"Hace una semana que estamos haciendo un relevamiento de las estaciones y el estado de los trenes y nos arroja un resultado altamente negativo", recalcó Alejandro Nató, el defensor del Pueblo adjunto de la Ciudad que, desde que renunciara Alicia Oliveira, se encuentra interinamente presidiendo del organismo. Lo que se pretende es "verificar si verdaderamente las empresas concesionarias están cumpliendo o no con las pautas contractuales que asumieron en algún momento".
A principios de mes la Defensoría porteña ya había denunciado el "deficiente servicio" que brindan las empresas de transporte de ferrocarriles. En esa ocasión el propio Nató anticipó que se harían presentes en las principales estaciones de trenes porteñas para escuchar a los usuarios y elevar los reclamos al Gobierno nacional y local, para que éstos tomen las medidas necesarias para que las empresas concesionarias brinden un servicio correcto.
Esta semana la Defensoría empezó a instalar mesas en estaciones de trenes centrales de la Ciudad -las de Retiro, Constitución y Chacarita- desde donde se recogieron inquietudes, quejas y demandas de los usuarios con respecto al estado de los trenes. "Consultamos a los usuarios sobre las estaciones en materia de infraestructura, los baños, que están anegados, las ventanillas, que siguen algunas rotas en algunas de las líneas", apuntó Nató en declaraciones a Radio América.
"Consultamos respecto a la seguridad, a la puntualidad, la frecuencia, la higiene, la accesibilidad para los discapacitados. La realidad es que en todos los rubros la respuesta de los usuarios gira en torno a (las calificaciones) de muy malo y de malo; y aparte hay quejas muy puntuales", insistió el ombudsman. "Para nosotros -agregó- el daño que se está produciendo es que no se tienen en cuenta los derechos de los usuarios y se los está maltratando. Se está transformando al usuario en víctima. Ésta es la queja constante".
Anonadado por las noticias que indicaban que el Estado le iba a asignar a las empresas concesionarias del servicio ferroviario nuevos subsidios -se hablaba de una suma de hasta 15 millones de pesos-, Nató atacó la cuestión de fondo sosteniendo que "hace falta un rol más contundente por parte de los organismos de control, en este caso de la CNRT, y por parte del Gobierno nacional, que tiene que poner los puntos sobre las íes acerca de qué tipo de servicio tienen que brindar las empresas que se han comprometido por medio de los pliegos a cumplir con determinadas condiciones".
"Si la CNRT tuvo el rol de controlar todo el tiempo que controló, a este lugar no hubiéramos llegado", añadió irónico el funcionario, que algo más serio apuntó: "Vamos a hacer una recomendación específica al Ejecutivo Nacional y a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, porque creemos que, con sólo multas no alcanza".
El funcionario consideró que antes de estar analizando la posibilidad de abrir nuevos ramales, como estaría tramando el Estado nacional, "hay que estructurar un servicio con la calidad que el usuario requiere. Nosotros vamos a hacer una contundente recomendación al (Poder) Ejecutivo, donde le vamos a exigir que verifique si se están cumpliendo las pautas contractuales. Vamos a marcar cuáles son, a nuestro entender, las que no se están cumpliendo y, de no cumplirse en un plazo perentorio, iremos a la Justicia a salvaguardar los derechos del usuario", amenazó el defensor.
"Nos sobran argumentos para decir porque algunas empresas no están cumpliendo con lo que deben cumplir -disparó el ombudsman-. A mí me importa un bledo cual es la empresa que está a cargo de tal o cual servicio ferroviario, lo que sí me importa es que esa empresa cumpla con la garantía de la accesibilidad, de la comodidad, con un servicio eficiente, un servicio a horario…Hay mucha gente que pierde el presentismo en el trabajo porque no se cumple ni con la frecuencia ni con la puntualidad de los trenes, y esto en algo que verdaderamente es un negocio, porque da ganancia, no da pérdidas, es imperdonable", concluyó Nató.
