Los legisladores que integran la Comisión Investigadora de la Sala Acusadora de la Legislatura porteña decidieron citar para el viernes 26 a las 10 al jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, para que haga su descargo sobre una serie hechos relacionados con la tragedia de República Cromañón. Todos los hechos establecidos en la resolución que la Comisión Investigadora fueron extraídos del dictamen emitido por la Comisión Especial que aconsejó el juicio político del funcionario.
La reunión fue presidida por el diputado macrista Marcelo Godoy (Frente Compromiso para el Cambio) y asistieron casi todos los integrantes de la Comisión (Silvia La Ruffa y Martín Borrelli dieron parte de enfermos); y los diputados Fernando Cantero (ARI), Milcíades Peña (Confluencia), y María Eugenia Estenssoro (Espacio Plural), ex integrantes de la Comisión Especial que presidió Fernanda Ferrero (Juntos por Buenos Aires).
Una vez iniciada la reunión por parte del presidente de la Comisión, hizo uso de la palabra el diputado Álvaro González (Juntos por Buenos Aires), quien realizó una extensa y detallada propuesta, en la cual la Comisión hacía suyas las conclusiones del dictamen realizado por la Comisión Especial y, en base a ellas, se determinaban los hechos a investigar sobre Ibarra y sobre la síndica General de la Ciudad, Marcela Sánchez de Bustamante, cuyo juicio político también fue recomendado.
Aunque la propuesta de González fue aplaudida por casi todos sus colegas, hubo diputados que pensaron que tal vez no era apropiado remitirse a un capítulo del dictamen, sino tomar elementos de varios. En ese sentido, el diputado Jorge San Martino (Recrear) y el diputado Daniel Betti (Bloque del Sur) dieron a conocer sus propuestas, en líneas generales muy similares.
Luego de algunas modificaciones pedidas por el diputado Ariel Schifrin (Confluencia) y Jorge Enríquez (Juntos por Buenos Aires-Unidad Republicana), se pasó a un breve cuarto intermedio para consensuar el texto de las resoluciones de la Comisión Investigadora que serán giradas a los dos funcionarios involucrados.
Antes del pequeño receso, el vicepresidente segundo de la Legislatura, el kirchnerista Miguel Talento (Frente para la Victoria), dejó sentada la posición del bloque al igual que hizo durante la primera reunión de la Comisión y el jueves pasado en el recinto, con la total aprobación del presidente del bloque, Diego Kravetz, quien prefirió no hacer comentarios en esta oportunidad.
Talento afirmó: "Se está desarrollando todo esto sobre la imposibilidad del análisis de la información de respaldo de la Comisión Especial de la que no pudimos formar parte porque nos impugnaron. González quiere suscribir sin más el trabajo de la Comisión, y eso no debe ser así. Quiero que esto no se tome como una defensa al jefe de Gobierno, porque los votos del kirchnerismo no los cuenten a favor o en contra. El bloque tiene libertad de conciencia y para tomar posición cada diputado analizará profundamente el tema".
Estas declaraciones generaron reacciones por parte de Schifrin y Enríquez, ya que ambos no coincidieron con los dichos del kirchnerista y obviamente no evitaron mencionarlo. Aunque cuando le tocó el turno a Enríquez, el diputado expresó que disentía con Schifrin, en vez de mencionar a Talento. Al rectificarse, se oyó a Schifrin aseverar: "Es la costumbre", haciendo referencia a lo que suele ocurrir en el recinto donde nunca se ponen de acuerdo.
Más allá de las diferencias políticas, se acordó el texto de ambas resoluciones basándose en la propuesta de San Martino y con un agregado de Betti en el caso del jefe de Gobierno. La Comisión decidió -por nueve votos afirmativos (Betti, González, Godoy, San Martino, Schifrin, Enríquez, Fernando Melillo, Tomás Devoto y la ibarrista Sandra Dosch) y dos abstenciones (Talento y Kravetz) citar a Ibarra a realizar su descargo el viernes 26 de agosto próximo a las 10, con la posibilidad de que este plazo se extienda por cinco días hábiles improrrogables (2 de septiembre).
En lo que respecta a Marcela Sánchez de Bustamante, será citada para el lunes 29 de agosto a las 10 (fecha también prorrogable por cinco días hábiles, o sea, hasta el lunes 5 de septiembre). La síndica es cuestionada, básicamente, por incumplimiento de los deberes y atribuciones establecidos por el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad, del artículo 123 inciso 8 de la Ley 70 que fija la obligatoriedad de conformar y mantener el registro de auditores; y del artículo 122 inciso 2 de la Ley 70 que la obliga a conformar una Unidad de Auditoría Interna.
La decisión de agilizar los plazos lo antes posible fue celebrada por el macrismo, la izquierda, el ARI, y los bloques independientes que conforman la Comisión Investigadora, pero también por el ibarrismo. Es parte de su estrategia que este tema llegue a la Sala Acusadora, confiado de que, una vez allí, no se podrán juntar los 30 votos necesarios para suspender a Ibarra hasta que se pronuncia la Sala Juzgadora.
Sin embargo, fuentes ibarristas reconocen un alto grado de preocupación en torno a la decisión del juez Julio Lucini de citar al ex secretario de Seguridad, Juan Carlos López, a declarar como imputado en la causa Cromañón. "Esto podría implicar una futura citación a Aníbal sea totalmente tirado de los pelos y eso no nos conviene, más en medio del proceso de juicio político", afirmó un allegado a Ibarra.
Por último, cabe mencionar que el jefe de Gobierno deberá responder, entre otras cosas, sobre:
* La ineficaz e ineficiente política de habilitación, verificación y control de las actividades comerciales en el período comprendido entre agosto de 2000 y diciembre de 2004.
* El incumplimiento de la obligación legal de instruir en tiempo y forma los sumarios administrativos tendientes a deslindar responsabilidades respecto de las irregularidades advertidas por el propio Jefe de Gobierno en el área de la Dirección General de Verificaciones y Control (DGVyC), así como de radicar las correspondientes denuncias penales.
* El insuficiente e ineficiente asignación de recursos materiales y humanos para el desarrollo de las actividades de control comunal.
* El incumplimiento del artículo 132 de la Constitución porteña y del artículo 147 de la Ley 70 por obstrucción de la labor de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, e ineficiente ejercicio del control interno.
* La designación de funcionarios sin cumplimiento del requisito de idoneidad en la Sindicatura General de la Ciudad.
* La negligencia en la adopción de medidas adecuadas en respuesta a las alertas institucionales de la Defensoría del Pueblo, de las resoluciones de la Legislatura, y de las recomendaciones de la Auditoría.
* El ineficiente e irregular ejercicio del poder de policía de habilitación y control; y el direccionamiento arbitrario de los operativos de control de las actividades comerciales.
* El ineficaz e ineficiente política de previsión, coordinación y respuesta ante las emergencias en la Ciudad.
* El incumplimiento del Plan Maestro Metropolitano de Defensa Civil aprobado por el decreto 2252/99, así como de las disposiciones administrativas y judiciales especialmente en materia de habilitaciones.
