“El jueves, el oficialismo de la Ciudad de Buenos Aires intentará que la Legislatura rechace la iniciativa popular que impulsa un parque público en la totalidad de la superficie de los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco, en Costanera Norte”, aseguraron desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad.
“El rechazo al proyecto de ley será inconstitucional porque no se habrá cumplido con la convocatoria a audiencia pública obligatoria prevista en el art. 63 de la Constitución de la Ciudad que dispone que esta debe realizarse ‘antes del tratamiento legislativo de proyectos de normas de edificación, planeamiento urbano, emplazamientos industriales o comerciales, o ante modificaciones de uso o dominio de bienes públicos’. Nos encontramos frente a un proyecto de ley relacionado con el planeamiento urbano y con modificaciones al uso de bienes públicos. La audiencia pública obligatoria debió haberse convocado antes de la sesión en la que el oficialismo pretende rechazar la propuesta de la iniciativa popular”, explicaron desde el Observatorio.
Y además, agregaron: “En caso de aprobación de la iniciativa popular, la audiencia pública se realizaría con posterioridad de acuerdo al proceso de doble lectura. Pero, en el caso de rechazo, no quedaría ninguna oportunidad para que se convoque a audiencia pública porque el proceso de debate parlamentario para la iniciativa popular habría terminado. Es decir, se habría realizado el tratamiento legislativo pero sin la convocatoria a audiencia pública. Por este motivo, en caso de que la Legislatura rechace la iniciativa popular, este rechazo sería inconstitucional por no haber cumplido un requisito constitucional esencial como es la convocatoria a audiencia pública obligatoria”.
Desde el Observatorio le pidieron “al cuerpo legislativo que respete la Constitución de la Ciudad, que afecte los terrenos de Punta Carrasco y Costa Salguero, en su totalidad, a espacios verdes públicos que funcionen como biocorredores y lugares donde la ciudadanía pueda recuperar su derecho al río y al horizonte”. Y agregaron: “No queremos más torres ni cemento en la Costanera que agravarán el efecto de la isla de calor en la Ciudad”.
En diciembre de 2019, se aprobó la Ley N° 6.289 que transformó la autorización de la Ley de creación del Distrito Joven para concesionar el predio de Costa Salguero en una autorización para venderlos, es decir privatizarlos definitivamente.
Este fue el inicio del ciclo de la venta bajo la condición de la aprobación de otra ley que otorgue capacidad constructiva al predio. Lo que se vendía era un parque público según la planificación de la Ciudad, por lo tanto, el Gobierno porteño necesitaba una nueva norma urbanística para poder construir. El actual Código Urbanístico, aprobado en el año 2018, establecía que el predio de Costa Salguero luego de finalizada la concesión en el año 2021, debía transformarse en un Parque Público Recreativo, Cultural y de Esparcimiento. En síntesis, se estaba pretendiendo transformar un predio que en su totalidad debía ser un parque público, en un muro de cemento entre la ciudad y su río.
La entrega de varias hectáreas de la costanera para la especulación inmobiliaria fue decidida sin la convocatoria a ninguna instancia de participación ciudadana. La inconstitucionalidad no era solo de forma sino también de fondo. La privatización definitiva del predio viola flagrantemente la Constitución y el Plan Urbano Ambiental que dan un destino ambiental y social a la costanera, muy diferente a la propuesta de seguir extendiendo el modelo de urbanización de Puerto Madero hacia el norte.
A principios del año 2020, el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC), el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), la Fundación Ciudad y Gabriela Cerruti (exdiputada nacional) presentaron una acción de amparo para solicitar la inconstitucionalidad de esta ley. El Tribunal de segunda instancia otorgó una medida cautelar ordenando suspender todo acto que implique disponer dichas tierras públicas. Ésta actualmente se encuentra vigente.
Con posterioridad, tanto en primera instancia como en segunda se obtuvo una sentencia de fondo que declaró inconstitucional la Ley N° 6289. El GCBA recurrió estas sentencias y actualmente se encuentra la causa judicial radicada ante el Tribunal Superior de Justicia que deberá decidir en los próximos meses.
En esta causa, se planteó la violación de los mecanismos constitucionales de participación ciudadana y la violación del principio de progresividad ambiental. La Ciudad de Buenos Aires se encuentra en emergencia ambiental y climática. La temperatura máxima en la Ciudad viene aumentando significativamente desde 1960. Sin embargo, en lugar de adoptar las medidas necesarias para su mitigación, el modelo urbano que hace décadas se consolida ha potenciado el fenómeno de calentamiento a partir de la ocupación del entorno ribereño y de la privatización sistemática de las superficies verdes públicas.
En este marco, el 16 de mayo de 2022 se presentó la iniciativa popular en la Legislatura. El oficialismo en la Legislatura dejó pasar meses y meses sin tratarlo.