Luego de conocerse los fallos del máximo tribunal que impidió que se postularan los actuales gobernadores de las provincias de San Juan (Sergio Uñac) y Tucumán (Juan Manzur), el oficialismo continuó con las audiencias testimoniales en torno a las presuntas irregularidades en la obra social del Poder Judicial.
Para esta ocasión, fueron convocados Marta Herrera Alem, (exdirectora y Vicepresidenta de la OSPJN), Isabel López Alducin (secretaria letrada – vocalía Rosatti), María Susana Villaruel (secretaria letrada – vocalía Maqueda), Claudia Viviana Madies (exdirectora de la OSPJN), Néstor Fasciollo (funcionario de la Asesoría Jurídica de la OSPJN), María Marcela Viano Carlomagno (afiliada OSPJN), Iván Nicolás Ritvo (contador público) y María Guadalupe Burgos (funcionaria de la OSPJN).
En tanto, la titular de la comisión Carolina Gaillard (FdT) informó que la exdirectora de la obra social solicitó que su audiencia fuera reprogramada debido a que estaba de viaje. También, les informó a los legisladores nacionales que ésta sería la última reunión en la cual se abordaría el tema de la obra social. En un próximo encuentro, se investigará la coparticipación.
Cabe destacar que la estrategia de la oposición sigue siendo la de no darle quórum al oficialismo y esperar a que consigan los números suficientes para comenzar con las audiencias.
La semana pasada no pudo realizarse el encuentro debido a que el FdT no contó con sus propios legisladores nacionales para poder avanzar, ya que Vanesa Siley y Eduardo Valdés no pudieron estar presentes por cuestiones de salud.
Por su parte, presidenta de la Cámara baja Cecilia Moreau se encontraba de viaje en China, junto al ministro de Economía Sergio Massa, por lo cual, no podía nombrar a sus reemplazantes. El FdT cuenta con 16 diputados de los 31 que integran la comisión y los números son muy ajustados.
Asimismo, la primera testigo en declarar fue Isabel López Alducin (secretaria letrada –vocalía Rosatti) e informó que hace 30 años que trabaja en la Corte Suprema. La funcionaria estuvo 20 años en la Secretaría de Seguridad Social realizando expedientes. Además, agregó que el juez Maqueda es el primero que tiene el voto cuando se tratan asuntos de salud, pero también en temas laborales.
Más adelante, tomó la palabra el diputado nacional Juan Manuel López (CC) y le cuestionó al FdT que imponen lo que se hace en la comisión. Y que llegó parte de la prueba de la jueza Martina Isabel Forns, pero que estaba incompleta. Gaillard le contestó que la funcionaria dejó su pendrive que había llevado cuando se presentó ante los diputados.
En tanto, otro de los testimonios fue el de María Susana Villaruel (secretaria letrada – vocalía Maqueda). Informó que su función es la de ver la circulación de los expedientes judiciales que llegan de la secretarías de Derecho Administrativo; Tributario, Monetario y Bancario; y una parte que tiene que ver con amparos de salud.
“A mí no me pedían gestiones, yo no gestionaba. Era una simple ayuda, una simple guía, como la que puede hacer cualquiera que podría estar en la Corte”, manifestó la letrada. Y dijo que los expedientes que le llegaban siempre iban con una propuesta de las dependencias.
Durante la reunión declaró Claudia Viviana Madies (exdirectora de la OSPJN) y argumentó que ella interactuaba más con el equipo de la obra social, que con los miembros del máximo tribunal.
Añadió que “era la primera vez que intervenía un Directorio Colegiado en la obra social”. Además, que el estatuto planteaba la modernización de la prestadora en cuanto a la atención y a las afiliaciones, pero que (Aldo) “Tonon imposibilitaba avanzar con medidas de gestión”.
A su vez, se sometió a votación la incorporación del libro de actas que hizo mención la testigo, en el cual el Directorio de la Obra Social le informaba a la Corte Suprema acerca de la gestión y de las dificultades que se les presentaban.
Después, fue el turno de Néstor Fasciollo, quien se encarga del área de Asesoría Jurídica. “Había cuestiones de compras como, por ejemplo, la compra de medicamentos, que no eran girados a la Asesoría Jurídica, y no requerían de la intervención nuestra”, destacó el abogado.
Explicó que “cuando llegaba una demanda – en función de su naturaleza – se requería el informe al área pertinente y, luego se ponía en conocimiento al director general, quien era el que fijaba la pauta”.
Avanzada la comisión, expuso María Marcela Viano Carlomagno y contó la experiencia que atravesó con la obra social del Poder Judicial, ya que es afiliada.
Explicó que en el año 2019 tuvo un accidente que le produjo la fractura de la clavícula y que los médicos decidieron que necesitaba una prótesis. Agregó que pasaban los días y que no la intervenían porque la obra social no le mandaba la prótesis. Y denunció que la tuvieron que operar de urgencia con una prótesis que consiguieron, pero que no era la que le correspondía.
Además, tuvo que estar internada durante cuatro meses porque le encontraron una bacteria y desde la obra social le decían que ella tenía que ir de forma presencial para las autorizaciones.
Minutos después, expuso el contador público Iván Nicolás Ritvo. Informó que su función era la de realizar los estados contables. “Encontré un sistema contable que no era lo más amigable y que no contenía toda la información que podía llegar a tener”, dijo Ritvo.
Y declaró que sabía que el sistema tenía falencias y que, por ese motivo, se trabajó con datos cerrados. “El balance una vez que está firmado no se puede modificar, igualmente quien lo firma es el Directorio”, informó.
Por último, cerró la ronda de audiencias testimoniales María Guadalupe Burgos (funcionaria de la OSPJN). “Nosotros lo que visualizábamos eran los saldos bancarios a la fecha y teníamos un historial de los ingresos y los egresos, con eso se podían llegar a calcular los remanentes y si se podían afrontar o no los gastos”, reveló la funcionaria.
Al finalizar la comisión, la diputada oficialista Siley leyó un petitorio del FdT solicitando la presencia del magistrado Maqueda y en el cual se mencionan las irregularidades que se encontraron durante las audiencias e involucra a a gestión del juez mencionado.
En tanto, desde la oposición, López dijo que se trata de un alegato y que pedirán todas las nulidades por no estar de acuerdo con la decisión del FdT, ya que aún se están produciendo pruebas.
