La empresa COVIARES, que construyó la Autopista de Buenos Aires a La Plata anunció que cobró -por todo concepto- la suma de 560 millones de pesos, que en aquel tiempo eran lo mismo que dólares, por contruir una cinta asfáltica de 62 kilómetros y un gran puente sobre el Riachuelo. El costo por kilómetro fue entonces bastante caro: 9.032.258 pesos.
La empresa estatal AUSA, por su parte, anunció que la construcción de la Autopista 3 le demandó al Estado porteño -por una traza total de 7,2 kilómetros- la suma de 20.086.000 pesos, incluyendo el IVA. En esta autopista, milagrosamente, el costo por cada 1.000 metros fue de 2.789.722 pesos.
De todos modos, en la moderna Ciudad de Buenos Aires, esas cifras quedaron empalidecidas por las que se pagaron para construir la Autopista "Presidente Arturo Umberto Illia". Por una cinta asfáltica de algo más de seis kilómetros -incluido un puente sobre la Avenida Sarmiento y una traza elevada por sobre las vías de los ferrocarriles que salen de Retiro-, los porteños pagaron 430 millones de pesos, símil dólar. Para tener una idea de la magnificencia y el dispendio de los habitantes de la capital argentina, el costo que se pagó por cada kilómetro construido fue de 66.153.846 pesos.
El procurador general del Gobierno porteño, Juan Carlos López, manifestó en un escrito que ya se le pagó a COVIMET, que construyó la Autopista "Presidente Arturo Umberto Illia", la suma mencionada, para cuya justificación la empresa presentó más de treinta mil comprobantes.
Esta obra fue contratada por el intendente de la dictadura, el brigadier Osvaldo Cacciatore, en 1981, por medio del sistema de obra pública por peaje. La autopista iba a nacer en el final de la Avenida General Paz, en la traza actual de la Avenida Lugones, luego iba a seguir su recorrido actual, pasando sobre la Avenida Sarmiento y, al llegar a Avenida Libertador debía sumergirse bajo la Avenida Nueve de Julio, para reaparecer más allá de Constitución.
A los lados de la autopista y debajo de ella -en la parte elevada-, COVIMET debía construir playas de estacionamiento con capacidad para albergar al menos a 12 mil autos. En aquel tiempo, los planificadores urbanos sostenían la necesidad de disminuir el volumen del tránsito porteño, que era por aquellos tiempos un problema que en estos veinte años no ha hecho más que agravarse.
Una obra de tan enorme magnitud, de a poco comenzó a perder jirones por los caminos azarosos de la burocracia, hasta volverse una escuálida avenida de unos tres kilómetros de largo. Por supuesto, no hubo playas de estacionamiento, ni túnel bajo la Avenida Nueve de Julio, ni grandes inversiones de una empresa que apostaba al desarrollo del país.
Todo se hizo al estilo argentino, en el que los inversores no invierten y el Estado, es decir, el representante de los "otros" argentinos, hace el gasto. Porque COVIMET no esperó al final de la obra y al cobro del peaje y de las tarifas por el estacionamiento para empezar a cobrar. Un oportuno conflicto judicial resolvió las cosas de manera favorable a la empresa y el Estado porteño le abonó la totalidad de la obra antes de comenzarla.
Cuando la autopista ya estaba funcionando, otro conveniente conflicto judicial le permitió a COVIMET recuperar el sistema de cobro por peaje por una obra pública que ya había cobrado en su totalidad. Estamos hablando del año 1998. No contento con tanto beneficio, el jefe de Gobierno -por entonces Fernando de la Rúa- le concedió a la empresa una concesión por 20 años, en resarcimiento por el sufrimiento moral sufrido por los ingenieros cordobeses.
Tanto despropósito y tanta liviandad en el manejo de la "cosa pública" no fueron nunca enderezados por una justicia, que en Buenos Aires no es ciega. Todos los litigios que tuvieron como protagonista a la dama de la balanza, hasta ahora fueron ganados por COVIMET, que incluso fue favorecida con un sospechoso fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que denegó un pedido de inconstitucionalidad del aumento de la tarifa -que se duplicó en las navidades de 1998- que había presentado el diputado Miguel Doy.
En estos momentos, la jueza subrogante Alicia Iermine -el titular del juzgado, Nelson Jarazo renunció para ser camarista en la justicia federal de La Plata, como premio por denegar la indagatoria de de la Rúa y Gallo y no hay todavía un reemplazante- está a cargo de la causa y en el corto plazo debe tomar importantes decisiones. Pronto se sabrá si se producirá el juzgamiento o si la impunidad es el paraíso para los empresarios y los burócratas gubernamentales que construyeron o autorizaron la construcción de una autopista, a un costo de 66 millones de pesos cada kilómetro, y que además fijaron una tarifa de un peso para recorrer tres kilómetros.
Es lógico, la autopista más cara del mundo también tiene la tarifa más cara del mundo. Si este despropósito no tuviera la pena debida, sería la señal de que realmente no hay justicia, ni ética, ni dignidad.
