A poco más de un mes de que se concretara el primer nacimiento fruto de la aplicación de la Ley de Fertilización asistida en terreno provincial, la temática parece encaminarse, tanto en Ciudad como en Nación.
Con un dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados, el proyecto de la diputada PRO, Silvia Majdalani, se debatirá en una sesión especial este miércoles 30 de noviembre. Mientras tanto, en suelo porteño, e igualmente con un dictamen de mayoría, la iniciativa espera pasar al recinto próximamente.
En relación al proyecto impulsado en la Cámara Baja, que al igual que otros están a la espera de tratamiento desde hace años, obliga a ?brindar la atención, el diagnóstico y el tratamiento de la infertilidad mediante la aplicación de técnicas de fertilización asistida y los fármacos que ésta requiera".
En sintonía, advierte sobre la "obligatoriedad" de la cobertura y la considera sólo exigible en "pacientes que no tengan hijos fruto de la unión de esa pareja", e incluye la atención por "potenciales efectos adversos que produjera el tratamiento y/o asistencia psicológica que el médico interviniente considerara apropiada".
El dictamen, sin embargo, no especifica si el alcance del proyecto es para matrimonios legalmente constituidos o incluye a aquellas parejas que viven en concubinato.
Por otra parte, y conocida la noticia en el Congreso, la legisladora María Elena Naddeo, presidenta de la Comisión de Salud, celebró el adelanto en la materia, al tiempo que detalló el estado actual de la iniciativa, de la que ella es autora, en la Legislatura.
La representante del bloque Frente Progresista y Popular definió a la maternidad y a la paternidad ?como un derecho?, y afirma que debe existir un tratamiento integral con acompañamiento psicológico en todo el proceso, gastos de medicación, insumos y estudios previos, cobertura del embarazo parto, posparto y cuidados neonatales.
A fin de garantizar la igualdad de género, Naddeo expresó que ?más allá de su orientación de género, es parte de las aspiraciones de mayor igualdad entre todos los seres humanos reconocer una realidad diversa en que las familias están unidas por los sentimientos, sin ningún tipo de discriminación?.
"Los derechos a la salud sexual y reproductiva comprenden ciertos derechos humanos que han sido reconocidos en leyes nacionales, documentos de derechos humanos internacionales y otros documentos de consenso. Son aquellos derechos humanos que toda persona, varón o mujer, sin importar su condición social, edad, etnia, religión, estado civil y orientación sexual, tiene al ejercicio pleno, libre y responsable de su sexualidad, centrada -o no- en la procreación", dice el dictamen, que fue elaborado en base a cuatro proyectos consensuados entre Naddeo, Eduardo Epszteyn (Frente Progresista y Popular), Laura García Tuñón (Proyecto Sur) y María José Lubertino (Encuentro para la Victoria).
Un relevamiento de la Consultora Eges da cuenta de la polémica que genera no sólo el tema en su conjunto, sino también en aspectos puntuales como ?donaciones de gametos, alquiler de vientre, embriones congelados, implantación de embriones, embriones que la pareja o la mujer decidiera no implantarlos, investigación y donación?.
El informe señala además que hay una serie de ítems que deberán ser tenidos en caso de que prospere la iniciativa: ?identidad de las personas nacidas de gametos donados, conocer a sus padres biológicos, si los donantes serán anónimos, qué criterio se utilizará respecto de las donaciones de gametos. En virtud de estos aspectos es necesario debatir un marco regulatorio que les otorgue resguardo jurídico.
Según datos de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (SAMER) en la Ciudad se hacen aproximadamente 10.000 tratamientos de baja complejidad y 6.000 procedimientos de fertilizaciones in vitro por año.
