La Fundación Apolo, por medio de sus integrantes José Magioncalda, Juan Martín Fazio y José Patiño, presentó una denuncia penal contra el secretario de Comercio de la Nación, Matías Tombolini, por incumplir los deberes de funcionario público; y contra el líder de la Rama Logística del Sindicato de Camioneros, Oscar Borda, y demás integrantes del gremio, al entender que estarían “usurpando funciones públicas” en el marco de las fiscalizaciones de precios por el programa “Precios Justos”.
Sin embargo, según figura en la reglamentación del propio programa, esa tarea le corresponde de manera específica a la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía de Nación a través de sus áreas administrativas pertinentes.
En ese sentido, la presentación expone que “los integrantes del Sindicato de Camioneros que se encuentran realizando junto a la Secretaría de Comercio las actividades de contralor […], podrían estar incursos en el delito de usurpación de autoridad”, delito que configura “prisión de un mes a un año e inhabilitación especial por doble tiempo”, tal como figura en su artículo 246, inciso 1, el Código Penal.
Asimismo, indica la denuncia, debería investigarse si Tombolini “incurrió en el delito previsto en el art. 248 del Código Penal” al “introducir a una organización ajena a la estructura estatal en la realización de actividades que competen a agentes estatales”.
#PreciosJustos. Ante faltantes de stock en supermercados por posibles desvíos de productos, esta semana intensificamos los controles en los centros de distribución de #Carrefour, #Coto y #Cencosud. pic.twitter.com/GDYuwwG12e
— Matias Tombolini (@matiastombolini) January 14, 2023