Este martes, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados volvió a reunirse en otra jornada de audiencia testimonial contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti).
En esta ocasión fueron citados: Aldo Tonon (exdirector de OSPJN), Gustavo Montanini (Docente UBA), Sebastián Clerici (Secretario letrado CSJN), Enrique de Vedia (Prosecretario letrado CSJN), Enzo Canónaco (Médico Legista), Valeria Díaz (Afiliada OSPJN), Laura Ambrosio (Afiliada OSPJN) y Daniel Marchi (exadministrador general CSJN).
En el inicio de la comisión, la titular Carolina Gaillard (FdT) explicó que las audiencias de las afiliadas a la obra social, que fueron damnificadas (Valeria y Laura), se reprogramaron para el próximo encuentro debido a que se iba a extender la jornada.
Asimismo, la diputada nacional adelantó que habría tres ausentes. Canónaco informó que no asistiría por razones de salud, Clerici reprogramó su asistencia por el nuevo cargo que ocupa y Tonon – que fue citado anteriormente – envió una nota a través de su abogado, donde justifica su incomparecencia a partir de tener una causa judicial vinculada a las irregularidades de la obra social.
Por su parte, Gaillard informó que la diputada Vanesa Siley (FdT) incorporó una nueva prueba respecto a distintas resoluciones de la obra social que se les envió por mail a todos los diputados.
Y agregó que el 12 de abril le enviaron un oficio a la Corte Suprema requiriéndole información acerca de la obra social y que el viernes le reiteraron el pedido, ya que hubo una acordada que modificaba la organización funcional del máximo tribunal.
Además, la diputada nacional manifestó que recibieron la contestación y los jueces enviaron toda la documentación.
En tanto, el primer testigo en declarar fue De Vedia que explicó cómo fue la auditoría interna que llevó adelante en la obra social: “Para realizar el informe de auditoría de la obra social armamos una comisión interdisciplinaria en la que elaboramos un plan de trabajo y nos dividimos las tareas de recopilación y análisis”.
Y se refirió al funcionamiento de la obra social: “Es un organismo con autonomía de gestión, individualidad administrativa y financiera, que funciona bajo la dependencia directa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Luego, Montanini – que también fue parte de la auditoría – declaró: “Lo que podemos ver es que efectivamente hay algunos elementos que están identificados y otros ingresos que no, producto de que no hubo conciliaciones bancarias recurrentes por parte de la administración de la obra social”.
“Cuando uno hace un proceso de revisión, se basa en informes de auditoría interna y lo utiliza como disparador. Al no existir esos informes, por lo tanto, tuvimos que arrancar de cero, con trece años de proceso de revisión”, manifestó el docente, sobre los inconvenientes que tuvieron a la hora de realizar el trabajo.
En tanto, el relato más esperado por todos los miembros de la comisión fue el de Marchi, ya que estuvo al frente de la administración general de la Corte y fue removido de su cargo.
Desde la oposición, el legislador nacional Juan Manuel López (CC) aseguró: “Marchi es un testigo clave para la Coalición Cívica porque ha estado en la administración de la Corte desde que el Lorenzetti estuvo a cargo”.
En tanto, Marchi comenzó su testimonio hablando sobre su situación con respecto a una denuncia que tiene con la exdiputada nacional de la Coalición Cívica: “La situación en la que vengo a declarar es en el marco de una demanda civil que yo tengo con (Elisa) Carrió y la causa se encuentra en trámite”. Y adelantó que continuaría con el juicio en tribunales internacionales.
Durante su declaración, el exfuncionario denunció que recibió amenazas y persecuciones: “Yo he sufrido seguimientos. Hay amenazas contra funcionarios que han colaborado conmigo y hay cuestiones que exceden el tema de la obra social, que generan mucha presión en mí, pero no impide venir y contar la verdad”.
“Nuestro traslado fue una sanción encubierta, que incluyó a todas las personas que hemos trabajado en la auditoría de la obra social”, aseguró.
Además, apuntó contra Silvio Robles, el colaborador del juez Rosatti, que está implicado en los chats filtrados del exministro de Seguridad porteño Marcelo D´Alessandro, por las “operaciones de prensa, las amenazas y los seguimientos”.
Y responsabilizó al juez Maqueda por la mala gestión de la obra social debido a que fue él quien eligió a los directores y nunca hubo concurso.
“Yo estuve con siete ministros, a los cuales tuve que jurar dignidad, respeto y cuidado por la institución. Hoy realmente eso no sucede. Y va terminar como la obra social, ese es el final de todo”, sentenció Marchi.
A su vez, el exfuncionario les envió a los diputados una documentación de 20 mil fojas con todo lo que relevó durante su gestión. Por ello, la titular de la comisión anunció que lo volverán a citar el próximo jueves, ya que no llegaron con los tiempos para poder leer toda la información que llevó el exadministrador.
