Durante el 2022, se presentaron varios pedidos de juicio político sin mucha repercusión. Pero luego del anuncio del presidente Alberto Fernández sobre llevar a cabo un juicio contra los miembros de la Corte Suprema todo cambió. “Hay que dejar en claro, que tanto el oficialismo como la oposición suelen utilizar los mecanismos constitucionales de destitución contra sus adversarios”, explicó Javier Romano, secretario Parlamentario del bloque Republicanos Unidos en la Legislatura porteña , en una entrevista con Noticias Urbanas (NU) .A partir de esto, Romano junto a su compañera de Seguimiento Legislativo, Cecilia Fleitas, elaboró un informe sobre juicios políticos basado en el seguimiento y análisis de los proyectos de resolución presentados durante el año legislativo.
De acuerdo al informe, el año pasado se presentó en el Congreso de la Nación 19 proyectos de resolución que promueven 26 pedidos de juicio político. Los diputados opositores que más proyectos presentaron son José Luis Espert de Avanza Libertad y Ricardo López Murphy de Republicanos Unidos. Ambos pidieron juicio político al Presidente de la Nación. En el otro lado de la contienda, los legisladores oficialistas con mayores pedidos de juicio son Eduardo Valdés y María Rosa Martínez. Los dos buscan destituir miembros de la Corte Suprema de Justicia.
Para seguir avanzando en esta discusión, es necesario conocer la definición exacta de juicio político. Romano explicó a NU que es una herramienta política ya que no depende, no obstante, de un proceso judicial y es el Poder Legislativo quien lo lleva adelante. Asimismo, agregó que es un mecanismo que no establece multas, ni envía a prisión a los funcionarios juzgados. Su mayor pena es la destitución del cargo. Por último, el Secretario Parlamentario de la Legislatura sostuvo que es una de las tantas herramientas de control hacia los otros dos poderes que establece la Constitución. ¿Pero es acaso lo que estos legisladores nacionales están buscando con estos pedidos? ¿O es todo parte de una guerra política?
Para responder esta, uno de los protagonistas, Eduardo Valdés, diputado nacional por la Capital Federal y miembro del bloque del Frente de Todos (FdT), conversó con NU y negó que haya una razón meramente política detrás de los pedidos de juicio. “Nosotros pedimos juicio por mal desempeño a la Corte Suprema”, se justificó Valdés. En primer lugar, el diputado habló del fallo respecto del Consejo de la Magistratura de la Nación. Valdés no dudo en tildarlo de inconstitucional ya que, según explicado, el Poder Judicial se adjudicó la facultad de legislar que no le corresponde al reestablecer una ley derogada por el Poder Legislativo.
En segundo lugar, Valdés destacó el mal manejo de las obras sociales del Poder Judicial. El legislador nacional detalló que existen diversas denuncias por parte de los usuarios de la cobertura médica. En tercer lugar, se refirió a la polémica de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Finalmente, el diputado de gravedad institucional la interpretación de los Crímenes de Lesa Humanidad a partir del fallo Muiña.
La abogada y asesora laborista Natalia Salvo ofreció un reportaje a NU donde sostuvo la misma postura que Valdés. “Si analizamos, no solo el año que acaba de pasar, sino también los anteriores, notamos que hay sobradas razones”, afirmó Salvo. Particularmente sobre el reciente conflicto entre Nación y Ciudad alrededor de la coparticipación, Salvo se mostró preocupada por los chats que involucran Silvio Robles, mano derecha del presidente de Corte, Horacio Rosatti, en donde ofrece asesoramiento a Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia del gobierno porteño. “Robles integra la vocalía del actual Presidente de la Corte, por lo tanto, tenemos al Poder Judicial asesorando a la Ciudad en un fallo que también involucra intereses federales”, insistió Salvo.“Esto es absolutamente escandaloso”, cerró.
A partir de estos dos testimonios, uno podría concluir que los pedidos de juicio político por parte del oficialismo son legítimos. Sin embargo, en una entrevista con el abogado constitucionalista, Félix Lonigro, se llega a la conclusión de que hay más de lo que muestra este fenómeno. “El hecho de que sea una tarea complicada denota que hay una clara razón política”, afirmó Lonigro. “El procedimiento no es para nada fácil”, aseveró. Para entender los dichos del abogado, es fundamental conocer el proceso.
En primer lugar, el legislador debe presentar un pedido de juicio político ante la Comisión de Juicio Político. Para obtener un dictamen favorable, el proyecto -que cuenta con un estado parlamentario de tres años- debe tener una aprobación de la mitad más uno. Según explica Lonigro, dada la conformación de la Comisión en la Cámara de Diputados, el oficialismo difícilmente no conseguirá un dictamen favorable. Pero incluso con esta instancia ganada, el procedimiento sigue siendo una faena.
Para obtener el dictamen favorable, la Comisión debe juntar las pruebas y testimonios. Eso significa que en la primera instancia no hay acusados sino preacusados. En el caso del pedido de juicio a la Corte, hay alrededor de 50 declaraciones de testigo. Y según Lonigro, la mitad ni siquiera son testigos. “El testigo es un auxiliar de la Justicia que cuenta lo que percibió a través de los sentidos”, explicó el abogado. “En ese sentido, Zaffaroni no es un testigo, es una mera opinión”, resaltó Lonigro. La elección del kirchnerismo de Eugenio Zaffaroni como testigo llama la atención porque hace dos años, en su rol como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, votó a favor de un fallo que determina que los jueces no pueden ser sometidos a juicio político elección por el contenido de sus sentencias.
En el caso de que el pedido de juicio político obtenga el dictamen favorable, este se somete a votación por parte de los integrantes de la Cámara de Diputados. Para que pueda pasar a la Comisión de Juicio Político del Senado, Comisión y Cámara que tienen un reglamento que difiere con el de Diputados, debe obtener un apoyo de nada menos que dos tercios de la Cámara. En el caso prácticamente inédito de que esto suceda, se repite todo este mismo proceso, pero en el Senado. Aquí, Lonigro resaltó el hecho de que este gobierno peronista es el primero, desde 1983, en no tener mayoría en el Senado. Pero si incluso la tuviese, el abogado explica que para obtener los dos tercios es imprescindible contar con apoyo que exceda la mayoría del partido.
Ante este panorama, resuena aún más la pregunta de qué incentiva a cualquier bloque someterse a este tedioso procedimiento. Desde el lado del oficialismo, Lonigro sostuvo que es una aventura del gobierno. “La respuesta no es ni técnica, ni pasa por el Derecho Constitucional afirmó”, el abogado. “La respuesta es que este es un gobierno que está en caída libre. Le quedan 300 días de velatorio institucional. Para no mostrar que está muerto, busca dar signos de vida a través de este ejercicio de poder que es absurdo porque saben que es una batalla perdida, pero prefieren esto y no dormir la siesta del fallecido”, ratificó Lonigro. Para sumar más leña el fuego, Lonigro agregó que esto se correlaciona con el hecho de que Alberto Fernández sabe que muy probablemente no sea elegido como candidato de su espacio.“Sería un suicidio para el FdT”, marcó el abogado.
Desde el lado de la oposición, Lonigro afirmó que se trata más de un contraataque. “La oposición juega a no quedarse en la defensiva”, sostuvo el abogado. Los números parecen confirmarlo. De acuerdo al informe de Seguimiento Legislativo, del total de pedidos de juicio político presentados el año pasado, el 90% corresponde a la oposición. Y no es de extrañar que el Pro se ubique en primer lugar con un total de 8 pedidos de juicio contra el Presidente, vicepresidente y ministros del oficialismo nacional. Con respecto a este tipo de juicios, la abogada Salvo no escondió su malestar. “Es muy grave el pedido de juicio político al Ejecutivo”, afirmó Salvo. “A uno le puede gustar más o menos Alberto Fernández o Mauricio Macri, pero fueron los dos votados por el pueblo argentino. Si la sociedad está o no de acuerdo con un cierto programa de gobierno, tiene las instancias electorales para hacerlo saber. Incluso existe el derecho de peticionar a las autoridades”, destacó la abogada.
De ambos lados, saben que ninguno de estos pedidos llegará a buen puerto. Y más aún estando tan próximo a las elecciones que cambiaran la configuración actual del Congreso. En una política totalmente judicializada, los medios de comunicación son el Coliseo en donde se dan las batallas y los pedidos de juicios políticos los instrumentos para luchar. La pregunta es si el pueblo es el que mira desde las gradas o por el contrario, si son los gladiadores cuya fortuna depende de la dirección del pulgar de los emperadores que nos gobiernan.
