Este martes, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados llevó adelante una nueva jornada de audiencia testimonial contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti).
En medio de la noticia sobre la decisión del máximo tribunal de suspender las elecciones en las provincias de San Juan y Tucumán, los diputados nacionales oficialistas se hicieron eco.
Por su parte, el jefe del Interbloque Germán Martínez (FdT) se refirió al fallo de la Corte sobre las elecciones y defendió la postura de su espacio de avanzar contra los jueces: “Cuando arrancamos el juicio político algunos se preguntaban ¿para qué se meten en estos temas si no le importan a nadie?, bueno, acá estamos”.
En la misma línea, se sumó el diputado Leopoldo Moreau (FdT) a las críticas contra el Poder Judicial. “No es un tema que esté en debate, en este momento, en la comisión, pero me parece que es de una gravedad institucional inusitada y ha sido protagonizada por la Corte”, interrumpió.
“A cinco días de elecciones en las provincias de Tucumán y San Juan, después de haber tenido durante meses en su conocimiento una causa vinculada a impugnaciones, la Corte o el retazo de la Corte que queda de (Héctor) Magnetto y (Julio) Saguier acaba de suspender las elecciones en San Juan y Tucumán”, manifestó Moreau.
Y agregó: “Esto viene a demostrar que ese retazo de la Corte tiene vocación proscriptiva”.
Al instante, el titular del bloque de la Coalición Cívica Juan Manuel López añadió: “Es interesantísimo el tema que acaba de plantear el diputado Moreau, pero prefiero seguir con la audiencia testimonial”.
Por otro lado, la investigación continuó en torno a las posibles irregularidades de la obra social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN) y al supuesto mal desempeño de los jueces por no supervisarla.
En este encuentro fueron citados a declarar: Héctor Daniel Marchi (exadministrador general CSJN), Nicolás Jacinto Serafini (contador Público) y Martina Forns (jueza Federal).
Al inicio de la comisión, la titular Carolina Gaillard (FdT) informó que la convocatoria del testigo Santiago Clerici (secretario letrado CSJN) – que estaba prevista para la jornada – fue reprograma debido a que iba a extenderse el tiempo porque había otros invitados.
Además, indicó que la diputada nacional Graciela Ocaña (PRO) propuso la ampliación de pruebas y citar a Julio Piumato, quien es secretario General de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación y secretario de Derechos Humanos de la CGT. La iniciativa fue aprobada por los legisladores.
Asimismo, la diputada oficialista Vanesa Siley solicitó incorporar nuevas pruebas. “Son las diversas resoluciones que designan a Marta Herrera Alem, tanto a cargo de la vocalía de Maqueda, como de la Vicepresidencia de la obra social”.
En tanto, la primera testigo en declarar fue la jueza federal y afiliada de la obra social Martina Forns. “Las peores circunstancias de mi vida fueron cuando necesité de la obra social y me dejó abandonada en la pandemia”, denunció.
La funcionaria contó la historia de su marido, que falleció en plena ola de contagios de Covid-19.
Allí habló sobre cómo la obra social no la ayudó y manifestó que desde un centro de salud, donde estaba internado su esposo, le pidieron que tenía que sacarlo de la terapia intensiva porque no había camas y su cuadro se estaba complicando: “Fue ahí cuando tomé conciencia y llamé a todos los lugares para preguntar quién me iba a asistir. No me daban soluciones”.
“Me decían que lo tenía que trasladar. Trataba de conseguir una ambulancia y pude llevarlo a un lugar, pero que no era de la obra social”, informó – emocionada – la jueza.
Además, se refirió a uno de los miembros de la Corte Suprema: “Mi marido estuvo internado dos meses y medio. Intenté comunicarme todos los días con la obra social y gracias a otra testigo que vino me ayudó a que le llegaran a Maqueda los mails que traje, haciéndole saber toda la situación que estaba pasando, pero nunca me llamaron para ver si necesitaba algo”.
Luego de retirarse la testigo, hubo cruces entre el oficialismo y la oposición por su testimonio. La diputada nacional Siley (FdT) aclaró que la hipótesis contra la obra social tiene que ver con lo que han testificado los auditores que autorizó la propia Corte y que a partir de allí analizaron las irregularidades y el posible mal desempeño.
“Las consecuencias son sobre los seres humanos. Si invitamos a testificar a personas que tuvieron problemas en su vida y en su salud o en la de sus familiares, seamos respetuosos. Lo grave es que les están arruinando las vidas”, pidió.
Desde la oposición, la legisladora Mariana Stilman (CC) se sintió aludida y respondió: “Hubo respeto total desde las preguntas. Yo también perdí a un familiar y no logré, en seis meses, que IOMA me autorizara un estudio”.
En tanto, el testimonio más esperado fue el del exfuncionario Marchi, que ya había declarado en una anterior reunión de la comisión y había denunciado que recibió amenazas, seguimientos y operaciones de prensa por parte de Silvio Robles (colaborador del juez Rosatti).
También, responsabilizó al juez Maqueda por la mala gestión de la obra social y lo acusó de elegir a los directores sin concurso.
Al inicio de su declaración, Marchi alertó sobre por qué fue desplazado de su cargo y culpó a Robles: “Denuncié la eliminación del mail oficial del Presidente de la Corte por pedido de Robles, vía Whatsapp, y el uso de un gmail suyo. Una situación gravísima sin mi consentimiento y con funcionarios bajo mi responsabilidad”.
“Las designaciones de personal de la obra social en la Corte, (Aldo) Tonon nunca lo pudo haber hecho solo porque necesitaba autorización de Maqueda”, informó.
Más tarde, apuntó contra Rosatti: “Además de no cuidar los ingresos perdidos por (Mariano) Althabe, que no son ni más ni menos que para atender la salud de 100 mil afiliados, manejó de manera informal otros ingresos que corresponden a la obra social”.
“Sin contabilidad integrada y con informalidad, la corrupción está asegurada”, le respondió el exfuncionario al diputado Martínez (FdT), sobre su pensamiento en cuanto a la falta de controles en la administración de los gastos.
En tanto, el exasesor amplió su declaración y anunció: “Quiero denunciar el posible otorgamiento de contratos para intentar negociar fallos, que podría convertirse en delito, en función del pedido de contratos del señor Silvio Robles por orden del doctor Rosatti para la Cámara de Casación”.
En otra jornada, las palabras de Machi generaron más interrogantes sobre el accionar de los jueces del máximo tribunal. Las acusaciones y la presentación de pruebas, que se les entregó a los legisladores, se incorporaron a la investigación que está llevando adelante la comisión.
Por otra parte, otro de los testigos fue el contador público Nicolás Jacinto Serafini, quien fue auditor de los balances de la obra social del Poder Judicial. “No los conozco y no tengo vínculo”, inició el contador, respecto a los jueces de la Corte Suprema.
“Llegué en el año 2008 para hacer el trabajo de auditor de estados contables”, dijo Serafini, pero aclaró que faltaba auditar balances de años anteriores.
“El balance 2005 no tenía una auditoría realizada. En realidad había información que me fue presentada como balance, que a mi entender no cumplía con los requerimientos de uno, pero internamente lo llamaban así”, ratificó el contador. Y agregó: “En 2006, no hubo balance”.
A su vez, manifestó que su trabajo contable no fue legalizado, salvo en los años 2020 y 2021 y, que desconocía esa decisión. A su vez, informó que el contacto que tenía era con el Directorio de la obra social, quien era el responsable de realizar los balances.
Al cierre de la jornada, el diputado López volvió a referirse al accionar de la Corte sobre la suspensión de las elecciones en los dos distritos: “Este proceso se inició después de que la Corte Suprema, en diciembre, sacó una cautelar que el Gobierno decidió incumplir y fue de una gravedad nunca vista”.
Aunque aclaró que “Cristina Kirchner nunca desobedeció fallos de la Corte”, y expresó que “las dos cautelares son totalmente consistentes con los precedentes de La Rioja y de Río Negro en 2019 y de Santiago del Estero en 2013”.
“No vaya a ser cosa de que ahora amplíen el juicio político por estos hechos y estemos acá no se sabe hasta cuándo atacando a una Corte”, advirtió el legislador de JxC.
En cuanto al oficialismo, el diputado Martínez intervino e hizo hincapié, no solo en ese fallo, sino, también, en el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y las pruebas que no fueron tomadas en cuenta.
“Lo que está pasando en la Corte es de una gravedad institucional enorme”, alertó el santafesino.
Y mencionó las causas en las cuales se vieron implicadas las decisiones del máximo tribunal, como el nombramiento de los miembros del Consejo de la Magistratura, la Coparticipación y ahora, las atribuciones sobre las competencias electorales en las provincias de San Juan y Tucumán.
“Nadie, de ninguna fuerza política, puede mirar para el costado. La Presidenta del Pro, que nunca condenó los hechos contra Cristina, hoy dijo “logramos frenar”, ¿quién?, ¿ella y esta Corte Suprema?, ¿a quién incluye, Patricia Bullrich?”, arremetió Martínez.
“Vamos a estar al lado de cada uno de los compañeros de estas provincias resguardando lo que haya que resguardar para que la vida democrática en las provincias de San Juan y Tucumán estén resguardadas”, cerró.
Mientras tanto, la Comisión de Juicio Político continuará la próxima semana con la investigación contra los miembros de la Corte Suprema.
