El gobierno porteño denunció penalmente a los padres que autorizaron las tomas de colegios que comenzaron el viernes por la tarde en el Mariano Acosta de Balvanera. Por ahora, son siete secundarias las que están ocupadas por los estudiantes y en otras seis hay “pernocte”, es decir, los chicos pasan la noche en el establecimiento.
Los padres de todos los alumnos que participan de las tomas serán demandados por consentir que sus hijos, menores de edad, ocupen un edificio público.
Además, según informaron, deberán responder por los daños que pudieran sufrir los estudiantes y los bienes escolares y en estas horas preparan una demanda civil para transferirles el costo correspondiente al pago de los sueldos a docentes y no docentes por cada día sin clases debido a la toma de la escuela.
Una vez que inicia una toma, el rector tiene la obligación de contactar a todos los padres de los chicos que participan de la medida de fuerza para que acudan a retirarlos. En caso contrario, si se niega a pasar a buscarlo o incluso participa de la toma, queda registrado y se le da intervención al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes y el gobierno porteño, a través de la Procuración General, denuncia penalmente a cada adulto.
En el caso del Mariano Acosta, que fue el primer colegio en definir la medida, ya fueron demandados 8 adultos que consintieron la participación de sus hijos en la toma. El centro de estudiantes de la escuela comenzó la toma del colegio el viernes por la tarde y denunció que en el transcurso del fin de semana le cortaron la luz.
Hasta el momento, los colegios tomados son: Mariano Acosta, la Escuela Superior de Educación Artística, el Lengüitas, el Mariano Moreno, la Federico García Lorca, la Ernesto Padilla y el Liceo 5 Pascual Guaglianone.
Palabra de la ministra Acuña
La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, explicó la medida: “Estamos denunciando penalmente a las familias que están autorizando e ingresando con sus hijos a las escuelas que se tomaron”.
Y agregó: “Hay menores de edad en un edificio público con adultos que desconocemos. Esto es responsabilidad de las familias que autorizan a sus hijos a estar ahí. En el 2018 hubo 40 familias que fueron procesadas en la justicia porque esto es un delito”.
Además sostuvo: “No soy una ministra que no dialoga, lo que no voy a hacer es aceptar la violencia y la coacción a través de una toma. No vamos a dialogar con estudiantes que estén tomando escuelas. Tuvimos la oportunidad de dialogar todo este tiempo y se negaron. Lo que es claro es que empiezan a regir otras reglas del juego”.