de los salarios.
Los números de la inequidad
Mientras que al programa Potenciar Trabajo se le destinarán $284 mil millones en todo 2022, que equivalen al 1,7 por ciento del presupuesto, los servicios por la deuda pública ascenderán a $ 1,2 billones, el 7,4 por ciento del mismo. El cuádruple. Los “bancos de inversión”, los “fondos buitres, caranchos, cernícalos o gavilanes”, los Larry Fink y los Paul Singer serán, seguramente, más felices que todos los infelices argentinos.
Y estos servicios de deuda son, por ahora, bajos. La reestructuración que consiguió Martín Guzmán permitió un desahogo por dos años, pero en 2025, los pagos se van a multiplicar por varias veces, o sea que el futuro es, por ahora, obscuro.
Paralelamente, el Banco Central deberá oblar durante 2022, $2,3 billones por las Leliq y otras cortesías a los bancos, casi un tres por ciento del PBI. Fondos ocho veces mayores que los destinados al plan Potenciar Trabajo.
Deducciones impositivas sin contrapartida social
Según un estudio, las empresas que fueron ungidas con excelentes descuentos impositivos y de contribuciones patronales mediante la Ley de Economía del Conocimiento fueron mayormente extranjeras: Globant, Technisys, Globallogic, BSF, Accenture, Endava, Red Link y el unicornio nacional Mercado Libre, cuyo dueño, Marcos Galperín es el hombre más rico de la Argentina para la revista Forbes. Su patrimonio llega a los $3.900 millones, a pesar de lo cual se mudó a Uruguay, mostrándose desdeñoso con el gobierno argentino, que no era de su agrado. Otra argentina, Despegar, figura en el lote de los afortunados.
Este año, por otra parte, están presupuestados $67 mil millones en subsidios para las empresas que participan en el Plan Gas, entre las que se cuentan la subsidiaria de Techint, Tecpetrol y Pampa Energía, la empresa de Marcelo Mindlin. Éste, en 2017, compró además IECSA, la empresa que pertenecía al primo de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra. Mindlin, precavido, la cambió el nombre: ahora se llama Sociedad Argentina de Construcción y Desarrollo Estratégico (SACDE).
Tanta magnanimidad con la riqueza sólo puede atraer la crueldad de los codiciosos.
¡Pobres los pobres!.
