Si bien el avance de las tecnologías trajo aparejado ciertos beneficios, la otra cara de la moneda está más presente que nunca en la actualidad. El uso de las diferentes plataformas y los términos y condiciones, que obligan a los usuarios a aceptar para gozar de esos servicios, potencian que las empresas se queden con los datos personales.
Asimismo, en la Argentina existe la Ley 25.326, que rige desde el año 2000, y contempla la protección de datos personales, pero el nuevo proyecto – enviado por el Poder Ejecutivo – no solo modifica la normativa actual, sino que, también, intenta actualizarla, ya que han pasado más de veinte años y el cambio tecnológico avanzó mucho más rápido que la norma.
Por ello, este miércoles, la Cámara de Diputados comenzará a debatir el proyecto, que lleva las firmas del presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete Agustín Rossi, en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
En tanto, una de las invitadas a exponer ante los legisladores nacionales es la directora de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) Beatriz Anchorena, quien expondrá sobre la “Modificación de ley de protección de datos personales”. Cabe destacar que la agencia es un organismo autárquico que funciona en la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
¿De qué se trata el proyecto?
La iniciativa – que fue presentada hace casi un año en el Centro Cultural Néstor Kirchner y contó con la presencia de más de 150 participantes – cuenta con 83 artículos y plantea que se “requiere actualizar la normativa vigente en pos del fortalecimiento de las capacidades estatales de regulación y gestión de políticas públicas con el objetivo de dar respuesta a los nuevos desafíos que imponen las transformaciones tecnológicas y el desarrollo de la economía digital”.
Además, en el texto se expresan tres pilares fundamentales de la ley: el derecho humano a la protección de los datos personales y la autodeterminación informativa, la innovación tecnológica y la construcción de confianza a través de reglas claras de juego.
Por otro lado, el proyecto enuncia el principio de licitud, lealtad y transparencia, que deberá promover la minimización de los datos que se entregan y la responsabilidad proactiva que ello conlleva y deberá ser demostrada.
En el proyecto se incorpora el derecho de limitación y se contemplan las decisiones que son automatizadas y la elaboración de perfiles. También, se prevén “las obligaciones del Responsable y Encargado” para hacer cumplir con la responsabilidad que se toma y se incorpora la figura del Delegado de Protección de Datos.
Otro de los puntos plantea que se aplicarán sanciones para quienes incumplan la ley, teniendo en cuenta el Índice de Precios al Consumidor. Allí se resalta que en la ley vigente las multas van desde los $1.000 a los $100.000. También, se creará el Registro de Nacional para la Protección de los Datos Personales.
