La Secretaría de Energía implementará la próxima quita de subsidios en las boletas de servicios públicos en diciembre. En esta instancia, el Gobierno removerá un 40% de la subvención que tiene el costo de la electricidad en las facturas de luz. Se suma al recorte de ayuda que hubo en octubre y habrá otro en febrero.
Pero no son las únicas subas que tendrán los usuarios. En diciembre, el Poder Ejecutivo hará una audiencia pública para el precio del gas que pagarán los clientes en 2023, mientras que en enero se encargará de lo propio pero para los márgenes de las distribuidoras Edenor y Edesur.
Esta última convocatoria es seguida con especial atención por las empresas. Edenor cambió de dueño durante la presidencia de Alberto Fernández: pasó de Pampa Energía (de Marcelo Mindlin) a un grupo conformado por José Luis Manzano, Daniel Vila y José Luis Filiberti. Y Enel, la dueña de Edesur, acaba de ponerle el cartel de venta. En el pasado, hubo interés de Cristóbal López y Nicolás Caputo.
La remoción de subsidios en el costo de la electricidad fue planteada en tres tramos: ya se aplicó un 20% en octubre, se recortará otro 40% en diciembre y el último 40% correrá desde febrero. Desde abril del año próximo, casi cinco millones de hogares tendrán que pagar el costo pleno de la electricidad, según anunció el Gobierno.
El costo de la electricidad incide en más de la mitad de la boleta, al menos en Buenos Aires y el Conurbano. Es el precio que pagan los clientes por la energía en sí misma y está fuertemente subsidiado. Del total, 5 millones de hogares dejarán de estar subsidiados y otros tantos perderán una parte de las ayudas, pero mantendrán el grueso. Al menos, hasta abril de 2023. Los segmentos de menores ingresos preservarán los subsidios.
El incremento, hasta ahora, es del 90%, para los segmentos denominados N1. Son -para los parámetros oficiales- de “ingresos altos”. Se trata de grupos familiares que ganaban más de $ 250.000 a mediados de año (ahora ese piso subió a $ 450.000 mensuales), poseen tres propiedades o tres autos.
Los segmentos denominados “medios” -ganan en un rango que va entre 1 y 3,5 canastas básicas del Indec- experimentarán correcciones que van del 3% al 52%, tras las dos quitas de subsidios. La suba depende del consumo que tengan.
Para el Gobierno, el grupo de ingresos medios lo constituyen hogares en los que sus integrantes obtienen entre $ 128.000 y $ 448.000.
Audiencias públicas
El camino de los aumentos seguirá con el precio del gas. A mediados de diciembre, habrá una audiencia pública para determinar un nuevo importe en el principal costo de ese servicio. Se lo denomina PIST (punto de ingreso al sistema). Es lo que pagan las distribuidoras para llevar el gas hasta los domicilios y comercios.
La siguiente audiencia pública para la luz será en enero de 2023. Allí se abordará uno de los puntos más espinosos: el retraso en los márgenes de la distribución de las eléctricas de Buenos Aires.
Edenor y Edesur llevan luz a hogares y comercios. Las distribuidoras de casi todo el país reciben una remuneración por esa tarea. En casi todo el país, capturan entre 30% y 40% del valor de las facturas. En Buenos Aires, se quedan con una tajada muy inferior.
En la reciente ley de Presupuesto 2023, se intimó a regularizar el atraso tarifario de Edenor y Edesur. Ambas le deben $ 200.000 millones a Cammesa, la administradora mayorista del sistema eléctrico. En los próximos meses, van a acordar un plan de pagos para esa deuda, que comprendería 8 años.
El presupuesto también plantea que Edesur y Edenor deben recomponer sus tarifas para poder pagar sus deudas. Las compañías estiman que necesitan una recomposición del 300% para compensar la inflación pasada y ponerse al día con sus futuras obligaciones.
En el Gobierno ven ese salto (del 300%) como dificil de aplicar, pero reconocen que se necesita una mejora en los márgenes de las distribuidoras. En la audiencia pública se tratará el tema.
Sobre la deuda de las distribuidoras con Cammesa circulan versiones sobre cómo sería el acuerdo. Pero aún no fue refrendado. El tema ya habría provocado, según versiones, algún desacuerdo entre la secretaria de Energía, Flavia Royón, y el ministro de Economía, Sergio Massa.