Apenas puesto en funciones el próximo 10 de diciembre, el próximo gobierno encabezado por Javier Milei se verá compelido a tomar decisiones cruciales respecto a la multimillonaria causa de la expropiación de YPF. Loretta Preska, la jueza del distrito sur de Manhattan en Estados Unidos, encargada de la causa por la expropiación de la petrolera de bandera, ha establecido fechas límite para enero de 2024, instando al nuevo gobierno a definir su posición en el juicio.
El Estado nacional ya ha sido condenado a pagar USD 16.000 millones por presuntas irregularidades en la expropiación llevada a cabo por el gobierno de Cristina Kirchner en 2012.
La magistrada ha solicitado una “apelación expedita” para finales de enero, así como una serie de garantías financieras antes del 10 de enero, con el objetivo de evitar embargos significativos de los activos argentinos en el extranjero.
En una decisión reciente, Preska respaldó una solicitud de los abogados del Estado, permitiendo que el país no deposite la mencionada suma de dinero. Sin embargo, le ordenó a Argentina que proporcione otros activos como garantía para prevenir embargos, debiendo acordar estos avales con la contraparte ganadora del juicio, el bufete de abogados inglés Burford Capital.
En resumen, la jueza Preska otorga poco más de un mes al nuevo gobierno de Javier Milei para determinar la estrategia a seguir en este caso. Aún se desconoce quién será el procurador del Tesoro, el representante legal del Estado local, en la nueva administración libertaria.
Esta noticia surge en un momento crucial para la empresa, que experimenta un notable aumento en sus acciones tras las elecciones presidenciales. Pocas horas después de ganar la segunda vuelta electoral, el presidente electo Milei anunció sus planes de privatizar la petrolera, de propiedad mayoritaria estatal. Tras este anuncio y los resultados electorales, las acciones de YPF experimentaron un histórico aumento del casi 40 por ciento.
El proceso judicial, que lleva más de ocho años, ha enfrentado varios contratiempos para el país, incluyendo fallos adversos en cámaras de apelaciones y la decisión categórica de la Corte Suprema de Estados Unidos de no revisar el caso.
A finales de marzo de este año, la jueza Preska determinó que el Estado argentino llevó a cabo de manera incorrecta la expropiación de la petrolera, exonerando a YPF de toda responsabilidad y condenando al Estado a indemnizar a los demandantes.
