En enero de este año se produjeron en la Ciudad cinco derrumbes de fachadas, entre balcones y mampostería. En ese momento se planteó la necesidad de que el Gobierno porteño verificacara de algún modo los frentes de los edificios, para abaratar así los costos a los propietarios que, según la ley 257, son los responsables de cumplir con su mantenimiento.
El 12 de mayo el Gobierno porteño celebró un convenio con los Consejos Profesionales de Arquitectura y Urbanismo, de Ingeniería Civil, de Ingeniería Industrial, la Asociación de Ingenieros Estructurales y la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal, a fin de
A partir de la firma del acuerdo, se creó un Registro de Profesionales habilitados para realizar proyectos y direcciones de obra. Este martes comienza la preinscripción de arquitectos e ingenieros que estén interesados en verificar, a partir de fines de julio, casi 22.000 edificaciones porteñas, ya que su primera etapa el relevamiento apunta a detectar y evitar riesgos de derrumbes o desprendimientos en San Telmo, Constitución, Barracas, La Boca, Monserrat, San Cristóbal, Villa Lugano y Villa Soldati, o sea los barrios con más edificaciones antiguas.
Los interesados en integrar el registro deberán tener una antigüedad mínima de cinco años en el ejercicio profesional y se les encomendará, por sorteo público, la realización de informes sobre el estado de las fachadas y muros expuestos en edificios.
La preinscripción para participar del proyecto estará abierta durante diez días. Luego habrá un curso de capacitación para los anotados, dictado por expertos del Gobierno de la Ciudad, y en la segunda quincena o la última semana del mes próximo comenzaría el relevamiento en las calles.
El plazo para cumplir con el control venció en agosto del año pasado y sólo el 27% presentó la verificación. No obstante, la ley no prevé sanciones para los vecinos en falta. Aunque no todas son un riesgo, estas casi 22.000 fachadas ya fueron intimadas a presentar el certificado de conservación.
"Nosotros vamos a ver el estado actual, si notamos que atenta contra la seguridad pública, volveremos a intimar. Y si el propietario o el consorcio no arreglan el problema, mandamos una guardia de auxilio que apuntalará o tirará abajo el elemento peligroso", detalló Américo Días, jefe del área Ley 257 de la Dirección. Luego, el gasto ocasionado se le cobrará al dueño de la propiedad mediante el ABL.
