El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad resolvió, con el voto afirmativo de los cinco jueces que lo integran, otorgar una probation solicitada por Partido Intransigente en una causa iniciada por el Fiscal General de la Ciudad, Germán Garavano, a raíz del informe de gastos de campaña presentado por la Auditoría General porteña.
"Nosotros presentamos oportunamente a 17 organismos del Estado, entre ellos al Poder Judicial de la ciudad, el Informe Final sobre los gastos de campaña realizados por los partidos políticos durante las pasadas elecciones porteñas. La Auditoría tiene facultades para hacer denuncias penales si detecta irregularidades severas. En el caso del informe sobre las elecciones 2007 no detectamos situaciones de gravedad aunque lo elevamos a la Procuración General de la Ciudad con la mención de que lo tenga presente para posibles sanciones. En este caso, el Ministerio Público Fiscal actuó de oficio e inició una investigación sobre los datos que nosotros arrojamos", describió a NOTICIAS URBANAS, la titular de la Auditoría porteña, Sandra Bergenfeld.
El informe de la Auditoría arrojó, según expresa el fallo judicial, "diversos incumplimientos a la Ley nº 268" por parte de "la Alianza Frente para la Victoria", lo que motivó al Fiscal General el inicio de una investigación de cada uno de los partidos integrantes de la alianza, entre ellos, al Partido Intransigente, por "una posible infracción a las obligaciones establecidas en la ley de Regulación y Financiamiento de Campañas Electorales".
El apoderado del partido, Julio Guarido, propuso la suspensión del proceso a prueba a cambio de "realizar en el ámbito del partido una jornada referida al financiamiento de campañas de los partidos políticos dirigida a las autoridades partidarias, afiliados adherentes y jóvenes dirigentes teniendo en cuenta las disposiciones de la ley nº 268" y a "comprar insumos y enseres por la suma de 1.000 pesos para ser entregados al Hogar Chiquitos ?Hogar Convivencial de Niños? sito en la calle Pavón 4136".
La propuesta fue aceptada por el Ministerio Público Fiscal y fue homologado el acuerdo por los miembros del Superior Tribunal.
En su voto, el presidente del Tribunal, José Casás, resaltó que "no hay antecedentes contravencionales" del Partido Intransigente, lo que es un "requisito exigido" para hacer lugar a una probation que suspenderá el proceso judicial por un año.
"En caso de no cumplir con las reglas de conductas impuestas, se revocará el beneficio concedido y continuará el proceso", expresa el fallo.
