La asistencia gubernamental a los paqueros, adictos crónicos a la pasta base de cocaína, trajo polémicas con la sociedad y por otro lado en la Justicia. Luego de la inauguración del nuevo centro de rehabilitación social (ubicado sobre Curapaligüe casi Directorio, en donde antes existía un geriátrico), conocida como clínica del paco, un pequeño grupo de vecinos convocó a los medios televisivos para expresar su opinión. Algunos adultos no aceptan que cerca de sus casas se atiendan drogadictos, a los que ellos consideran potenciales delincuentes. Otros vecinos están menos espantados de los menores de edad.
La discusión entre quienes aceptan a los "fisuras", otra forma de llamar en las villas a los adictos a la pasta base, y los que no, terminó en un pequeño espectáculo frente a las cámaras de los noticieros: se tiraron de los pelos y se insultaron.
En la Justicia porteña, donde desde mediados de diciembre último se tramita un amparo contra el Gobierno por la falta de un plan de atención a los adictos a todo tipo de drogas ilegales, el tema se discute sin peleas físicas.
El querellante es el asesor Tutelar de Menores, Gustavo Moreno, quien exigió recientemente al Ejecutivo porteño remitir un informe detallado de la clínica del paco estrenado este miércoles.
El Gobierno debe dar a conocer, a la jueza porteña Patricia López Vergara, los siguientes detalles sobre el centro de rehabilitación social: qué área del Gobierno está a cargo de la asistencia a los adictos, los actos administrativos que lo crearon, los teléfonos, nomina de personal, modalidad de atención (internación o ambulatorio), edad de ingreso y si existe guardia las 24 horas.
