Como única medida de prueba después de cinco meses de iniciada la requisitoria fiscal, el juez Ricardo Warley ordenó una pericia de tasación en la causa penal que se le sigue al Consejo de la Magistratura por presunta malversación de fondos. Ésta recaerá sobre los inmuebles que este organismo compró y alquiló por contratación directa entre 1999 y 2000 en varios millones de dólares sin cumplir, según la acusación, con ningún recaudo legal ni formar las actuaciones administrativas que manda la legislación vigente. Por este motivo fueron denunciados, en abril de este año, los consejeros Juan Octavio Gauna y Gloria Bonatto -luego el juzgado extendió la acusación a los demás miembros- y los directores de Ejecución Presupuestaria Norberto Urfeig y Jorge Luis Suárez.
La tasación provocó numerosas impugnaciones por parte de los imputados con respecto a la designación de los peritos. La legisladora Alicia Pierini –impulsora de la investigación- calificó este accionar como "una evidente maniobra dilatoria para impedir la investigación". En un nuevo escrito presentado en el Juzgado de Instrucción Nº 12 – en el que se tramita la causa "Gauna Juan Octavio, Bonatto Gloria y otros s/defraudación"- Pierini manifestó que "la medida ordenada convalida la denuncia de que no hubo tasación oficial al momento de disponer la compra". Sin embargo, la diputada entendió que esta decisión poco aporta, ya que -agrega en el escrito- "no está en cuestión saber si compraron caro o barato, sino que no debieron disponer de los fondos públicos de la forma en que lo hicieron, porque el Consejo de la Magistratura no tiene por función hacer negocios inmobiliarios".
La denunciante, en cambio, le propuso al juzgado que investigue la similitud caligráfica en dos documentos que deberían haber sido suscriptos por diferentes personas, que verifique mediante oficios la veracidad de otros documentos de dudosa autenticidad y que llame a testimoniar y a reconocer firmas a los numerosos funcionarios y proveedores que aparecen involucrados en la documentación que obra en autos.
NOTICIAS URBANAS pudo constatar que algunos legisladores que integran la Comisión de Justicia del parlamento porteño observan con preocupación el trámite que le está imprimiendo el Consejo de la Magistratura a algunas cuestiones- como la efectivización de su personal- ante la inminente finalización de su mandato que se operará inexorablemente en el próximo mes de diciembre.
Al respecto, Pierini solicitó al juez el dictado de una medida cautelar de no innovar, que les ordene a los funcionarios judiciales imputados que "se abstengan durante el tiempo que les resta de efectuar nuevos nombramientos, efectivizar al personal designado por ellos, retirar documentación y realizar operaciones que impliquen compromisos a futuro". "Vuestra Señoría puede, en ejercicio de sus facultades, ordenar una medida de prevención que impida la desaparición de pruebas", instó la diputada en el escrito.
