El jueves pasado ingresó en la Legislatura porteña un pedido de juicio político contra la consejera de la Magistratura de la Ciudad Liliana Blasi. La acción, iniciada por su secretario letrado Fernando Degaudenzi, se fundamenta con acciones que podrían ser encuadradas en el mal desempeño en sus funciones como funcionaria judicial. La denuncia, que deberá ser analizada por la Legislatura de la Ciudad, podría avanzar hacia un juicio político y lograr la destitución de la funcionaria.
Ante la acción iniciada contra una consejera en representación del estamento de los abogados, el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, dialogó con NU.
"Esperamos que las autoridades democráticas determinen si el comportamiento de la doctora Blasi ha sido o no conforme a derecho y acorde a las obligaciones que su cargo amerita. El Colegio no va a proteger a la doctora Blasi, pero sí tiene la obligación de hacer saber quién es el otro involucrado", dijo Rizzo como preámbulo de una serie de cuestionamientos sobre la figura de Degaudenzi.
Tras reconocer que Liliana Blasi ingresó al Consejo de la Magistratura como candidata en la lista de Gente de Derecho "como parte de una alianza con Borda", y que Degaudenzi formó parte de la agrupación que gobierna el Colegio "hasta noviembre de 2007 cuando fue expulsado", el líder de los abogados capitalinos remarcó que la consejera "en cuanto asumió, no volvió a hablar conmigo, ni se presentó en el Colegio a brindar informes de su gestión en el Consejo".
"Al denunciante lo conozco bien. Fue Tesorero del Colegio hasta noviembre del 2007, momento en el cual fue expulsado de Gente de Derecho (GdD)porque pudimos detectar que habría realizado dos reuniones con gente vinculada al PRO ?en una de ellas habría estado el legislador porteño Avelino Tamargo-. En dichas reuniones habría manifestado su interés por ingresar a la política, y habría propuesto sus buenos servicios a favor del PRO si el partido podía remover de su cargo al consejero Eugenio Cozzi, del cual él era su suplente", describió Rizzo.
Y agregó: "La propia gente del PRO me llamó para informarme de esta situación, remarcando su sorpresa por el ofrecimiento, expresando la integridad y eficiencia del consejero que se buscaba remover, y manifestando que Degaudenzi era un oportunista. Eso provocó que el Plenario de GdD expulsara por unanimidad al doctor de nuestra organización".
Rizzo, también señaló lo "llamativo" de la presentación de la denuncia contra Blasi, "al momento de tomar conocimiento que la consejera había exteriorizado su deseo de alejarlo de su cargo", aunque reconoció que "si bien nunca hemos recibido denuncias en el Colegio contra Blasi, sí hemos recibido a dos personas de su unidad". "Una fue dada de baja y la otra dioj que se había artado de los modos de la Consejera", dijo.
Finalmente, y al preguntarle si consideraba que existía alguna vinculación entre la denuncia por mal desempeño y el rol crucial que representa el voto de Blasi en la decisión del Plenario del Consejo de la Magistratura para impulsar o no un Jury de Enjuiciamiento contra la jueza Rosa Elsa Parrilli, Rizzo, con una sonrisa cómplice, se limitó a decir: "Desconozco si está vinculado o no con la causa Parrilli". Si el silencio otorga? la sonrisa, también.
Más allá de que las denuncias sean fundadas y verosímiles, la experiencia confirma que los juicios políticos sólo prosperan si las voluntades políticas así lo consideran. De no existir los acuerdos suficientes, por más fundamentos que existan, las denuncias contra funcionarios del Estado sólo se convierten chicanas internas con impacto mediático.
De acuerdo a lo establecido en la Constitución de la Ciudad en su artículo 94, la Legislatura porteña debe contar con una sala acusadora integrada por 45 legisladores la cual "en su primera sesión anual" nombra una comisión para investigar los hechos en que se funden las acusaciones. Luego de las investigaciones, la sala acusadora con dos tercios de sus votos (30 legisladores) podrá resolver dar curso a la acusación, la cual deberá ser debatida por una sala juzgadora de 15 miembros en el plazo máximo de 4 meses. La condena que sólo tiene por objeto la destitución del funcionario debe ser dictada con el voto de 10 de sus integrantes.
