La decisión del Gobierno de entregarles de manera discrecional el 30% de la obra pública de hasta $300 millones a los movimientos sociales oficialistas, cuyos líderes además armarán el padrón de beneficiarios por sus cargos en el Poder Ejecutivo Nacional, provocó rechazos y suspicacias en la oposición, en un sector de la CGT y dentro de las propias organizaciones populares ligadas al kirchnerismo -que observan con desconfianza a Emilio Pérsico, secretario de la Economía Social y líder del Movimiento Evita. También elevaron la voz empresarios del sector y piqueteros de izquierda.
La discrecionalidad de la medida está enmarcada en el hecho que, por ejemplo, en el ministerio de Desarrollo Social no está confeccionada la lista de cooperativas de la economía popular con capacidad e idoneidad para realizar tareas de construcción de viviendas, tendidos de agua, red cloacal, y otro tipo de actividades que comprenden las obras públicas de hasta el monto impuesto por el artículo cuarto del decreto 728. Por lo tanto, las partidas serán asignadas sin un criterio prestablecido.
El diputado nacional José Luis Espert, de Avanza Libertad, fue contundente: “La primera amorfidad es que no puede ser que el mismo tipo que esta cortando las calles, motivo por el cual tendría que estar preso porque viola el artículo 14 de la Constitución Nacional y también el Código Penal, al mismo tiempo esté formado parte del Poder Ejecutivo Nacional, como Emilio Pérsico que es el secretario de la Economía Social, eso es un disparate”.
Por su parte, el diputado nacional del Pro Luciano Laspina fue uno de los primeros integrantes de la oposición en cuestionar la medida al considerar que el decreto 728 “es una carta de rendición” ante la extorsión de las “organizaciones sociales” del Frente de Todos. Algunas cooperativas “tienen dueño” o “son una nueva estructura de punteros. Un delirio”, adjetivó.
Por su parte Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, también fue contundente: “Este decreto vergonzoso no alcanza para poner un freno al empobrecimiento creciente que sufre la población ni mucho menos a la precarización laboral. Acá hay que decir las cosas tal como son: no va a haber más obra pública. Se reemplaza a los trabajadores en blanco por un trabajador precarizado. Por esa razón salió a protestar el burócrata de la CGT Gerardo Martínez. El lugar de un trabajador bajo convenio de la UOCRA, ahora van a tomar un trabajador precarizado de la mayoría de las cooperativas que son del funcionario Emilio Pérsico”.
Desde el sindicalismo, Gerardo Martínez también propuso que quienes trabajen en las cooperativas de la economía popular vinculadas a la construcción “se afilien a la UOCRA” porque eso “generaría una competencia leal dentro del sistema, porque estuvimos observando e inspeccionando a distintas cooperativas. Una de ellas muy grande que trabajaba como tercerización de desarrolladores inmobiliarios y tenía un comportamiento de pago un 40% por debajo de lo que gana un trabajador de la industria”.
Por su parte, las empresas de la construcción agrupadas en la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) firmaron un comunicado en el que se afirma que los trabajadores de las cooperativas que se emplearán en la obra pública son “informales”. El texto asegura: “La consecuente competencia desleal condenará a la inactividad y a la ruina a numerosas empresas PyMES constructoras de todo el país, las que trabajan formalmente, pagando impuestos y dando empleo registrado y seguro a sus trabajadores”.