La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, pretende hacer algunas modificaciones sobre la regulación de planes sociales para el 2023. Es lo que les explicó a los movimientos sociales oficialistas y de izquierda, antes de firmar un acuerdo de 6 puntos en la última semana del 2022.
El más relevante de esos puntos de acuerdo, es el que reza que se trabajará, de forma presuntamente acordada, en la “discusión, resolución y reglamentación del Potenciar Trabajo”.
Detrás de ese renglón está la voluntad de Tolosa Paz de reconfigurar los requisitos que deben cumplir los titulares de los planes sociales para recibir el beneficio. Dicho en otras palabras, definir los patrones de vulnerabilidad que serán contemplados para que los beneficiarios sigan percibiendo la asignación.
Desde el Ministerio indicaron: “Hoy un monotributista categoría B no puede acceder al Potenciar Trabajo pero no hay un parámetro de ingresos, por lo que una persona que por distintos labores percibe más de dos salarios mínimos puede estar percibiendo la asignación. Hay que discutir a quién ya no le correspondería recibir el plan”.
Además buscarán reforzar el “empalme” del plan social con el trabajo registrado, para ponerle un tope temporal a la asignación y fijar un nuevo mecanismo de integración al trabajo. Hoy en día ya existe un “puente al empleo” que fija que el Estado subsidia parte del salario del empleado por el equivalente a medio salario mínimo durante doce meses y exime de cargas patronales al empleador.
Auditoría
La otra herramienta que tendrá Tolosa Paz para definir bajas en el Potenciar Trabajo es la auditoría que se está realizando mediante la verificación de datos biométricos de los beneficiarios del plan y la realización de una encuesta sobre las condiciones socioeducativas de los titulares de la asignación.
Los beneficiarios del plan tienen tiempo hasta el 6 de enero para completar el trámite. En un contexto de fuertes cruces entre el Gobierno y la Justicia, Tolosa Paz -que insiste que quiere estar “a derecho”- tiene previsto acatar la resolución que emitió el juez federal Ariel Lijo, que investiga irregularidades en el Potenciar Trabajo, y que ordenó que el ministerio notifique a la justicia federal sobre los resultados de la auditoría el 15 de enero.
De acuerdo al corte que se hizo el 29 de diciembre, ya validaron su identidad 1.025.979 titulares del Potenciar Trabajo, el 75,65% del padrón. Santiago del Estero, Formosa, Misiones, La Rioja, Corrientes, Salta, Tucumán, Catamarca, San Juan, Jujuy y Córdoba son las provincias que registran mayor empadronamiento y en el Ministerio de Desarrollo Social lo adjudican al trabajo que se realizó con los gobernadores del norte grande.
Las jurisdicciones que tienen menos cantidad de validaciones son Tierra del Fuego, La Pampa, Santa Cruz y Ciudad de Buenos Aires.
La auditoría también arrojó datos preocupantes sobre la finalidad educativa. Por ahora se sabe que al menos el 30% de los beneficiarios del Potenciar Trabajo tiene el secundario completo, el 29% no ha completado ese nivel educativo, el 20% solo finalizó sus estudios primarios y el 10% ni siquiera finalizó la primaria.
