"Ya falta menos" se pudo escuchar en varias oportunidades en los pasillos de la Legislatura porteña. Es que este martes será un día muy largo pero el anteúltimo encuentro que tendrá lugar en el proceso de juicio político que se le sigue al suspendido jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, por la tragedia de Cromañón. Luego de los alegatos de la acusación, la defensa y del propio Ibarra, sólo habrá lugar para el veredicto de la Sala Juzgadora que tendría lugar el próximo 10 de marzo.
El primer fiscal en hacer uso de la palabra fue el diputado Jorge Enríquez (Juntos por Buenos Aires). Al finalizar su alegato, afirmó: "Con la serena convicción del deber cumplido, venimos a solicitar que se cumpla con la Constitución y que el mal desempeño no sea legitimado porque de lo contrario muchos Cromañón ensombrecerán nuestro futuro. Por eso pedimos formalmente la destitución del doctor Aníbal Ibarra como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, más la inhabilitación por diez años para el desempeño de todo cargo público, conforme lo contempla el artículo 94 de nuestra Constitución".
ALGUNOS PASAJES DE SU DISCURSO
"Esta fiscalía que hoy presenta su alegato, llega al estadio final de este juicio político con la conciencia del deber cumplido, no obstante haber afrontado todo tipo de presiones. La estrategia del suspendido Jefe de Gobierno y su nutrido equipo de defensores jurídicos y mediáticos fue clara desde el principio: deslegitimar este procedimiento constitucional. No pasó un solo día sin que algún miembro de esa brigada no fatigara los programas de radio y televisión alertando sobre los vicios procesales que tornarían nulo este juicio político. Nunca se precisaban. Quedaban en las sombras".
"Decir que los cargos o fundamentos de la acusación al Jefe de Gobierno surgen de los hechos constitutivos de mal desempeño que se le imputan en cada uno de esos dos dictámenes. Tanto es así, que la propia defensa se basó en ellos para producir la prueba de descargo sobre cuya base desvirtuar las imputaciones. Decir que no hubo precisión de los cargos, luego de ofrecer y producir una copiosa prueba de descargo, es un acto impropio, que exuda mala fe procesal y que pretende torcer la realidad de los antecedentes parlamentarios de los que estuvo rodeada la aprobación de la acusación.
De tanta mala fe es esta argumentación, que hasta en la página WEB de Aníbal Ibarra encontramos la descripción de los cargos y, obviamente, la pretendida refutación de los mismos".
"El mal desempeño no es el concurso ideal de las irregularidades imputadas al Jefe de Gobierno. Es una causal de responsabilidad política que se configura, autónomamente, con cada una de las irregularidades descriptas en los cargos. Basta con que la Sala de Juzgamiento admita uno de los cargos, y corresponderá destituir al Jefe de Gobierno por mal desempeño. Y los penalistas no tienen por qué rasgarse las vestiduras. Eso no sería una violación del derecho de defensa. De lo contrario lo que sería vulnerado sería el derecho público de defensa; de la Ciudad y sus habitantes, contra la permanencia en el gobierno de un funcionario inidóneo".
"El verdadero ‘golpista’ es Ibarra, porque niega la vigencia de las instituciones constitucionales que tienen que ver con sus obligaciones en el cargo y con los mecanismos de responsabilidad política, pretendiendo asimilar la competencia de control interórgano de la Legislatura con una destitución golpista. Aunque esta conducta del Jefe de Gobierno no es la analizada en ninguno de los cargos que pasaremos a formular, no cabe duda que acusar de "golpista" a la Legislatura que le sustancia un proceso de juicio político es una afrenta contra la Constitución y sus autoridades constituidas -la Legislatura, en este caso- y un intento obsceno de manipulación del sistema republicano en función de sus intereses de permanecer en el cargo".
Con respecto al primer cargo -ineficaz e ineficiente política de habilitación, verificación y control-, Enríquez señaló: "Aníbal Ibarra terminó concentrando todos los poderes de los organismos de control en un puñado de familiares y amigos, sin otro marco legal que la voluntad de cada uno de ellos. Ni bien asumió como jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra detuvo el proceso de descentralización de los controles de inspección a los CGP barriales, que como Jefe de Gobierno debía implementar. Silvana Giúdici, máxima funcionaria del área de habilitaciones e inspecciones, con la asunción del Jefe de Gobierno comenzó a implementar, de hecho, una política contraria a la normativa vigente, concentrando los controles".
"Si bien el Decreto 1015 establecía la descentralización de los poderes de inspección con fundamentos tales como el de lograr ‘mayor celeridad y transparencia’, el acusado lideró una estructura en la cual sus funcionarios realizaban, de hecho, una política en sentido contrario, hasta terminar por concentrar todos los poderes en cabeza de un reducido e íntimo grupo de personas vinculadas a él, familiar o afectivamente, como en los casos de Juan Carlos Lopez, ex concuñado suyo, o Fabiana Fiszbin, la mejor amiga de su hermana, Vilma Ibarra".
"El acusado suscribió trece modificaciones experimentales, que se sucedían por el método de ensayo y error, porque fueron una sucesión de fracasos, el último de los cuales dejó casi doscientos muertos y miles de víctimas. El denominador común de todas estas modificaciones fue una tendencia concentradora, que culminó a principios de 2004, casi un año antes de la tragedia de Cromañón, con la unificación de dos coordinaciones de inspecciones en una, conforme testimonio de Carmen Prousak, entre otros".
"Si algo no tenía el nuevo sistema implementado era transparencia. Tal es así, que Rodrigo Mario Cozzani, presentado como el responsable de decidir qué local se inspeccionaba y qué local no se inspeccionaba, denunció en la causa penal que su cargo era inexistente, y que sólo figuraba en un contrato de locación de servicios, rescindible sin expresión de causa. Allí Cozzani negó que su función fuera decidir la rutina de inspección de los inspectores. En ese sentido la Justicia Penal procesó por no haber cumplido esta función, no a Cozzani, sino a los funcionarios más cercanos a Ibarra, dejando librado a los organismos competentes, es decir, a esta Sala Juzgadora, la decisión de indagar en responsabilidades políticas de instancia superior".
"A partir de allí, mediante inspectores maniatados y dependientes de contratos basura, la voluntad de un reducido núcleo de personas allegadas a Ibarra, prevalecía sobre las leyes vigentes".
El segundo cargo es el incumplimiento de la obligación legal de instruir en tiempo y forma los sumarios administrativos tendientes a deslindar responsabilidades respecto de las irregularidades advertidas por el propio Jefe de Gobierno en el área de la Dirección General de Verificaciones y Control, así como de radicar las correspondientes denuncias penales.
Para Enríquez "el suspendido Jefe de Gobierno, como hombre de Derecho (fue Fiscal Federal), no puede ignorar las previsiones del artículo 177 del Código Procesal Penal de la Nación respecto de la obligación de los funcionarios y empleados públicos de denunciar los delitos perseguibles de oficio. No pudo entonces, afirmar, como lo hizo, ‘que las denuncias penales efectuadas con anterioridad al denominado focazo de corrupción’, no llegaron a los resultados esperados, siendo escasas las condenas penales aplicadas al cuerpo de inspectores encargados de ejercer el poder de policía".
"El tan mentado ‘focazo de corrupción’, por tanto, no existió. A lo largo del proceso hemos descubierto, de boca de varios testigos, que sólo fue una ‘declaración política’, sustentada sólo en ‘rumores’, con un propósito meramente mediático, que transformó contra su propia voluntad, a medio millar de agentes del Gobierno de la Ciudad en ‘ñoquis’, dado que concurrían a firmar al RAD, y no se le asignaban funciones específicas".
El tercer cargo es el de insuficiente e ineficiente asignación de recursos materiales y humanos para el desarrollo de las actividades de control comunal. Al respecto, Enríquez señaló que "a fines de 2000 y principios de 2001, la Auditoría General de la Ciudad realizó un informe con el objeto de relevar el funcionamiento de la Dirección General de Verificaciones y Habilitaciones. A seis meses de asumir Ibarra, ya había un claro panorama del descontrol que se agudizaría con el tiempo: personal inspector y verificador insuficiente, falta de programa de capacitación permanente, inexistencia de un manual actualizado de procedimientos, falta de una estructura formal aprobada para todos los niveles que defina las funciones y misiones para cada uno de ellos, dificultándose de esta manera la delimitación de responsabilidades y problemas en el sistema informático para procesar y habilitar locales".
"En definitiva, cuando Ibarra, el 11 de noviembre de 2003 decide pasar a disponibilidad a 500 personas del área de control, omitió suplantar esa estructura que tildó de inmersa en un ‘focazo de corrupción’ por otra que resultara idónea, tanto en cantidad de personal como en recursos adecuados, y que estaba, por esas causas, condenada inexorablemente al fracaso. Así, abandonó, también, de esta forma, el ejercicio del Poder de Policía. La declaración de Juan José Álvarez abona lo expuesto cuando afirmó ‘que había que hacerse cargo con lo que había, sin esperar a ningún crédito’, como el tantas veces pregonado del BID".
En lo que respecta al cuarto cargo, el mismo se configura con el hecho de no disponer las medidas necesarias para el efectivo cumplimiento de la normas de higiene, seguridad y orden público. "Aníbal Ibarra dispuso de las inspecciones para mejorar su imagen ante la opinión pública, pero no para mantener sostenidamente en el tiempo los controles sobre el cumplimiento de la normativa de seguridad. En el gobierno ibarrista los inspectores eran convidados de piedra de una organización en la que prevalecía la decisión política, sobre la normativa en materia de seguridad. Ibarra terminó disponiendo en la materia de tal manera que los verdaderos protagonistas de todas las inspecciones no fueran los inspectores, sino un puñado de funcionarios de su máxima confianza", aseguró Enríquez.
"En síntesis, antes de Cromañón no existieron objetivos concretos, con plazos ciertos, y pautas claras. Si se trataba de una actividad crítica, que ponía en riesgo la vida de la ciudadanía, el acusado debió haber previsto un plan que asegurara controles sostenidos a lo largo del tiempo y que no quedaran librados a la voluntad política de una o dos personas de su confianza. Fue patético y morboso que la noche de la tragedia, en momentos en que había víctimas debatiéndose entre la vida y la muerte, empleados inferiores del Gobierno de la Ciudad, entre los que se contaba su director Gustavo Torres y la testigo María Angélica Lobo debieran ir a romper la puerta de la oficina para ver si Cromañón había sido o no inspeccionado".
"La preocupación no era exagerada. Cromañon no había sido inspeccionado en los últimos dos años, porque el Jefe de Gobierno suspendido no había tomado los recaudos necesarios para que todos los locales cumplieran con la normativa de seguridad.
Todos los integrantes del área sabían que Cromañón no era la excepción, sino la regla.
Cromañón fue consecuencia de una política improvisada para responder rápidamente a los medios y lograr ‘buenas noticias’, pero tan mal improvisada en un área crítica, donde una buena noticia de hoy, podía ser una tragedia de mañana, como ocurrió en el caso".
En tanto, y en lo que hace al ineficiente e irregular ejercicio del poder de policía de habilitación y control, Enríquez afirmó: "Luego de una denuncia pública que fue tapa del diario donde el acusado promocionaba sus políticas, los inspectores encargados de sancionar los locales bailables fueron enviados a ‘intimar’ a los infractores, a cumplir con las leyes, para después cajonearse los expedientes, como el de Cromañón. Esto último obviamente no fue noticia sino hasta después de la tragedia. Por otro lado, los controles de los recitales se mantuvieron a cargo de quien había sido separado del área, luego de haber sido reconocida públicamente por el Jefe de Gobierno, como corrupta. El funcionario fue mudado a otra área pero seguía a su cargo con los controles declarados como corruptos. Luego de la tragedia, el funcionario declaro que por una ‘fuga de control’ no detectaba recitales en locales bailables como el de Callejeros en Cromañón".
"De nada sirvieron las tres reuniones que el arquitecto Atilio Alimena, defensor adjunto del Pueblo, tuvo con Fabiana Fiszbin, responsable de la dirección de todas las inspecciones, el año de la tragedia, la cual le indicó que, a su criterio, por la normativa vigente la responsabilidad por el control de la validez temporal de esa certificación, era competencia de bomberos, no del Gobierno de la Ciudad".
El noveno cargo se refiere al direccionamiento arbitrario de los operativos de control de las actividades comerciales. Para la fiscalía "Aníbal Ibarra cobijó en su gobierno, la arbitrariedad como método de los controles. El prototipo de inspector ibarrista hasta la tragedia de Cromañón, es contratado ‘por comentarios de allegados’. Después de la tragedia, por convocatoria pública, según declarara Diego Gorgal. El inspector ibarrista, al menos hasta la tragedia, nunca es contratado definitivamente, se lo confirma mes a mes, pero siempre puede ser desvinculado sin expresión de causa. No es un verdadero inspector el que no puede inspeccionar cualquier local, sino sólo los incluídos en una lista anónima. Los de Ibarra tenían prohibido, verbalmente, inspeccionar por iniciativa propia, o incluso denunciar cualquier local en infracción".
"Esta Fiscalía ha examinado minuciosamente la documentación que obra en esta causa, ha interrogado con detalle a todos los testigos que declararon, ha revisado foja a foja los expedientes administrativos allegados como prueba y, finalmente, ha ponderado todos esos elementos con el mayor cuidado. Como consecuencia de esa labor, cree firmemente que el doctor Aníbal Ibarra ha incurrido en mal desempeño de sus funciones, y que sus actos y omisiones fueron decisivos para la ocurrencia de la tragedia de Cromañón. La evidencia de esa inactividad, de esa constante negligencia, de ese obrar más atento a los flashes de las cámaras que a las cuestiones concretas de la administración de una urbe tan compleja, es abrumadora".
"El uso de los recursos públicos a favor del imputado ha sido escandaloso. Todos los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires hemos financiado una suerte de campaña proselitista del suspendido Jefe de Gobierno, que ha desplegado en estos meses una actividad mediática tan extraordinaria que sólo puede compararse a la inactividad gubernativa de la que hizo gala durante su paso por la titularidad del que él convirtió en el Poder Inejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires".
"Si la Sala Juzgadora hace lugar a nuestro planteo, lejos de debilitarse la institucionalidad, ésta se habrá fortalecido enormemente. El sistema político se habrá saneado no por la ruptura del orden constitucional, sino precisamente por la aplicación de los mecanismos correctores que la propia Constitución prevé y que en el orden nacional habían quedado arrumbados en el texto constitucional como trastos viejos, con las terribles consecuencias que todos conocemos. El juicio político ya no será más una pieza del museo de la arqueología constitucional. No debe tomarse esta determinación con sentido trágico, sino constructivo. Es la hora de afianzar el imperio de la ley. Si no estamos a la altura de nuestra responsabilidad, si tememos actuar como nuestra conciencia nos lo indica, quizás habremos contentado a los poderosos de turno, pero el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires no nos lo perdonará".
