En esta última causa, Héctor Daniel Marchi, responsable del manejo de los fondos de la Corte y uno de sus funcionarios más poderosos, había recusado a los cuatro ministros del máximo tribunal, pero Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda volvieron a ratificar este jueves que seguirán interviniendo. Solo aceptaron el apartamiento de Lorenzetti, que pretendía que los cuatro dejaran el expediente. Se trata de un caso por daños y perjuicios que Marchi promovió contra Elisa Carrió.
Lorenzetti había sostenido que la “regla general” de la Corte es que los jueces se excusen en las causas que les lleguen en las que sean parte funcionarios del tribunal. También hizo alusión a que está previsto que Marchi sea citado a declarar en la Comisión de Juicio Político donde se investiga a todos los ministros de la Corte, y afirmó que “la excusación por razones de decoro corresponde toda vez que quien deba declarar en un juicio político iniciado contra jueces que deben resolver su causa, puede sentirse limitado o condicionado en su declaración”. Los otros tres jueces le contestaron que no estaban de acuerdo.
Respondieron que “la circunstancia de que un funcionario del tribunal sea parte en el pleito y pudiera ser citado a declarar en un juicio político no configura ninguna de las hipótesis previstas” por la ley para que los ministros de la Corte dejen un caso. En el alto tribunal hay quienes sostienen que la recusación de Marchi a los jueces de la Corte es un “caballo de Troya”, que incluye los mismos argumentos que viene planteando Cristina Kirchner para correr a los ministros en las causas que la involucran y podría abrir la puerta a futuras recusaciones.
Marchi lleva 16 años como administrador general del máximo tribunal y maneja un presupuesto de unos 150.000 millones de pesos. Es un funcionario históricamente ligado a Lorenzetti. En 2016 fue denunciado por Carrió por enriquecimiento ilícito, pero la causa -que también apuntaba contra Lorenzetti- fue cerrada en los tribunales de Comodoro Py. En respuesta, Marchi demandó a la exdiputada. Pretende una indemnización.
La Cámara Civil elevó el caso a la Corte para que definiera si las acusaciones de Carrió contra Marchi (que incluyeron fuertes declaraciones públicas) estaban amparadas por sus fueros como legisladora. La Cámara entendió que no y que si la condenan, Carrió tendría que responder con su patrimonio. Pero la última palabra la tendrá la Corte. Según lo resuelto este jueves, lo decidirán Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda, porque a Lorenzetti le aceptaron la recusación.
El caso de la obra social
En paralelo, también el jueves, la mayoría de la Corte respondió a una decisión del 4 de abril pasado de Lorenzetti contra un informe sobre el manejo de la obra social del Poder Judicial hecho por el directorio de esa entidad (manejo que es uno de los argumentos del oficialismo en su pedido de juicio político a la Corte).
Lorenzetti cuestionó en duros términos el informe y dijo que se sentía “en la obligación” de actuar porque no había existido respuesta de los otros ministros, y que correspondía “declarar nulo” el documento e iniciar el “procedimiento legal correspondiente”.
En su resolución, Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda afirman, ante todo, que esa “nota” presentada por Lorenzetti no puede ser interpretada como una “resolución o acto dispositivo por sí y ante sí, pues en tal hipótesis se trataría de una decisión manifiestamente nula por carecer quien la suscribe de competencia”. Los tres ministros manifiestan que para ser una resolución necesitaría tres firmas.
Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda dicen que las condiciones de la presentación de Lorenzetti hacen que deba ser tramitada “como un requerimiento adicional de información” al directorio “sobre las observaciones allí formuladas” y, por eso, se limitan a “remitir las actuaciones a la Obra Social del Poder Judicial para que manifieste lo que estime corresponder respecto a las observaciones realizadas por el doctor Lorenzetti”.
Mientras tanto, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados decidió citar como testigo a Aldo Tonon, exdirector de la obra social del Poder Judicial. Deberá presentarse el martes próximo.
