Este martes, en el medio de un día agitado por la suba del dólar blue y la renuncia del jefe de asesores de la Presidencia Antonio Aracre, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados avanzó contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti).
Cabe recordar que en la convocatoria anterior se analizó el fallo Muiña (2×1) y la comisión – que preside la diputada nacional Carolina Gaillard (FdT) – recibió al exministro de Justicia Germán Garavano; a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto y a los periodistas Silvana Boschi, Martín Granovsky, Ignacio Miri, Irina Hauser y Luciana Bertoia.
Asimismo, en una nueva audiencia testimonial, los legisladores nacionales indagaron sobre las posibles desviaciones en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.
Para ello, fueron citados a declarar Aldo Tonon (exdirector de OSPJN), Melisa Solana (OSPJN), María Cristina Interlandi (médica legista y perito de la CSJN), Oscar Fernández (quien fue parte de una auditoría ordenada por la CSJN Acordada 22/2021), María Guadalupe Burgos (funcionaria de la OSPJN), Laura Coulin y Liliana de Brito (trabajadoras judiciales afiliadas a la OSPJN).
Al inicio de la reunión, Gaillard informó que Tonon, un hombre cercano al juez Maqueda, mandó una nota en el cual explicó que no asistiría debido a que tiene una causa judicial en curso y pidió que se lo eximiera de declarar ante la comisión.
El exdirector de OSPJN enfrenta una denuncia por presuntas licitaciones que favorecieron a empresas de Córdoba y, en las cuales, se utilizó dinero del Estado.
En tanto, tras una votación, solicitada por la titular de la comisión, se aprobó volver a citar a Tonon.
A su vez, el FdT informó que recurrirá a la Justicia para que garantice – mediante la fuerza pública – la presencia de Marcelo Mazzeo. El abogado fue citado como testigo, en dos ocasiones, por aparecer en los chats que se filtraron del exministro de Seguridad porteño Marcelo D´Alessandro, pero nunca apareció. Si bien dio explicaciones sobre su ausencia en las redes sociales, no lo hizo formalmente.
Mazzeo se defendió – en su momento – por Twitter: “Voy a dejar en claro que no me voy a presentar ante una Comisión de Juicio Político, que pretende utilizar como prueba de cargo lo que recoge de la excursión de pesca ilegal que ha emprendido. Las persecuciones políticas deben terminar en Argentina”.
Por su parte, la primera testigo en declarar fue María Cristina Interlandi y advirtió que “una limitación de los sistemas es que no se encuentran informatizadas en la obra social las autorizaciones de medicamentos que corresponde a cada afiliado y al no estarlo siempre es una dificultad”.
La diputada nacional Vanesa Siley (FdT) le consultó sobre la vacancia durante trece años del cargo de subdirector médico: “El cargo de subdirector médico estaba ejercido, de alguna manera, por alguna parte del personal de la institución”. Y explicó que siempre tiene que estar cubierto.
Además, Oscar Fernández, quien formó parte de la auditoría pedida por la Corte Suprema, explicó que “el presupuesto es una herramienta de gestión, que define cuál es el camino que se tiene que transitar y permite observar los desvíos entre la realidad y las expectativas” y que, en el caso de la obra social, observaron que no contaba con un presupuesto. Agregó que eso pasó durante un período de trece años.
Las acusaciones contra el máximo tribunal pasan porque la obra social, que presta servicios a los trabajadores del Poder Judicial, depende de los jueces y las irregularidades que se investigan indicarían la complicidad de los mismos.
Por otra parte, Melisa Solana: “Yo no tenía oficina privada, con lo cual cada vez que recibía a los auditores externos lo hacíamos como podíamos; y la documentación que requería la auditoría era siempre dirigida al Directorio”. La contadora aclaró ante la comisión que dejó su cargo dentro de la obra social por motivos personales y negó haber tener problemas con sus jefes.
Explicó que todas las irregularidades que se podían observar eran relevadas al Directorio, aunque, sentenció que no había un registro contable.
También, María Guadalupe Burgos fue otra de las testigos que respondió preguntas de los diputados nacionales. Burgos es funcionaria de la obra social del máximo tribunal y sobrina de la esposa del juez Maqueda. “Yo tengo la firma registrada en el banco para poder firmar los cheques y realizar transferencias de la obra social junto con otras personas, no es una única firma”, se defendió Burgos.
Antes las diferentes consultas de los legisladores oficialistas Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau, respondió que no sabía o se acordaba de los datos que le consultaban. En medio de los silencios entre las respuestas, el FdT seguía insistiendo y se vivieron momentos de mucha tensión por parte de la testigo.
Desde la oposición, el diputado nacional Juan Manuel López (CC) salió en su defensa y dijo que se le estaba preguntando por información especifica que ella no podía brindar porque no le correspondía saberlo.
Por último, las declaraciones de las trabajadoras judiciales afiliadas a la OSPJN cerraron la jornada. Coulin explicó que se sacó el certificado de discapacidad y le pidió la cobertura a la obra social. “En mi caso tardaron más de un mes para hacer el reintegro”, manifestó la afiliada. Agregó que tuvo que realizar los reclamos correspondientes vía mail casi todos los días. “Me gustaría que la obra social me dé la respuesta en tiempo y forma y con estoy tranquila”, finalizó.
De Brito, también afiliada de la obra social, informó que a su hijo le diagnosticaron trastorno de déficit de atención con hiperactividad y denunció que “a partir del año 2017 se le sacó el certificado de discapacidad”. Además, explicó que los reintegros eran por cheque y que tenía que ir a cobrarlo en horario laboral porque necesitaba el dinero, ya que ella es el único sustento familiar de su hijo. Y explicó que las demoras eran hasta de cuatro meses y no tenía con qué pagar los tratamientos para el hijo.
La Comisión de Juicio Político continuará con el tema de la obra social la próxima semana y recibirá a nuevos testigos.
