La propuesta del jefe de Gobierno Aníbal Ibarra de reducir los integrantes de las futuras Juntas Comunales de siete a uno -por entender que una mayor cantidad acarrearía un aumento del gasto público- provocó una serie de reacciones en diversos sectores políticos.
Ibarra realizó este planteo -que de llevarse a cabo implicaría una reforma constitucional- luego de que el juez Juan Vicente Cataldo ordenara a las comisiones legislativas a las que fueron girados los diferentes proyectos de ley de Comunas que emitan un despacho en el plazo reglamentario y que, si al realizarse los próximos comicios porteños no estuviera sancionada la ley, se elija igualmente a las Juntas Comunales, utilizando las estructuras de los 16 actuales Centros de Gestión y Participación (CGP’s).
El legislador porteño Jorge Mercado (Movimiento Generacional Porteño) anticipó que apoyará el llamado a una reforma de la Constitución de la Ciudad pero para impedir que se avance con la Ley de Comunas. Sostuvo que "sería un insulto y una falta de respeto a la gente si desde el poder político se sanciona este proyecto, porque significa un aumento en el gasto político, un incentivo al clientelismo político y sería tirar la plata del presupuesto a la basura". Recordó que "actualmente funcionan 16 Centros de Gestión y Participación" y que "es desde este lugar donde se debe desarrollar la descentralización administrativa y política de la Ciudad, con la elección por voto directo de los directores".
Su compañero del Interbloque Porteño, Ricardo Busacca (Partido Popular Cristiano) coincidió con la postura de apoyar la reforma constitucional pero, a diferencia de Mercado, no fustigó a la ley de Comunas. Más bien, aceptó la votación de los directores como "un paso más que positivo ante la manifiesta reticencia de los grandes partidos a votar una Ley de Comunas que descentralice el poder y amenace los cotos clientelistas". "El Jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, luego de postergar cinco años la sanción de la Ley de Comunas y obligado por un fallo judicial, por fin se decide a promover la elección de los directores de los CGP’s para que dejen de ser fruto del acomodo político", afirmó Busacca. Luego se preguntó: "¿Cómo Ibarra, siendo constituyente en 1996, recién se percató de impulsar una reforma constitucional para modificar la composición de las Juntas Comunales cuando llega a jefe de Gobierno?"
Por su parte, el legislador radical y candidato a jefe de Gobierno Jorge Enríquez manifestó su rechazo a la propuesta de reformar la Constitución. Sostuvo que "el número de integrantes de las Juntas Comunales es opinable. Lo que no es opinable es que una vez que la Constitución determina algo, es un deber ineludible de los ciudadanos y, antes que nada, de los funcionarios públicos, cumplirlo. Ibarra ha faltado a ese deber, por razones muy distintas a su actual supuesta preocupación por el gasto público y ahora crea esta cortina de humo para desviar la atención luego del severo apercibimiento que le hizo la Justicia". Para Enríquez, "es falaz que las Comunas vayan a engrosar el gasto" y añadió que un proyecto de ley de su autoría propone que los miembros de las Juntas, con la excepción del presidente, se desempeñe ad honorem. "El verdadero motivo de la decisión de Ibarra y (del secretario de Descentralización) Ariel Schifrin de congelar la descentralización -prosiguió Enríquez- es el miedo a la gente".
El dirigente del Movimiento Nacional y Popular por la Capital Federal, Daniel Rodríguez Paz, se mostró complacido de que en las próximas elecciones los porteños puedan votar sus representantes comunales. El auditor porteño también indicó que "no es cierto que se incorporarán más gastos en personal por la creación de las Juntas Comunales, pues se tendrán que derivar partidas presupuestarias hoy utilizadas por los Centros de Gestión y Participación".
A su vez el ex subsecretario de Vivenda Eduardo Jozami, quien pertenece al ARI Capital, apoyó la sentencia judicial y defendió el texto de la Carta Magna porteña. Aseguró que "la propuesta de convocar a una reforma constitucional para reducir la integración de las Juntas Comunales a un único miembro es otro intento de dilatar el proceso de descentralización".
