Esta semana hubo avances en la causa penal por amenazas de bomba a la Escuela de Comercio N° 23 “Dr. Luis Agote” del barrio de Caballito. El Juez Sebastián Ramos, a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, identificó las dos líneas telefónicas desde donde se hicieron 5 amenazas a dicha institución educativa durante el pasado mes de mayo. La ministra de Educación porteña Soledad Acuña se presentó como querellante de la causa.
La justicia ya dispuso que se solicite información para saber quiénes son sus titulares, se realice un listado de llamadas entrantes y salientes de cada línea y se realicen tareas de inteligencia que permitan identificar a los responsables.
El GCBA denuncia penalmente
Ante la creciente ola de amenazas de bomba en escuelas, la ministra de Educación Soledad Acuña ratificó que la Ciudad realiza las denuncias penales correspondientes, y mediante una demanda civil, les traslada los costos por los días de clase perdidos a quienes resulten responsables de las intimidaciones.
“Cada vez que se pierda un día de clases por una amenaza de bomba vamos a denunciar penalmente y enviaremos a la Procuración General de la Ciudad un informe técnico cuantificando el valor correspondiente al pago diario de salarios del personal de las escuelas afectadas. Tal como hicimos con las escuelas tomadas, le transferiremos a los adultos responsables el costo laboral que implica el día de clase perdido”, sostuvo la titular de la cartera educativa. Y agregó: “La escuela tiene la obligación de marcar el modelo de sociedad y de convivencia que se necesita, por eso estamos haciendo énfasis en la responsabilidad de los adultos, en las consecuencias sobre las acciones de cada uno”.
Antecedentes en la Ciudad
▪️ En 2021, la justicia porteña sentenció a la madre de un alumno por realizar una amenaza de bomba en el año 2016 en la Escuela Técnica 3, “María Sánchez de Thompson”, y la condenó a indemnizar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por daños y perjuicios.
En la causa penal por intimidación pública se acreditó que el alumno efectuó las amenazas de bomba, pero quedó sobreseído por resultar inimputable. Debido a la responsabilidad objetiva de los padres por los hechos de sus hijos que se encuentren bajo su responsabilidad parental, la madre resultó condenada.
Quedó demostrado que el GCBA sufrió un perjuicio patrimonial por la interrupción de la actividad escolar, atribuible a las acciones del alumno.
▪️ En otro caso reciente, la Justicia convocó a 5 jóvenes para el próximo 12 de junio al debate oral por una amenaza de bomba realizada a la Escuela de Comercio N° 1 “Joaquín V. González”, en 2015. Se enfrentan a una posible condena que puede ir de 2 a 6 años de prisión.
