Durante un tercer encuentro, que se realizó este jueves, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados aprobó la resolución de admisibilidad que permitió abrir el juego político y darle lugar a las denuncias contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia por mal desempeño.
El oficialismo logró imponerse con 16 votos a favor y 15 en contra para comenzar el proceso contra los magistrados: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
En el escrito – que contiene doce páginas – se encuentran los catorce expedientes y solicita “declarar la admisibilidad y apertura de sumario de investigación”. Y agrega que el juicio político – ya sea en forma individual o concurrente – son “por las causales de mal desempeño y/o la eventual comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones”.
Resolución de admisibilidad art 9_230209_123727
Asimismo, en la resolución se advierte que “el tenor de las denuncias – de ser probadas – serían el preludio de una situación de extrema gravedad institucional que implica la ruptura de la armonía” dentro de un régimen republicano y democrático.
Por su parte, la presidenta de la comisión Carolina Gaillard (FdT) expresó: “Ninguno de los poderes del Estado, ni sus integrantes, están exentos del escrutinio en el ejercicio de sus funciones”.
El diputado Leopoldo Moreau (FdT) arremetió contra la votación negativa de JxC: ” Negarse a abrir la investigación es cerrar los ojos frente a uno de los poderes más corruptos que lamentablemente tiene el sistema republicano”.
Una posición por fuera de la grieta política
El debate comenzó con los cruces entre el oficialismo y la oposición porque la resolución se dio a conocer a los legisladores minutos antes de dar inicio a la reunión de comisión. El diputado Alejandro “Topo” Rodríguez (Interbloque Federal) fue uno de los que planteó un cuarto intermedio para leer el escrito, ya que lo recibió “pasadas las 10 de la mañana”, pero no se le dio lugar al pedido.
El diputado, que se encuentra por fuera de la “grieta”, manifestó que no existen elementos que se enmarquen en el Art. 53 de la Constitución Nacional, lo que implica que no hay justificativos para la “apertura de sumarios de investigación en los términos del art. 9 del Reglamento Interno de la Comisión de Juicio Político” de Diputados.
La postura de Juntos por el Cambio
Cabe destacar que el interbloqueo de Juntos por el Cambio presentó un pedido de inadmisibilidad de juicio político a la Corte y defendió la postura de que “el mal desempeño o la mala conducta no requiere de comisión de un delito, sino que, para separar a un magistrado, sólo basta la demostración de que no se encuentra en condiciones de desempeñar el cargo en las circunstancias que los poderes públicos lo exigen”.
El radical Mario Negri sostuvo: “Estamos en presencia de la malversación del instituto constitucional del juicio político” y, que los jueces de la Corte Suprema “no han incurrido en delito o mal desempeño. Las causales son artificiales y dogmáticas, carecen de sustento real”. Y sentenció: “Este proceso es producto de 16 años de conflicto entre el kirchnerismo y el Poder Judicial y ahora se agudiza porque se conoció una sentencia condenatoria de la Vicepresidenta”.
La Coalición Cívica avanza contra Lorenzetti
Sin embargo, la postura que mantuvieron los diputados de la Coalición Cívica, Juan Manuel López y Paula Oliveto , fue la de presentar una segunda propuesta, en la cual se manifiesta la voluntad de continuar con el pedido de juicio político a Lorenzetti.
Pero López aclaró que “la posición conjunta de JxC no tiene ninguna contradicción en relación a nuestra decisión como Coalición Cívica de impulsar un expediente contra uno de los magistrados” y criticó: “El juicio político que promueve el FdT contra la totalidad de los miembros de la Corte representa una modificación del orden democrático porque socava la independencia del Poder Judicial que es un elemento del Estado democrático”.
Ahora, se dará inicio a la etapa de investigación a través de la recolección de pruebas y testimonios. El plazo que se estima para dicho proceso es de tres meses y el oficialismo tendrá hasta tres años para debatirlo en el recinto de la Cámara baja.
