El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño habilitó este martes la feria judicial para tratar los recursos que presentaron quienes impugnaron la candidatura de Jorge Macri a jefe de gobierno de la Ciudad.
Quienes impugnaron el fallo del TSJ pretenden recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y para eso debían ser habilitados antes por el TSJ de la Ciudad.
“Si habilitaron la es porque van a conceder los recursos y los van a mandar a la Corte, sino no hubieran habilitado la feria”, le dijo a Noticias Urbanas un abogado porteño.
Los jueces deben decidir si conceden o no los recursos extraordinarios con los que el exsenador radical Nito Artaza y la precandidata a jefa de gobierno porteño Vanina Biasi (FIT) pretenden llegar a la Corte Suprema para que revise el fallo de la semana pasada del propio TSJ, favorable a la candidatura de Macri.
Antes de resolver eso, tal como ordena la ley, los magistrados les dieron diez días (hábiles) a las partes interesadas para que opinen. Después, decidirán si corresponde enviar el caso a la Corte. Incluso si resolvieran que sí, todo indica que el máximo tribunal no quedará en condiciones de tratar el tema antes de las elecciones del 13 de agosto.
Este martes, el TSJ resolvió además no hacer lugar al pedido para “abreviar el plazo de traslado” y acortar los diez días hábiles, pero aclaró que ese plazo empieza a correr durante la feria judicial (que es esta semana y la que viene).
La semana pasada, por cuatro votos contra uno, el TSJ falló a favor de la candidatura de Jorge Macri a jefe de gobierno. Confirmó la sentencia que había dictado el 3 de julio pasado el Tribunal Electoral de la Ciudad (TE), que sostuvo que cumplía con los cinco años de residencia en el distrito necesarios para ser candidato. Es ese fallo del TSJ el que Artaza y Biasi pretenden que la Corte revise.
El máximo tribunal porteño no se pronunció en su resolución sobre la situación concreta de Macri y su residencia en el distrito que aspira a gobernar, sino que advirtió que quienes lo habían impugnado no estaban “legitimados” para hacerlo porque no habían cumplido con el procedimiento que prevé la ley para cuestionar las candidaturas.
