La propuesta del Jefe de Gobierno porteño de la fiscal de Cámara CAyT, Daniela Ugolini, para integrar el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y ocupar la vacante dejada por el juez Julio Maier, fue fuertemente cuestionada desde su nacimiento. Primero sufrió una fuerte oposición dentro del macrismo; luego se extendió a diversos bloques legislativos; y finalmente, de la mano de tres acciones judiciales (una de legisladores electos de Proyecto Sur y dos de particulares) las críticas a la candidatura de la Fiscal se corporizaron en fallos que señalaron errores procedimentales y ordenaron la suspensión del proceso. Aunque resulte extraño, las resoluciones judiciales generaron el efecto contrario al deseado y esperado por muchos, que la política comience a unirse.
El pasado miércoles, cinco días después de notificarse las resoluciones judiciales que ordenaban la suspensión del proceso para la designación de Ugolini tanto en sede administrativa como en la Legislatura, la Junta de Ética del Parlamento porteño se reunió. Tras una extensa discusión en la que se expresaron diversas posturas (acatar la manda judicial o continuar con el proceso amparados en la independencia de poderes, con variantes en cada una de estas posiciones), se llamó a un cuarto intermedio el cual se retomó horas antes de la sesión ordinaria del 1º de octubre.
"Ayer se resolvió iniciar el proceso con cuatro votaciones a favor (los legisladores de PRO que integran la Junta, excepto Diego Santilli que no pudo participar por estar a cargo del Ejecutivo), cuatro abstenciones (Sergio Abrevaya, Raúl Puy, Raúl Fernández y Juan Manuel Olmos) y dos por la negativa (Alicia Bello y Pablo Failde). También se estableció el cronograma de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 del reglamento interno de la Legislatura. El 7 de octubre se abrirá el Registro de Impugnaciones y el 30 será la Audiencia Pública (a las 11 horas en el Salón San Martín)", relató a NU el presidente de la Junta de Ética, Oscar Zago.
"En la reunión yo plantee una cuestión de conflicto de poderes. A mi entender el conflicto (legal) es entre la Justicia y el Gobierno de la Ciudad, pero los fallos ordenan la suspensión de algo que no estaba iniciado. Los fallos son del viernes pasado y el proceso se inició ayer. Yo no puedo detener lo que no inicié. Estoy analizando si presentar o no un proyecto de conflicto de poderes, para que la Legislatura apruebe la iniciativa y se llegue a la Justicia", explicó Zago.
Pero en los pasillos del Parlamento porteño son varios los legisladores (oficialistas y opositores) que reconocen "una intromisión del Poder Judicial" en la labor legislativa, y cuestionan duramente los fundamentos de los diversos fallos (la resolución del juez Scheibler es la más criticada por no rechazar el planteo de que la actual conformación de la Legislatura no debería ser la que preste acuerdo a la designación de Ugolini sino la que se conformará a partir del 10 de diciembre).
"Ya hubieron antecedentes de estos abusos por parte de jueces de la Ciudad, una vez se intentó suspender una sesión y Santiago De Estrada ordenó que se custodien las entradas al recinto y se invite gentilmente a retirarse a la magistrada que oficio en mano, golpeaba las puertas. Otra vez se impusieron astreintes (multas) a los 60 legisladores y otra vez la autoridad de la casa respaldó la independencia del Poder Legislativo y ordenó que los sueldos se liquidaran sin ningún descuento", recordaron algunos legisladores de la oposición. "Hay un conflicto de poderes, en eso hay una coincidencia mayoritaria, el problema es que algunos legisladores quieren plantear el conflicto con los tres fallos, y otros, sólo en uno o en dos", comentaron.
Pero las diferencias entre quienes analizan el conflicto de poderes también estarían en la fecha en que se ordenó la suspensión del proceso. "Hay quienes señalan que como la suspensión se ordenó cuando el proceso legislativo no estaba iniciado y como la Junta de Ética resolvió iniciarlo recién el jueves, no se habría afectado la labor legislativa. También están los que consideran que habría que esperar otra manifestación de la justicia (ordenando el acatamiento de la manda) para hablar de una intromisión y de conflicto de poderes. Para plantear el conflicto hay tiempo, podemos esperar. Si se hubiera planteado en la sesión de ayer, tampoco hubiera estado en desacuerdo", describió Martín Borrelli.
"Diversos bloques de la Legislatura están analizando presentar proyectos de resolución para que la Legislatura, de forma institucional, plantee el conflicto de poderes. La notificación (para el cumplimiento del fallo) que cada uno de los legisladores recibimos del juez Roberto Gallardo es intimidatoria, ya que nos recuerda y menciona al código penal. El problema no es sólo Gallardo, se debe recuperar el diálogo político institucional", señaló a NU el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Marcelo Godoy.
Y, analizando el origen del conflicto, agregó: "El juez cuestiona los pasos del decreto, lo que es entendible, pero ¿cómo va a decir que la Legislatura se frene? La Legislatura es un organismo de control político, no de legalidad. Este Cuerpo se limita a dar acuerdo o no a una candidatura para integrar el Tribunal Superior de Justicia, no elige al candidato. El acuerdo requiere de una mayoría agravada (41 votos), por lo que los legisladores oficialistas no son suficientes y sí o sí se necesita de un consenso importante".
Las dificultades que lograr un consenso tan amplio implican se observan y escuchan en despachos, pasillos y juzgados.
"Con toda la furia los PRO tienen 37 votos. La Justicia está embarrando la cancha. Ellos funcionan como una corporación pero la política tiene su espíritu corporativo también. Si los jueces quieren hacer política que abandonen su poder aristocrático vitalicio y se sometan a la votación popular. Si nosotros nos equivocamos no nos votan más, si ellos se equivocan en un fallo una instancia superior les señala los errores, y a otra cosa mariposa. Hasta el viernes se estaban sacando los ojos inclusive entre los macristas por la candidatura de Ugolini, ahora todos están unidos defendiendo la independencia legislativa y, les guste o no a muchos, la bandera es Ugolini", dijo un molesto legislador opositor, quien subrayó que no apoyará la candidatura pero que si se plantea el conflicto de poderes votará por la afirmativa.
