El fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, dictaminó el miércoles que sean desestimadas las impugnaciones a la precandidatura de Jorge Macri a jefe de Gobierno porteño, en una resolución dirigida al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) local que deberá definir sobre el fondo de la controversia.
En particular, se presentaron tres impugnaciones ante el Tribunal Electoral a la precandidatura del exintendente de Vicente López, por considerar que no cumplía con el requisito de tener una residencia no menor a cinco años en el distrito tal como lo dispone, a su entender, el artículo 97 de la Constitución porteña.
Aquel artículo dice que “para ser elegido se requiere ser argentino, nativo o por opción; tener treinta años de edad cumplidos a la fecha de la elección; ser nativo de la Ciudad o poseer una residencia habitual y permanente en ella no inferior a los cinco años anteriores a la fecha de elección”.
En ese marco, una resolución firmada la semana pasada por los jueces electorales Roberto Requejo, Romina Tesone y Rodolfo Ariza Clerici determinó que Macri, actual ministro de Gobierno porteño, cumplía “con los requisitos estipulados en el artículo 97 de la Constitución local para postularse al cargo de Jefe de Gobierno”.
En esa línea, Mahiques expresó este miércoles en su dictamen dirigido al TSJ porteño que “el precandidato impugnado satisface con el requisito constitucional”.
“Si un precandidato a jefe de Gobierno acredita poseer una residencia habitual y permanente en la Ciudad durante el lapso de cinco años, en tanto dicho lapso haya sucedido temporalmente de forma previa a la fecha prevista para la elección, independientemente que lo sea de manera inmediata o no, desde el estricto plano constitucional estará habilitado para postularse”, afirmó el fiscal.
Según Mahiques, no es posible “inferir que el uso del artículo ‘los’ en el artículo 97″ de la Constitución porteña “hace referencia al período de tiempo inmediatamente anterior a la fecha de la elección” porque en ese caso, “la estructura gramatical del art. 97 estaría construida deficientemente”. Lo que quiere decir la norma es que los cinco años deben estar enteramente cumplidos antes de que se celebre la elección y que no pueden completarse después.
El fiscal general sostuvo además ya se había vencido la etapa procesal para presentar este cuestionamiento contra Macri y que, en caso de duda, debe elegirse la interpretación legal más favorable al “ejercicio del derecho” porque “tiene como destinatario mediato a la ciudadanía, que puede ejercer su derecho al voto a partir de una oferta electoral más amplia”.
Quién es Mahiques
Mahiques es el jefe de los fiscales porteños y el presidente de la Asociación Internacional de Fiscales. Antes, fue funcionario del gobierno de Mauricio Macri. De buen vínculo con Daniel Angelici, Mahiques fue el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, el organismo que elige y controla a los jueces nacionales y federales.
El año pasado, fue uno de los funcionarios imputados por haber viajado a Lago Escondido en un grupo que integraron también el entonces ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro; importantes jueces federales; un exfuncionario de inteligencia y altos directivos del grupo Clarín.
La integración del tribunal porteño
El Tribunal Superior de Justicia porteño, que ahora deberá tomar una decisión, está presidido por Inés Weinberg de Roca, que había sido propuesta por Macri para ser la procuradora general de la Nación en reemplazo de Alejandra Gils Carbó, pero el Senado nunca trató su pliego. Weinberg fue designada además, hace tres años, por el presidente Alberto Fernández para integrar la comisión de expertos que lo asesoraría sobre una eventual reforma de la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura. Integraban ese grupo variopinto, también, Alberto Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner, reconocidos juristas y jueces de distintas provincias.
Los dos últimos jueces en sumarse al TSJ -los designó Horacio Rodríguez Larreta- también tienen vínculos con el macrismo: son Santiago Otamendi, que fue el número dos del Ministerio de Justicia durante la gestión de Garavano en el gobierno de Macri, y Marcela De Langhe, exdirectora del Instituto Superior de Seguridad Pública (que forma a los policías porteños), cercana a Guillermo Montenegro, hoy intendente de Mar del Plata, que fue quien puso en marcha la Policía Metropolitana como ministro de Justicia de Macri en la Ciudad. Antes de llegar al Tribunal Superior, De Langhe también hizo un vínculo en la Ciudad con Martín Ocampo, hombre de Angelici.
Los miembros del Tribunal Superior son cinco. Los más antiguos en el cargo son Luis Francisco Lozano y Alicia Ruiz. Lozano es cercano al jurista peronista Rafael Bielsa y Ruiz es una académica de perfil progresista.
