El pasado martes el proyecto de modificación de la Ley 7 (Orgánica del Poder Judicial) logró un despacho de mayoría que unió varias iniciativas de legisladores oficialistas locales y que sería tratado, junto a un despacho minoritario impulsado por el diputado de Diálogo por Buenos Aires, Gonzalo Ruanova, en la última sesión ordinaria de la Legislatura porteña este lunes por la tarde, -siempre y cuando el decreto convocando a una sesión especial hoy a las 15 para designar a los representantes de la Legislatura en el Jurado de Enjuiciamiento, sea ampliado tal como se comenta en los pasillos del Parlamento local-.
En repudio a la reforma que el macrismo promueve para el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario, los jueces y empleados de dicho fuero sacarán sus escritorios a la calle y sentenciarán en la vía pública.
Según informaron a nuestro medio, la protesta se resolvió ya que "los jueces y empleados entienden que las reformas propuestas son inadecuadas e irrazonables y que sólo encubren la intención de algunos sectores políticos de impedir que el Fuero prosiga con el control de los actos de gobierno tal como lo viene haciendo históricamente".
El proyecto oficialista, trabajado extensamente en la Comisión de Justicia del Parlamento local, plantea varias modificaciones, tanto al Fuero Contencioso Administrativo y Tributario, como al Penal, Contravencional y de Faltas.
Para el Fuero Penal, Contravencional y de Faltas, el despacho de mayoría no plantea modificaciones en el número de juzgados; el incremento de estructuras se focalizaría en el Ministerio Público (de 24 fiscalías de primera instancia se pasaría a 42 -dos de ellas de menores-, las 16 defensorías actuales se convertirían en 23 -una para menores-, y ante la Cámara se crearían tres fiscalías y una defensoría).
En el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario, la propuesta oficialista sí establece reformas en los juzgados de primera instancia. De los 15 juzgados que están en funciones actualmente con dos secretarías cada uno, se pasaría a 24 con secretaría única. Se crearían dos fiscalías y una defensoría en primera instancia, una fiscalía ante la Cámara y una Sala más.
Tanto las nuevas estructuras del Ministerio Público como de los juzgados se cubrirían en con un porcentaje de empleados del Consejo de la Magistratura. De acuerdo al texto del proyecto al que tuvo acceso NOTICIAS URBANAS "el personal de los juzgados que se integren […] se conformará con al menos un setenta y cinco por ciento de personal que revista funciones en el Consejo de la Magistratura"; y en el caso del Ministerio Público las nuevas estructuras se cubrirán con "al menos veinticinco por ciento" de empleados del Consejo.
Este último punto, junto con la eliminación de una secretaría por juzgado, sería la base de la protesta a la sanción de la normativa.
En opinión de los jueces y empleados críticos a la iniciativa, "el proyecto contempla, entre otras cosas, dividir a los juzgados por la mitad, rotar personal, crear nuevos cargos que serían cubiertos con personal enviado por el Consejo de la Magistratura y eventualmente modificar el régimen de asignación de causas para ‘nivelar entre los juzgados’ y evitar el ‘colapso’".
"Si al Gobierno y a los legisladores les interesa que la Justicia trabaje en forma eficiente y rápida, por favor, lo único que se necesita son recursos físicos, tecnología y ampliación de las plantas de personal. Creando nuevos juzgados y afectando los derechos constitucionales de los ciudadanos no hay posibilidad alguna de mejorar el sistema judicial. Los magistrados y los empleados del Poder Judicial de la Ciudad, alertan a la opinión pública sobre este grave intento de avanzar sobre la independencia de la Justicia y exhortan a los legisladores a NO VOTAR este proyecto por los peligros que entraña", expresaron los empleados y funcionarios judiciales en protesta a través de un comunicado de prensa.
"Es una protesta política más del juez Gallardo", disparó ante nuestro medio, el presidente de la Comisión de Justicia de la Legislatura porteña, Martín Borrelli. "Es una mentira que el proyecto plantee dividir los juzgados a la mitad. Dicen que eventualmente se modificaría el régimen de asignación de causas pero eso no nos corresponde a nosotros los legisladores sino al Consejo de la Magistratura, y tampoco esto está en el proyecto", comentó.
En relación al cuestionamiento señalado sobre la cobertura de las nuevas estructuras con personal del Consejo, Borrelli subrayó que tal propuesta expresada en las cláusulas transitorias vienen a hacer frente a "la elefantiasis criticada reiteradas veces".
"Pero además de esto, todo el personal del Consejo son empleados del Poder Judicial porteño. Qué problema tiene Gallardo con esos trabajadores. Es una ofensa gratuita a los empleados del Poder Judicial", dijo.
Finalizando, Borrelli, remarcó: "El proyecto contempla aumentar los juzgados que es un reclamo histórico de un Fuero colapsado; contempla la creación del cuerpo médico forense; de juzgados, fiscalías y defensorías juveniles… pero nada de esto dicen los que se oponen a la modificación".
