El juez federal en lo Contencioso Administrativo, Walter Correa, intimó al gobierno nacional a que resuelva un pedido de la administración porteña para avanzar con el proceso de importación de 60 pistolas Taser, que está frenado.
El debate por estas pistolas no letales fue reinstalado el martes por funcionarios del gobierno porteño luego del asesinato de la policía de la ciudad Maribel Zalazar, en Retiro . El fallo de Correa es de la semana pasada.
El juez hizo una acción de amparo por mora promovida por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta contra la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). El reclamo era para que este organismo, que depende del Ministerio de Justicia, definiera un expediente sobre la importación de 60 pistolas Taser.
“La Administración tiene el deber jurídico de pronunciarse expresamente frente a las peticiones de los particulares”, dijo el juez Correa en su resolución del miércoles de la semana pasada. El magistrado agregó que la ANMAC en la causa “no acreditó la existencia de obstáculos insalvables que justifican la mora”.
Así, el juez intimó a la ANMAC -que depende del Ministerio de Justicia de la Nación- para que en 30 días resuelva el expediente administrativo que inició el gobierno de la ciudad por las Taser.
Los antecedentes
En 2020, el gobierno de la ciudad inició el proceso de compra de 60 pistolas Taser, modelo X2 para la policía porteña. Son armas consideradas no letales y se utilizan en determinados lugares con aglomeración de personas donde el uso de armas de fuego puede ser peligroso, como estaciones de trenes, subtes. Las Taser disparan una descarga eléctrica que paraliza a la persona.
Las Taser son importadas y para su ingreso al país requieren la autorización de la ANMAC. En primer momento su titular Ramiro Urristi la autorizó. Pero luego dejó el cargo. El gobierno porteño dijo que fue echado por una pelea ideológica; Un sector del kirchnerismo rechaza a las Taser por considerar que su utilización viola los derechos humanos.
Con la llegada del nuevo titular se despide la autorización. El gobierno de la Ciudad avanzó con el trámite pero la ANMAC nunca lo resolvió a pesar de los distintos planteos que se hicieron. Así presentó en la justicia un amparo para que se le ordene al organismo resolver el planteo.
“Atendiendo que la demandada no acreditó la existencia de obstáculos insalvables que justifican la mora y habiendo transcurrido un plazo razonable sin que la autoridad administrativa competente dicte resolución en el expediente administrativo, corresponde hacer lugar a la acción intentada”, resolvió el juez Correa.
El magistrado explicó en su resolución de cinco páginas los alcances de un amparo por mora y sostuvo que no hay argumentos que avalen que el expediente de las Taser no se haya resuelto. La ANMAC explicó en la causa que por los casos de coronavirus “dificultó y ralentizó la búsqueda de expedientes –que no han sido digitalizados en forma completa– y el dictado de los actos administrativos correspondientes”.
El juez aclaró que el fallo “no significa que la administración deba pronunciarse en un sentido o en otro, sino tan sólo que debe expedirse; limitándose exclusivamente a vencer la inactividad formal y quedando fuera de su ámbito un pronunciamiento sobre la legalidad de la respuesta, la que, en su caso, podrá ser cuestionada por el interesado por las vías que correspondan”.