El gobierno nacional amplió la recusación contra los jueces de la Corte Suprema en la causa por la coparticipación. La presentación, con la firma del Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, menciona el pedido de juicio político contra los magistrados y los supuestos chats entre un oficial del máximo tribunal y el exministro porteño Marcelo D”Alessandro.
En diciembre, el Ejecutivo ya había recusado a los cuatro jueces de la Corte Suprema -Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti- y había presentado un pedido de revocatoria del fallo, un recurso cuestionado por muchos juristas.
Ahora, planteó que para resolver la recusación los jueces de la Corte no pueden convocar a conjueces, elegidos entre los presidentes de las Cámaras Federales de todo el país.
La presentación sostiene: “A todo evento, y si bien están configuradas circunstancias que justifican sobradamente la recusación aquí articulada, solicito que los señores jueces integrantes del Tribunal se excusan de intervenir de aquí en más en el trámite de estos actuados, por razones de decoro y/o delicadeza vinculados con el ejercicio de la función jurisdiccional”.
En el caso de Rosatti, la ampliación de la recusación se basa en la aparición de dos hechos “nuevos”: los supuestos chats entre D’Alessandro y su secretario privado, Silvio Robles, y el juicio político que tramita ante el Congreso.
Sobre el final, la presentación reclamar que los jueces del máximo tribunal podrían nombrar conjueces para resolver la recusación presentada en diciembre, tal como se establece en el artículo 22 del Decreto-Ley N° 1285/58, ratificado por la Ley N° 14.467, que prevé que en los casos de “recusación, excusación de alguno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, este tribunal se integrará, hasta el número legal para fallar, mediante sorteo entre los presidentes de las cámaras nacionales de apelación en lo federal de la Capital Federal y los de las cámaras federales con asiento en las provincias”.
A fin de año, el máximo tribunal dictó una medida cautelar a favor de la administración porteña en su reclamo por la coparticipación . Dispuso que el gobierno nacional vuelva a girarle diariamente los fondos que le habian quitado. El gobierno de Alberto Fernández recusó a los jueces y pidió una revocatoria del fallo. Por su parte, el gobierno de Horacio Rodriguez Larreta denunció que la administración nacional no estaba cumpliendo la resolución y que los bonos que se anunciaron para pagar no era la vía adecuada.
Luego de esas presentaciones se filtraron los chats ilegales entre D’Alessandro y el asesor de Rosatti. Eso disparó una catarata de denuncias penales, aunque un juez federal, Sebastián Ramos, ya archivó una denuncia argumentando que los mensajes se adquirieron de manera ilegal. En la Ciudad sospechan que ese fallo se replicará en otras causas abiertas.
