Las familias de la denominada Casa Santa Cruz, del barrio porteño de Parque Patricios, denunciaron que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires apeló la sentencia –dictada por el Juez Marcelo Segón– que lo obligaba a brindar soluciones habitacionales a cada una de las familias de Casa Santa Cruz.
De esta manera, hasta que no resuelva la Sala III de la Cámara de Apelaciones no podrán acceder a lo ordenado en la sentencia. Los vecinos resaltaron que las autoridades porteñas no quieren dar las prestaciones económicas ordenadas judicialmente y piden que se revoque la sentencia.
La semana pasada los vecinos habían llegado a un acuerdo para que se concreten soluciones habitacionales definitivas, y que no se efectivice el desalojo. También, acordaron que se abra una mesa de trabajo con representantes gubernamentales para encontrar una solución habitacional definitiva para las 350 personas -entre ellos cien niños y niñas- que viven en el edificio y que celebraron la noticia con aplausos y cánticos de “Vivienda sí, desalojo no”.
Ahora, en el marco de la apelación, los vecinos denunciaron que el GCBA le abonó a Mario Leonardo Ratuschny (propietario de Santa Cruz 140 quien compró el inmueble con las personas adentro y reclama el desalojo), la suma de $42.000.000 en seis cuotas mensuales, en concepto de compensación económica, por haberse suspendido el desalojo.
Casa Santa Cruz es un edificio de seis pisos en el que funcionaba la antigua fábrica de toallas Selsa, que quebró en la década del ’90, y en el que fueron instándose familias desde 2004. En 2010, Leandro Ratuschny compró el inmueble, donde ya vivían decenas de familias.
Según consignó Télam, Ratuschny es conocido por gerenciar hoteles familiares que alojan a personas en situación de vulnerabilidad que reciben un subsidio del Gobierno porteño, y como “inversor” en negocios inmobiliarios a través de la compra de propiedades de gran superficie y que estén pendientes de desalojo.
Las causas que acumula Ratuschny se registran desde el 2001, con un proceso iniciado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires ante la detección de irregularidades en torno a la operatoria de los hoteles que asistían a personas sin techo y que obtenían un pago del Estado por brindar ese servicio.
En ese momento, el empresario fue denunciado por estar en una lista de propietarios que “inflaba” el número de personas registradas para su alojamiento, por lo cual, percibía mayores ingresos de fondos públicos. También se lo investigó porque algunos de sus hoteles, entre ellos uno llamado Zavalía, no cumplía con los requisitos para estar habilitado.
Un informe del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) denunció que esta situación ocurría “con la connivencia de los organismos de gobierno” y fue denunciada por la Defensoría del Pueblo “en los casos particulares y, en líneas generales, respecto de todos los que no tenían habilitación y usufructuaban de las diferentes operatorias involucradas”.
En relación a la compra de Casa Santa Cruz, según testimonios de los residentes, Ratuschny intentó cobrarles un alquiler a las familias, luego les ofreció venderles la torre en un valor veinte veces mayor al cual había adquirido el lugar y, finalmente, eligió avanzar con el inicio de una demanda por desalojo ante el Juzgado en lo Civil 60, donde quedó radicado el caso hasta la actualidad.