El jefe de la sección del departamento de la seguridad internacional de la información del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Ernesto Chernujin, se encuentra participando en las negociaciones el Comité Especial para el desarrollo de la Convención de las Naciones Unidas para combatir el uso de las TIC con fines delictivos.
A continuación las afirmaciones sobre la marcha de las negociaciones del funcionario ruso en exclusiva para Noticias Urbanas.
La transición objetiva de la humanidad al entorno virtual va acompañada de la ruptura de muchos estereotipos existentes sobre el funcionamiento de los mecanismos de interacción entre los Estados, la sociedad y las empresas. Lo que a su vez requiere ajustes y creación de nuevos contornos para garantizar la seguridad de los Estados.
Al mismo tiempo, se están produciendo cambios relacionados con la transformación del orden mundial de la información. Las principales potencias industrializadas están tratando de mantener el estatus de fuerza dominante en el campo de la información y frenar la transición a un modelo policéntrico de su gestión basado en normas jurídicamente vinculantes y no en ciertas reglas que pueden cambiar para adaptarse a la situación política.
La ausencia de tratados jurídicos internacionales universales especializados en este ámbito ha provocado una gigantesca explosión de criminalidad en el espacio de la información, con graves daños a la actividad económica de los Estados y al bienestar de millones de personas. Así, según expertos internacionales independientes, el daño anual causado por las actividades de los delincuentes sólo en el espacio informativo de los países de la UE asciende a unos 5,5 billones de euros.
Los delitos relacionados con las TIC se han convertido en un negocio lucrativo. Ha habido una tendencia en algunos Estados a incitar acciones ilegales contra otros, publicar malware en la Internet pública. Como resultado, las perspectivas del proceso de digitalización global en su conjunto, cuya eficacia y dinámica dependen de la seguridad de su uso, están en duda.
En este contexto, se está llevando a cabo el trabajo del Comité Intergubernamental Especial de la ONU para desarrollar una convención internacional integral para combatir el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos. Este mecanismo de negociación fue establecido por iniciativa de Rusia, con la coautoría de 46 Estados y el apoyo de 87 Estados, mediante la resolución 74/247 de la Asamblea General de la ONU. Su objetivo es la creación por parte de la comunidad mundial del primer instrumento universal y jurídicamente vinculante para combatir la delincuencia en el espacio de la información.
Por paradójico que parezca, incluso en las realidades políticas actuales, el trabajo del Comité Especial, debido a la naturaleza transfronteriza de los crímenes cometidos en el campo de las TIC, se ha vuelto aún más relevante y solicitado por la mayoría de los Estados del mundo. En las sesiones participan expertos en la materia de más de 160 Estados y 200 organizaciones no gubernamentales que representan a agencias políticas y policiales, así como a las comunidades académica, científica y empresarial.
Desde el mismo lanzamiento del Comité Especial, Rusia siempre ha estado a favor del desarrollo de un tratado integral que sentaría las bases para una cooperación internacional eficaz y transparente para combatir esta amenaza. La Convención para combatir los delitos en el uso de las TIC, preparada bajo los auspicios de la ONU, debe tener en cuenta los intereses de todos los países sin excepción y basarse en los principios de protección de la soberanía estatal, la igualdad de las partes y la no interferencia en los asuntos internos de los Estados, así como prever un amplio alcance y criminalización.
Al mismo tiempo, los Estados Unidos, la UE y sus aliados en todas las etapas de las discusiones se opusieron categóricamente a la creación de un organismo tan especializado de la ONU en general y al desarrollo de una convención en particular, y votaron en contra del establecimiento de un Comité Especial en la Asamblea General de la ONU. Uno de los argumentos formales de Occidente fue la afirmación de que “el mundo aún no está preparado para tal convención”.
La razón informal oculta para rechazar la idea misma de un tratado de la ONU fue la convención del Consejo de Europa sobre delitos informáticos de 2001, desarrollada a instancias de los Estados Unidos, conocida como la Convención de Budapest, con la ayuda de la cual Washington socava la soberanía estatal y controla el espacio de información de los Estados participantes. Porque el futuro tratado universal de la ONU se convierte en un competidor directo de la Convención de Budapest y puede poner fin a la “exclusividad” y las ambiciones de los Estados tecnológicamente desarrollados.
Después de perder la votación por las “mentes y los corazones” del mundo en desarrollo en el 74º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, Estados Unidos y sus aliados cambiaron completamente sus enfoques y declararon que “el mundo necesita una tal convención”. Intentaron reconstruir rápidamente y liderar el proceso de desarrollo de una convención de la ONU. Así, Washington y sus aliados pasaron del rechazo directo de la idea de una futura convención a tácticas de sabotaje encubierto y mutilación del contenido del tratado internacional desde adentro.
A diferencia de Rusia, Washington aboga por la máxima armonización de las convenciones de la ONU y de Budapest. Esto significa que, en lugar de un enfoque integral, como está consagrado en el mandato del Comité Especial, los países del Occidente colectivo están haciendo campaña por un alcance limitado y una criminalización, e imponen agresivamente cuestiones de género y derechos humanos. Así, Estados Unidos está tratando de dar vida a un documento regional del Consejo de Europa escrito hace más de 20 años, que ya está completamente obsoleto y no tiene demanda entre los países en desarrollo. ¿Necesita el mundo un tratado así? Aparentemente no.
Además, todo el trabajo del Comité Especial va acompañado de un trasfondo mediático agresivo de los medios controlados por Estados Unidos, que afirman que “con la ayuda de la convención, Rusia y China van a controlar el mundo entero”, o “la convención creará un precedente peligroso que favorecerá a los regímenes autoritarios”. Entonces surge una pregunta retórica: ¿quién controla ahora Internet y el espacio global de información?
Otra razón importante para la fuerte oposición al nuevo tratado de la ONU es el hecho de que el proceso de la ONU no encaja en el paradigma de “orden basado en reglas” promovido por Estados Unidos. Esto no implica una cooperación internacional igualitaria. El papel principal en la futura búsqueda de delincuentes de las TIC recaerá en la Corte Penal Internacional (CPI), considerada por Occidente como otra alternativa a la convención de la ONU para combatir el uso de las TIC con fines delictivos.
Al otorgarle a la CPI amplios poderes en términos de realizar investigaciones sobre TIC y crear un mecanismo atributivo, Washington planea usarlo para emitir veredictos y nombrar a los responsables. Es por eso que Occidente está tratando de “proteger” el futuro tratado de la ONU de una criminalización amplia, sugiriendo que todos estos actos “complejos”, incluido el terrorismo TIC, no serán considerados en la ONU, sino en la CPI controlada por Estados Unidos. La responsabilidad de buscar rastros y proporcionar pruebas se asignará a los gigantes informáticos estadounidenses. Sin pasar por los mecanismos de cooperación jurídica mutua entre Estados, habrá una “caza” de ciudadanos de cualquier Estado sospechosos de haber cometido delitos en el espacio de la información. De este modo, se sustituirán los mecanismos de cooperación internacional de las Naciones Unidas en la toma de decisiones.
Basándonos en esto, podemos concluir que no hay alternativa a una futura convención general bajo los auspicios de la ONU. Rusia, por su parte, seguirá brindando asistencia técnica a los países necesitados basándose en el principio de proteger la soberanía estatal y desacreditar cualquier manifestación de prácticas neocoloniales en el espacio informativo global.
El texto final de la convención debe ser presentado por el Comité Especial a la Asamblea General de la ONU durante su 78º período de sesiones (en 2024).