El traspaso de la fiscalización y el control del contrato del servicio de transporte subterráneo está estipulado en el decreto presidencial Nº 393, de 1999, al que la Ciudad adhirió mediante la ley 373, sancionada en mayo de 2000. Pero debido a que poco se hizo al respecto, el presidente del bloque del Frente Grande en la Legislatura porteña, Marcelo Vensentini, reclamó que el Gobierno de la Ciudad intime al Estado Nacional para que cumpla con lo pautado.
El apuro de Vensentini se sustenta en que la Secretaría de Transporte del Ministerio de la Producción de la Nación dictó la emergencia en el servicio de subterráneos. Esta medida, oficializada mediante el decreto 2075/02, posibilita que se determine la necesidad de una reestructuración tarifaria sin tener en cuenta la opinión de la Ciudad.
"Está claro que de esta determinación, por aplicación de las normas citadas, debería participar nuestra jurisdicción", concluyó Vensentini.
Actualmente, ni siquiera el Ente de la Ciudad puede ejercer un control real sobre este servicio público, ya que las sanciones por el incumplimiento del contrato con Metrovías están a cargo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.
Ya en julio de 2001 la Legislatura sancionó dos proyectos tendientes a apurar el traspaso: un pedido de informes al Poder Ejecutivo -cuyo autor fue el presidente de la Comisión de Defensa de los Consumidores del parlamento porteño, Jorge Casabé (UCR)- y un proyecto de declaración –presentado por la legisladora Juliana Marino (Peronismo Independiente)- mediante el cual la Legislatura el solicitó al Gobierno porteño que tomara las medidas necesarias para efectuar la demorada transferencia.
