La población carcelaria llega a 110 mil personas en todo el país. Con 1.300 liberados por mes. La experiencia de trabajar en la economía popular los aleja del delito. Pero el Estado prefiere gastar 5 millones de pesos por preso para construir penales, que en los polos productivos que significa 320 mil pesos por liberado trabajando.
Un proyecto de ley que nace de la acción concreta de un pueblo pobre-trabajador, ya que 110 mil personas, en su mayoría los últimos de la fila, hoy integran la población carcelaria en Argentina. Bajar la reincidencia, o sea evitar que el liberado recaiga en el delito, es posible con reinserción laboral y social como lo demuestra la realidad, que es superior a la idea. Así lo viven y demuestra los liberados que se organizan en la economía popular y que trabajan en forma cooperativa para el Estado y para el sector privado que dieron detalles de su experiencia en un salón del Congreso Nacional para fundamentar porque es preferible votar un proyecto de ley que pone la inversión en polos productivos que en construir más penales.
La autora del proyecto de ley para bajar la reincidencias es Natalia Zaracho, la primera diputada nacional cartonera y militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). Ella junto al diputado nacional del Movimiento Evita por la provincia de Santa Fé, Eduardo Toniolli, convocaron a una audiencia pública este miércoles 23 de noviembre, al mediodía, en el parlamento nacional. Allí estuvieron presentes desde el secretario de Justicia Nacional, Juan Mena, hasta la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, uno de los partidos más empobrecidos del conurbano bonaerense, y el titular del Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires, Aníbal Hnatiuk, un funcionario clave porque debe velar por la mitad de la población carcelaria que es liberada en el país. Acompañaron sin tomar la palabra varios diputados, entre ellos el jefe del bloque peronista, Germán Martínez.
La oposición se hizo presente. Dolores Martínez, del bloque Evolución Radical, tomó la palabra y aseguró que “este proyecto nos abre la cabeza, nos ayuda a pensar más allá de nuestros límites, ya que afecta sobre todo a las mujeres y jóvenes. Ojalá podamos debatirlo en profundidad y sin prejuicios más allá de las diferencias”.
También dieron el presente y su explicito apoyo al proyecto de ley dos representantes de la iglesia católica, por un lado el titular desde hace 25 años de la Pastoral Social porteña, Carlos Accaputo, y el sacerdote de la Villa 21/24 de Barracas, Lorenzo “Toto” Vedia.
Nora hizo llorar. No sólo el típico aplauso por su testimonio de vida. Calandra también conmovió. Ella relató su experiencia de mujer que estuvo detenida y llegó a parir con los pies encadenados. “Del 2002 al 2021 las mujeres en penales creció un 86 por ciento. Yo parí con una cadena en los tobillos. Soportando que me dijeran que una mala madre. Pero nosotras superamos esa lógica de la cárcel que te hace sentir que vos perteneces ahí. Esa lógica la supere con la organización que me cambió la vida y a mí familia. La herramienta la creamos a pulmón. Porque la libertad sin herramientas es peligrosa. Y la inseguridad no se resuelve con mas patrulleros, mas cárceles. La seguridad debe ser con inclusión. No puede ser que el 80 por ciento de las mujeres en prisión no participaron en un programa laboral. Tampoco las mujeres con prisión domiciliaria, un total de 3.115, en el año 2021, cuentan con un proyecto pospenitenciario. En cambio organizadas creamos justicia social. Por eso decimos que a la cárcel vamos a volver para formar a los compañeras y generar proyectos de vida. Soy testimonio verdadero que pude atravesar el encierro de varios años y dar vuelta la historia. Nosotras convertimos el dolor en lucha”.
Matías es el referente de los liberados más nombrado y reivindicado inclusive por el secretario de Justicia nacional y militante de La Cámpora, siendo que Matías integra el Movimiento Evita. ” La sociedad reclama seguridad, pero la clase política no encuentra solución. Nosotros sí. Logramos que en casi 200 cooperativas trabajen entre 1500 a 1700 compañeros liberados. Por eso este proyecto que impulsa la creación de polos productivos de 50 personas cada uno resuelve el conflicto de ir sacando del sistema penal y de las adicciones a miles de personas. Nuestro proyecto que es laboral incluye escuelas de oficio, y un equipo interdisciplinario, que impulsa la finalización de estudios, como psicólogos, para la revinculación familiar, enfrentar las adicciones y hasta los trámites de los documentos con trabajadores sociales. Porque hoy una persona que sale de los penales vive de changas o vuelve al delito. Porque no existe hoy una posibilidad de trabajo con antecedentes”
Las organizaciones populares construyeron su mutual y agrupa allí a las cuatro federaciones de cooperativas de los liberados. El andamiaje laboral y militante le permite al ex-preso construir otra pertenencia que no es la sordidez del crimen. “Vamos a militar parar que el peronismo, nuestro espacio político, discuta la seguridad y la violencia asumiendo el conflicto y conociendo una herramienta que ex exitosa”.
“Un polo productivo cuesta 17 millones, a razón de 320 mil pesos por persona. Mientras que el Estado Nacional va a construir para el 2023 unas 12 nuevas unidades penales, con una plaza de 4.500 personas. Esto significa 5 millones de pesos por personas. Con nuestro proyecto de ley estamos cuidando los gastos. También en esto nuestra iniciativa es superadora”, aseveró José Ruíz Díaz otro liberado organizado en el MTE.
En la Plaza frente al Congreso se había instalado a la mañana una feria de los productos de la economía popular. Luego de la audiencia formal, los diputados y militantes de los movimientos populares fueron a contar lo ocurrido desde un camión que sirvió de escenario. Prometen que la lucha continua, que las Tres T (Techo, Tierra y Trabajo) no es una consigna de campaña, que es construir el cielo en la tierra.