Los diputados nacionales del Pro presentaron un proyecto en la Cámara de Diputados para crear una comisión que investigue cómo fue la distribución de impuestos federales coparticipables que hizo el gobierno de Alberto Fernández desde el 10 de diciembre de 2019.
La iniciativa parlamentaria surge en el marco del conflicto de poderes desatado por el gobierno nacional que primero anunció que no cumpliría con el fallo de la Corte Suprema que seguramente entregaría a CABA el 2,95% de la masa de fondos coparticipables. Luego, Alberto Fernández anunció que transferirá los fondos pero el pago será realizado con bonos TX31.
Según se detalla en el proyecto, la comisión tendrá como objetivo “determinar si durante el período bajo análisis el gobierno nacional dio cabal y cumplimiento oportuno a las normas y resoluciones judiciales firmes o ejecutorias en materia de coparticipación federal de impuestos”.
Asimismo, los integrantes de la Comisión podrán proponer e impulsar eventuales reformas de la legislación vigente en materia de coparticipación federal de impuestos.
“La Comisión tendrá un plazo máximo de dos (2) años a contar desde la constitución de la misma, para la producción de sus informes, dictámenes y conclusiones”, detalla el artículo 8.
Si las investigaciones determinaran que hubo mal desempeño o delitos de acción pública, la Comisión “deberá promover los procesos de remoción o formular las pertinentes denuncias penales, aportando los elementos de prueba recopilados”.
Para la oposición, el Gobierno nacional “ha alterado de modo inconstitucional el marco legal vigente en materia de percepción, administración y distribución de recursos coparticipables, con el claro propósito de perjudicar a todas aquellas jurisdicciones que son de un signo político contrario”.
“A partir de actos administrativos y decretos de necesidad y urgencia se ha violentado la justa distribución de recursos entre los sujetos del sistema federal”, dice el proyecto en sus fundamentos.
La Comisión investigadora estuvo integrada por 30 legisladores de los distintos bloques parlamentarios de acuerdo con el principio de proporcionalidad y respetando la representación de las minorías. La presidencia correspondería al partido opositor con mayor número de legisladores y tendría como sede la Cámara baja, aunque podría constituirse en cualquier lugar de la República.
El proyecto lleva las firmas de Cristian Ritondo, jefe de la bancada del Pro, Álvaro González, María Eugenia Vidal, Claudio Poggi, Marcelo Orrego, Graciela Ocaña, Omar De Marchi, Pablo Tonelli, Dina Rezinovsky, Sabrina Ajmechet, Fernando Iglesias, Silvia Lospennato , Laura Rodríguez Machado, Waldo Wolff y María Luján Rey.
