El Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires y la Cámara de Farmacias Bonaerenses (Cafabo) informaron este martes que ya hay comercios que “suspendieron la dispensa” de medicamentos a prepagas y obras sociales porque la inflación y la “volatilidad” de precios complicaron el funcionamiento del negocio.
La queja se resume con este ejemplo: los locales deben vender al precio de hoy con un descuento que exigen las prepagas o las obras sociales; deben presentar esa liquidación a fin de mes y cobran esa boleta en 60 ó 90 días. “Con las fluctuaciones de precios que se registran es imposible funcionar de esa manera”, coinciden las entidades.
Por eso, iniciaron negociaciones con las prestadoras para conseguir una reducción en los plazos de pago. Mientras, crecen los inconvenientes en los mostradores.
Los más afectados: afiliados de PAMI y de la obra provincial, IOMA. Representan –ambas entidades- el 70% de la comercialización que se ejecuta en farmacias.
“Desde el mes de agosto el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires ha enviado varios comunicados a los medios, autoridades sanitarias y administrativas de la provincia para advertir sobre la crisis que podría sufrir la atención de los farmacéuticos en todo el territorio bonaerense. Ese momento ya llegó”, explica un comunicado del colegio bonaerense distribuido en redes sociales.
“Hay cientos de farmacias comunitarias que suspendieron la dispensa de medicamentos por los descuentos (bonificaciones) que imponen las obras sociales y prepagas, y sus extensos plazos de pago. No se trata de una maniobra comercial, política, ni especulativa”, agregaron.
Este intento por paliar la caída en los ingresos de profesionales y otros prestadores se está extendiendo a casi todas las especialidades médicas, incluyendo odontología, cardiología y pediatría, entre otras. El lunes, una asociación de bioquímicos decidió recomendar un cobro adicional, de unos $3.000 a $5.000 a los beneficiarios de obras sociales y prepagas, según la Confederación Unificada Bioquímica de la Argentina (Cubra).
En medio del problema hay un conflicto entre las empresas financiadoras de los servicios de salud privada -prepagas y obras sociales-, los prestadores -médicos, profesionales, centros de diagnóstico, sanatorios, etc.- y el Gobierno que regula las tarifas que pueden pagar las financiadoras.
En un intento por moderar los aumentos, el Gobierno dosifica las subas que pueden aplicar a sus beneficiarios prepagas y obras sociales. A su vez, las financiadoras congelan las tarifas que pagan a las prestadoras ante la imposibilidad de subir sus ingresos y, por último, los prestadores buscan vías de ingresos extra para morigerar ese retraso en los ingresos. Todo esto se traduce en la proliferación de “copagos”, montos extra que cobran los prestadores a los afiliados, que las prepagas no reconocen (y buscan evitar reembolsar).
En la provincia de Buenos Aires, donde hay aproximadamente 4.500 farmacias autorizadas, las entidades nacionales aseguran haber intentado sin éxito negociar con PAMI la reducción de los plazos de pago. Según afirman los profesionales del sector realiza los pagos a 75 días de la liquidación, lo que puede resultar en un lapso de hasta tres meses desde la dispensación del medicamento hasta la recepción del pago. Y todo eso con 12 puntos porcentuales de inflación mensual, trabas a las importaciones y movimientos abruptos del dólar.
Las farmacias advierten que si no se resuelve la situación, podrían suspender el crédito a las obras sociales que mantengan deudas pendientes, lo que implicaría no entregar medicamentos a los afiliados de dichas entidades.
“Como agentes sanitarios no dejaremos de prestar el servicio a los pacientes, pero ya no podemos brindarles los descuentos o la cobertura al 100% que ofrecen las prepagas y obras sociales”, agregó el comunicado del colegio de farmacéuticos.